La Corte Suprema ratificó la sentencia sobre Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un nuevo fallo “cantado”, repudiable por su carácter proscriptivo y cargado de parcialidad. La medida, sin embargo, se aplica sobre un sector político que no podría demostrar transparencia en el manejo de la obra pública. Haciendo uso de su doble vara, el bloque de poder del gran empresariado y la AmCham -puntales del actual gobierno- sacan de la cancha a la figura central del peronismo. Ante una crisis económica latente y un ajuste que no cesa, con las reformas jubilatoria y laboral en puerta, el poder tratará de disciplinar al movimiento popular. La salida para el pueblo es derrotar al gobierno y su plan de ajuste en las calles. Es necesario, a la par, levantar un programa para romper con el FMI y terminar con el hambre en nuestro país, lo que solo será posible desde la independencia política de lxs trabajadorxs.
Entre la corrupción y el revanchismo
El pasado martes 10 de junio, la Corte Suprema ratificó el fallo que condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia judicial ratificada es sobre la “Causa Vialidad” que investigó maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado Nacional. Por ese motivo, habían sido condenados también Lázaro Báez (beneficiario de obras viales mediante Austral Construcciones) y José López, entre otros. En tiempo récord, la Corte revalidó lo actuado en una causa amañada, interviniendo en medio del cronograma electoral. En su fallo se expresa un contenido esencialmente político, como ocurre con cada sentencia de la Corte, y sería erróneo leerlo en clave técnica o del derecho como abstracción. La medida, que concreta una acción proscriptiva, desaloja del escenario electoral a la principal contrincante de las coaliciones reaccionarias de “La Libertad Avanza” y PRO. Se trata de un nuevo peldaño para hundirse en la descomposición política e institucional, y en este caso lo da un poder judicial corrupto. Al igual que el frustrado proyecto de “Ficha limpia”, esta sentencia apunta a bajar de la boleta a la figura de la oposición peronista del escenario que dicho movimiento ha privilegiado de manera casi exclusiva: abandonando las calles durante años, extendiendo el “quedate en casa” mucho más allá de la pandemia, ahora ven cercenada la posibilidad de candidatear a la expresidenta.
Es necesario señalar que la degradación institucional no empezó el pasado martes 10. Esta medida forma parte del funcionamiento de una democracia de ricos que garantiza la impunidad para los negociados de políticos con empresarios de la llamada Patria Contratista, pero que en esta ocasión dirime una interna a carpetazos. A su vez, esta condena se da en el contexto de una avanzada reaccionaria que incluye el recrudecimiento represivo, la judicialización a la protesta social y un ajuste estructural que apunta a disciplinar a amplios sectores de masas, a los que además se nos trata de quitar derechos y conquistas históricos.
Lo grotesco y repudiable de este fallo no radica en una presunta inocencia de la expresidenta en lo que refiere a casos de corrupción durante su gobierno, ni a la posibilidad de que ella pueda explicar el crecimiento de su patrimonio o el de empresarios de su entorno, como el mencionado Lázaro Báez. En todo caso, es preciso señalar que la contradicción reside en la falta de honestidad de esa Corte corrupta que la juzga, que cajonea las denuncias al resto del arco político patronal, que convalida los decretazos de Milei, que apaña alevosamente al clan Macri. No hubo una investigación seria, porque de haberla habido se expondría a toda la trama de corruptela que salpica a todo el elenco político, mediático, judicial y empresarial. Quien impone esta sentencia es una casta judicial que vive en el privilegio, que habitualmente juzga con severidad y encarcela con rapidez al pobrerío pero que no avanza en investigar los delitos del gran capital, ni en juzgar a cientos de genocidas aún impunes… y cuando los juzga, les concede arrestos domiciliarios sin restricciones.
Como señaláramos en 2022, cuando CFK fue condenada en primera instancia, la Patria Judicial y la Patria Contratista nadan en un mismo lodo: en este caso no hay justos, y sí pecadores. El manejo de fondos públicos bajo el capitalismo es fuente inagotable de negociados, en éste y en todos los gobiernos, en distinto grado. Pero también, este fallo expresa el revanchismo de un sector del gran capital sobre parte del elenco político pese a que, como dijera la expresidenta, ella supo hacer que se la llevaran en pala.
