Más allá de los cruces verbales o las disputas mezquinas por los fondos públicos que son objeto de la poda por parte del ejecutivo nacional, el programa de los gobernadores patagónicos y el del propio Milei tiene más puntos de coincidencia que desacuerdos. El ajuste es también una realidad en la Patagonia comandada por los gobernadores de «las Provincias Unidas del Sur». La necesidad de los pueblos sigue siendo construir una salida independiente de los gobiernos de turno, sometidos al FMI y sirvientes del gran empresariado.
El discurso de Rolando Figueroa es engañoso, como el del presidente Milei. Habla de terminar con privilegios y corrupción, pero solo ajusta a las clases populares. Cada tanto anuncia que despide algún funcionario o algún ñoqui de los que siempre existieron. El ajuste se centra principalmente sobre los empleados y empleadas del Estado y los beneficiarios de planes sociales. No anunció ninguna medida que aumente los impuestos sobre los sectores empresariales que obtienen ganancias millonarias explotando los bienes comunes – recursos naturales. Tanto Milei como Figueroa comparten un discurso disruptivo respecto a sus antecesores, las diferencias son claramente identificables, pero son personas de su época: los dos proponen llevar adelante un ajuste a las clases populares. La renta petrolera les da a los partidos provinciales patagónicos la posibilidad de mantener un discurso de ajuste y a la vez sostener medidas de corte populista. El propósito es contener el descontento popular frente a las crecientes necesidades básicas insatisfechas, el aumento brutal del costo de vida y las desigualdades sociales imperantes en la provincia. Una muestra del momento social que se vive es la masiva entrega del kit escolar por parte del municipio capitalino: cientos de familias acampan en el centro neuquino para paliar el aumento de 270% que experimentó la canasta escolar en un año, según ACIPAN.
En estos días asistimos a un discurso confrontativo con el gobierno nacional por parte de los gobernadores patagónicos. Pero subyace de fondo otro más peligroso para la clase trabajadora. Si bien rechazan el recorte de fondos, hay un consenso generalizado: es necesario realizar un ajuste, y es sobre los y las trabajadores. No esbozan ningún planteo sobre la necesidad de disputar parte de la renta de los bienes comunes para resolver los reclamos populares y mejorar los servicios públicos, como salud, educación y viviendas. La otra pata sobre la que se apoya el ajuste de Rolando Figueroa es la criminalización y judicialización de la protesta social, al abrir causas a 12 dirigentes de los movimientos sociales que se movilizaron exigiendo trabajo y alimento para comedores frente a una situación cada vez más crítica en las barriadas. Las organizaciones con militantes procesadxs son FPDS, FOL, Polo Obrero, FPDS UTEP, CTEP, FOL- Unidad, MTE, MST Teresa Vive y FPDS Corriente Plurinacional.
Los principales anuncios en relación a los manejos de los planes sociales fueron para desbaratar los negociados y red clientelar del MPN, debilitar su inserción en los barrios y aumentar la capacidad de influencia de la estructura del gobernador. Ganadas las elecciones, y como es habitual, la confrontación mediática se centró en la estigmatización de las organizaciones sociales de izquierda e independientes del gobierno para ocultar el problema de fondo, que es la verdadera corrupción y caja de disputa entre los partidos de gobierno. En este plano, fue una verdadera vergüenza el papel de las organizaciones que se dicen populares pero que son aliadas del gobierno (Mov. Evita, Somos, La Jauretche) que no se pronunciaron sobre la persecución a los y las referentes de las organizaciones sociales, y son funcionales a la estrategia de la derecha siguiendo el camino del UNE – Unión de los Neuquinos, partido que dirige Mariano Mansilla. Se han transformado en ejecutantes del ajuste de los poderes concentrado por propia elección, se vendieron por un puesto.
Los primeros meses de gobierno mantienen una épica por la hazaña de haber desbancado a un partido que se mantuvo en el poder por 60 años, pero de a poco se comienza a visualizar que la tónica sigue siendo la misma, podrán haber cambiado el gerente pero el dueño del negocio es el mismo. La renovación permite emprender un ajuste contra la clase trabajadora de manera escondida con el discurso de cambio. Pero la situación de pobreza es cada día más agobiante, y la unidad entre los diferentes sectores movilizados va consolidándose y creciendo para enfrentar cada ataque. La conflictividad en la calle y la disposición de lucha de sindicatos y organizaciones sociales combativas es un claro límite a los objetivos del gobierno y empieza a estar cada vez más presente en la cotidianidad. El carácter organizativo y de largo aliento que puedan desarrollar definirá en gran medida la correlación de fuerzas entre los intereses de clase y los de los gobiernos proempresariales y ajustadores.
