Después de dos mandatos en el cargo de gobernador, Gerardo Morales nos brinda un mensaje bien claro: en la provincia de Jujuy sigue teniendo la suma del poder político. Por un lado, sabe aplicar la mano dura. Pero, también, ha logrado garantizar el beneficio de las grandes empresas de las cuales, además, es socio y cómplice.

Su sucesor, Alberto Sadir, sigue su línea y cuenta con una oposición que decidió votarle favorablemente absolutamente todo lo que se presentó en el parlamento, dando su aporte a las leyes para sostener e incrementar el saqueo.

Se puede ver que la prolongada y justa lucha popular en contra de la reforma “in”constitucional en junio de 2023 dejó en evidencia el enorme desacuerdo del pueblo con dicha reforma y que la única respuesta del dos veces gobernador ha sido la represión. Por el momento sigue imponiendo miedo a través de la criminalización de la protesta. Incluso utiliza todos los instrumentos del estado para anular la más mínima expresión en su contra. Así logró que encarcelaran por más de 50 días a Nahuel Morandini y Roque Villegas por haber replicado en las redes mensajes de otros.

Muchas comunidades jujeñas, pequeñas y alejadas de los grandes centros, vienen sosteniendo resistencias en su territorio desde hace varios años. El ninguneo de los grandes medios de comunicación comerciales y patronales tienen el objetivo de generar el desgaste de esas luchas. Si le sumamos la criminalización de las diferentes protestas así como la imputación de personas que hayan podido identificar, es comprensible cierto retraimiento y disminución que notamos en las movilizaciones del campo popular.

Se perfilan tiempos más difíciles para la clase trabajadora toda: ocupadxs, desocupadxs, sub ocupadxs, precarizadxs, mujeres y disidencias, ya se ven castigadxs dadas las carencias más básicas.

En Jujuy comprobamos que madres que poseen una modesta vivienda en una localidad pero que envían a sus hijes a la escuela en localidades vecinas, empiezan a considerar la posibilidad de dejar su casa y alquilar cerca del lugar del trabajo o de la escuela de les niñes, ya que no pueden costear los gastos de viaje. En situaciones más graves se ven en la necesidad de elegir a cuál de les niñes mandarán la escuela (el estado provincial subsidia solo el 50% del pasaje)

El costo del transporte subió más del 100%. En los pueblos más apartados de la capital provincial, la especulación con los precios se combate gracias a la posibilidad de conseguir productos y alimentos accesibles a través de vías comerciales alternativas.

En esta provincia, donde el estado ocupa a más de la mitad de todos les trabajadores, se ha difundido la noticia de que en marzo no habrá renovación de los contratos temporales (los de 6 meses), por lo tanto este sector se ha declarado en estado de alerta y movilización.

En el caso de los empleados estatales que dependen de nación, entre el 60 y el 80% son contratadxs; la amenaza es el despido de un 30% de ellxs, en todas las dependencias, tanto del estado provincial como de la nación.

En los municipios, es decir en el corazón del territorio de la provincia, el ajuste ha sido brutal. Por ejemplo, los cánones municipales en pueblos como Tilcara, les exigen un aumento del 1.000% para la habilitación de venta en espacios públicos, en plena temporada de verano, generando una situación más que preocupante para quienes su vida cotidiana se basa en esa actividad. Por si fuera poco, y como complemento del ejemplo dado, está comprobado que para el sector turístico más informal, 2024 significó la peor temporada de los últimos 20 años.

En cuanto al estado de ánimo de la gente que votó a Milei, siendo una provincia donde La Libertad Avanza hizo una muy buena elección con casi el 60% de votos en el ballotage, ya se constata que quienes lo apoyaron empiezan a sentir cómo su propia vida va empeorando día a día con el avance de las medidas económicas. Asimismo no comparten la persecución ideológica y ven con desconfianza la tensa relación que lleva con lxs gobernadores de todas las provincias.

Tal como lo mencionamos, aún podemos notar la dificultad que existe para que se concrete la articulación y la coordinación de la bronca para enfrentar y frenar las medidas de los gobiernos de Milei y de Sadir; bronca que genera un ajuste que, dicho sea de paso, supera las exigencias del FMI. El pueblo sufre en su diario vivir un ataque desenfrenado que solo busca generar más ganancias a los empresarios y a las patronales más ricas. Ataque que deja a la vista el nefasto papel que juegan los políticos mal llamados opositores. El gobierno de Milei avanza sin el menor rechazo del poder legislativo. Podemos decir, sin equivocarnos, que están de adorno, ya que no hacen absolutamente nada ante las medidas aplicadas. Su hipocresía les impide enfrentar, por lo menos, los insultos que diariamente les regala el presidente.

El paro nacional del 24 de enero marcó claramente el camino que se debe seguir. Es necesario que las organizaciones políticas y sociales abran una nueva etapa para el campo popular. El desafío es romper la continuidad de estos planes antipopulares que se sostienen a pesar de los cambios de gobierno, que lo único que defienden es al capitalismo y las ganancias de las patronales a expensas de las condiciones de vida del pueblo.

Seguramente el camino alternativo que deberemos transitar implica avanzar en organización y unidad en la coordinación de las luchas basada en un programa de acción elaborado por el pueblo. Sólo les trabajadores liberarán a les trabajadores de la opresión y la injusticia.

 

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