Es el sistema el que cruje
El escenario internacional es el de un mundo en guerra y en crisis. El capitalismo cruje, no solo por problemas de rentabilidad: la clase social dominante ya no tiene posibilidad de prometer un futuro mejor para la humanidad. La crisis de la democracia burguesa tiene en la base esa realidad “histórica”. Mientras en las entrañas del imperio norteamericano, un bufón prepotente y senil ejerce la presidencia rebenque en mano, deportando miles de inmigrantes y abonando a una escalada guerrerista, el gran capital va abandonando -incluso de su retórica- toda premisa de igualdad.
Se trata de un cambio de paradigma. La democracia burguesa es cada vez más burguesa y menos democrática. La dictadura de los capitalistas que subyace en ella es cada vez más marcada y explícita. Las concesiones a las masas de los llamados “populismos” van despareciendo de la agenda tolerada por el imperialismo. Los reformismos, que no vienen garantizando condiciones de vida mínimas para las masas, van cayendo en el descrédito, en un escenario económico donde los márgenes para la “redistribución” son cada vez más estrechos. En muchos de estos casos son las derechas las que van ganando terreno, acaudillando de manera oportunista el descontento. Cada vez hay menos disimulo por parte de los poderes imperiales. Esta realidad no es ajena a lo que ocurre en nuestra región ni en nuestro país, donde la debacle del peronismo -que precarizó la vida de millones mientras hablaba de “justicia social”- allanó el camino a un gobierno de extrema derecha.
En este sentido, uno de los actores que ejerció presión para la condena a CFK fue la AmCham (Cámara de Comercio estadounidense). Desde ese órgano se viene bregando tanto por la sanción del proyecto de “Ficha Limpia” como por un fallo adverso para la expresidenta. Los empresarios norteamericanos y su embajador exigieron el golpe judicial: tanto CFK como el PJ plantean un posible alineamiento con los BRICS y la Ruta de la Seda, un margen de autonomía para comerciar con potencias como China que EE.UU. pretende anular. En este punto, convergieron intereses de empresas yanquis y locales, fracciones del empresariado actualmente en disputa con el peronismo. Y más allá de su táctica de corto plazo de “polarización” electoral con Cristina Fernández de Kirchner, también el gobierno de Milei se ve favorecido.
Estos elementos no son parte de un contexto que “influye desde afuera” en nuestro escenario local, sino que son factores determinantes en la política local. Cualquier crítica a fondo de nuestra realidad debe dar cuenta de ello. Más allá de las disputas entre facciones y camarillas políticas, la descomposición a la que asistimos es la de todo un sistema.
Salir de la telaraña
El gran empresariado, la embajada yanqui, las instituciones del sistema se encolumnan detrás del actual gobierno de timberos, estafadores y fugadores que preside Mieli junto a Caputo, Bullrich y Sturzenegger. No se trata de una anomalía, de una contratendencia que viene a “romper” con el devenir de la democracia formal en la que vivimos: por el contrario, es la deriva decadente de una democracia de ricos con la que el pueblo no se cura, no se educa y fundamentalmente no come. Con estas instituciones degradadas, con esta democracia tramposa donde mandan los millonarios, donde tres jueces y un puñado de legisladores y ministros definen la suerte de millones, el pueblo está en peligro.
Ante esta avanzada judicial, el pueblo se ve convidado, nuevamente, a encolumnarse detrás de un sector de la burguesía, de elegir al menos malo. El gobierno de Milei se erige, cada vez más abiertamente, como heredero civil de la última dictadura. Y ante ese planteo, amplios sectores de masas siguen viendo en CFK a una abanderada de la justicia social, y no a una dirigente de ese mismo sistema, o bien atenúan sus críticas hasta disolverlas. En ese río revuelto, el papel de la izquierda institucional no ha ayudado a dar la disputa por una salida con autonomía de clase, con independencia política de lxs trabajadorxs. El Frente de Izquierda-FITU, que hace tan solo dos meses cuestionaba un acto callejero unificado para el 24 de marzo y tironeaba hasta el límite al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, ha adoptado una política errática ante la condena a CFK. La misma se expresa de manera fragmentaria entre sus partidos: yendo a entrevistar a la expresidenta a su casa unos, sumándose a marchar a Tribunales de Comodoro Py en una convocatoria que postula “Argentina con Cristina” otros, y hasta asistiendo a una reunión en la propia sede del PJ, como de la que ha participado el PTS. En dicha reunión, ante la presencia de la dirigencia pejotista y su burocracia sindical, el PTS expresó mediante su comitiva la necesidad de un plan de lucha unificado “hasta derrotar la proscripción y el ajuste”. Es decir, la propuesta del PTS no fue ir a fondo contra el cada vez más ilegítimo gobierno de Milei, ni se basó en una crítica estructural a las instituciones del sistema, sino que consistió en encarar una pelea encabezada por el peronismo para que se restituya a CFK su chance de competir en estas elecciones. Según señala el propio portal de La Izquierda Diario con un asombro difícil de entender, “el planteo no fue tenido en cuenta en la decisión asumida por el partido que preside Cristina Kirchner”, que en cambio convocó a una marcha a Comodoro Py (sin paro, a excepción de ATE).
El pantanoso terreno institucional, en particular el electoral, viene siendo cada vez más ajeno al pueblo, que ante la ratificación de que sus penurias no van a resolverse por esa vía viene dándole la espalda de manera creciente. La posición de quienes aspiramos a un cambio revolucionario debería orientarse a clarificar que el protagonismo popular en las calles, en la organización obrera y estudiantil en los lugares de trabajo y estudio, en la confianza en la acción directa y en la no delegación, es el camino para defender nuestros derechos. Resulta elocuente que un movimiento político surgido de una irrupción de masas como fue el 17 de octubre rehúse contemplar la posibilidad de una pueblada para reaccionar ante un régimen que avanza sobre conquistas y hasta sobre su propia líder. Desde luego, más llamativo resulta que buena parte de la izquierda tampoco apueste a esa vía.
El camino de la lucha unitaria en las calles para enfrentar a este gobierno autoritario y proyanqui está a la orden del día. Es la dirección del peronismo quien no está dispuesta a asumirlo, tampoco en esta ocasión. La lucha en defensa de derechos históricos de la clase trabajadora, contra las reformas jubilatoria y laboral que el FMI exige, contra una justicia corrupta y un aparato represivo criminal, requiere unidad de acción pero también claridad política. Es necesario elevar los niveles de radicalidad en la lucha popular, abonar la más amplia y masiva movilización callejera contra Milei y exigir su salida, repudiar a esta Corte y sus fallos, sin por eso encolumnarse detrás de la expresidenta ni de su candidatura. Hay que apuntar no solo contra el poder mediático que responde al gran empresariado, como Clarín o La Nación: también contra la UIA, la AEA, la Sociedad Rural, los verdaderos parásitos que viven del trabajo de millones en nuestro país.
A la par, es necesario levantar un programa anticapitalista: de ruptura con el FMI, de nacionalización de la banca, de socialización y recuperación de empresas, bienes y recursos de los que ilegítimamente se adueñan banqueros, monopolios, grandes empresarios. Es hora de decirlo con todas las letras: la democracia es una farsa cuando un puñado vive a costa de la miseria de millones. Ese puñado no tolera siquiera pagar algún impuesto extraordinario o sostener esos subsidios que no son derechos, sino la política focalizada para sostener la gobernabilidad que recomienda el FMI. A la exponente de la fuerza política burguesa que reconstruyó la institucionalidad, se la proscribe forzando la propia legalidad estatal. Saquemos conclusiones lxs militantes de izquierda. Romper con el FMI supone avanzar con la expropiación de los expropiadores. Y eso implica superar una democracia burguesa en descomposición y delegativa, activando el poder de pueblo.
En las luchas de lxs jubiladxs que cada miércoles muestran su dignidad; en la pelea en defensa del Garrahan, sus laburantes y sus pacientes; en la defensa de la salud, la educación y el salario frente a las políticas de hambre y vaciamiento a las que el gobierno nos somete, allí se muestra un camino para empezar a torcer esta realidad. En las calles es donde se conquistan y defienden derechos; en las calles es donde gana el pueblo.
