La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por malversación de fondos en la “Causa Vialidad”. Con un fallo amañado de un tribunal parcial, pero aplicado sobre un sector político que no podría demostrar su inocencia en el manejo de la obra pública, el poder judicial y mediático trata de saldar la “grieta” corriendo a una contrincante. La crisis política, montada en una mayúscula crisis económica, tiende a agravarse. La perspectiva de una salida para lxs de abajo sigue estando en la movilización popular. Las demandas de lxs de abajo deben orientarse a romper con el FMI y terminar con el hambre en nuestro país, y no a encolumnarse detrás de ninguna variante del sistema.
La promiscuidad del poder
En un fallo preanunciado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Oral Federal 2 la declaró culpable de defraudación al Estado en la llamada “Causa Vialidad”. No recibió condena, en cambio, por el delito de asociación ilícita. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu desistieron de culparla de dicho delito, mientras que el juez Basso sí la consideró culpable también de ello. Se trata de un fallo que la condena de manera contundente ante la opinión pública, aunque no por completo en lo penal. La sentencia no tendrá aplicación firme en los próximos meses o años (están previstas apelaciones varias, hasta la Suprema Corte). CFK, lejos de ver una posibilidad real inmediata de ir a la cárcel –en breve cumplirá 70 años, edad para aspirar eventualmente a una prisión domiciliaria- recibe un fallo que la limita políticamente. Un fallo que pone el foco sobre los manejos en una obra pública que, más allá de lo impresentable del tribunal que la juzga, proveyó de suculentas sumas de dinero al empresariado de la llamada “patria contratista”, incluyendo a Lázaro Báez, pero también a los clanes Rocca o Calcaterra. Se trata, además, de un fallo que emana de un poder judicial corrompido y desprestigiado, en el que vienen quedando expuestos con obscenidad los vínculos entre facciones del poder económico, político y las familias selectas que conforman la casta judicial. Son conocidos los vínculos entre el verborrágico fiscal Luciani y uno de los magistrados, el juez Giménez Uriburu, habitués ambos de la quinta de Macri en los torneos de fútbol en los que compartían equipo. También ha salido a la luz en las horas previas a la sentencia, carpetazo mediante, la filtración de mensajes entre empresarios del grupo Clarín como Pablo Casey, funcionarios como el Ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, jueces como Julián Ercolini, o exservicios de inteligencia como Carlos Mahiques y Leonardo Bergoroth, entre otros. Estos conformaban un grupo de chat que trataba de encubrir su viaje en comitiva que había visitado en octubre, en Lago Escondido, la estancia del magnate Joe Lewis. Este grupo tenía ramificaciones e influencia entre los propios asesores presidenciales de Alberto Fernández, como el recientemente renunciado Julián Leunda. La delegación a Lago Escondido constituye en sí misma un enchastre de miembros del poder, como los hay miles entre el empresariado y sus alfiles políticos y judiciales, además de evidenciar una explícita recepción de dádivas; pero en el trasfondo y temario no público de dicho viaje deben buscarse delitos mucho más comprometedores que el acto de corrupción de visitar la Patagonia en un jet privado.
Cabe señalar que los jueces Gorini y Giménez Uriburu fueron designados en 2011, y Basso en 2015. Todos bajo el gobierno kirchnerista; la propia CFK los seleccionó de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura. Sus pliegos fueron aprobados en el Senado con votos del peronismo… Lo que suele decirse una cría de cuervos.
La patria judicial y la patria contratista: en un mismo lodo
Lázaro Báez, uno de los beneficiarios de la obra pública en Santa Cruz, posee un patrimonio millonario en dólares, la propiedad de más de 300 inmuebles y más de 400.000 Ha. en Santa Cruz. Su pasaje de empleado bancario en los 90 a empresario estrella de la obra pública no puede explicarse sin el padrinazgo del matrimonio Kirchner. El propio capital de esta pareja se incrementó con maniobras en el mercado inmobiliario en plena dictadura, pero también durante la función pública, acumulando más de una treintena de propiedades declaradas a su nombre. Tal como sucede en todos los casos de administración de montos millonarios en un estado capitalista, la obra pública es caja de financiamiento espurio: a veces, para incrementar patrimonios de funcionarios, otras para solventar aparatos políticos, pero siempre para favorecer a facciones del empresariado; o, a veces, para conformar clanes nuevos. Sucede que quienes juzgan estos hechos tampoco tienen ninguna solvencia moral. No hay ninguna anomalía detrás de los vínculos entre funcionarios kirchneristas, como José López y sus bolsos con una inexplicable fortuna millonaria en dólares cash y el empresariado (Caputo, Calcaterra, Rocca, el mencionado Báez); o los que unen al clan Macri, los jueces que condenaron a CFK, el grupo Clarín y la ex SIDE. Lejos de constituir una desviación, esos lazos muestran que la división de poderes que el capitalismo enuncia es una farsa. La corrupción es sistémica, y no un problema del kirchnerismo o del macrismo, independientemente de los montos desviados por cada uno de estos gobiernos. La corrupción excede ampliamente lo que los políticos se meten en el bolsillo: a través de la defraudación al estado se termina beneficiando al poder económico, al gran empresariado. La dirigencia política representa a un sector social… a ese sector, le dan la parte del león. Como sucede en toda democracia burguesa, a veces más burdamente en países dependientes, desde el estado se defienden los intereses económicos de esa clase que gana fortunas explotándonos y que, además, se enriquece mediante el robo descarado, la evasión, la corruptela, el nombramiento de jueces amigos para garantizar la impunidad, la sanción de leyes a su medida para legalizar sus privilegios de clase. Toda la historia del capitalismo deriva en que el Estado, dominado por la clase burguesa, se constituya en una verdadera asociación ilícita.
En este caso, los jueces, como reaseguro del sistema y sus instituciones, actuaron con un fallo político. Siempre lo hacen, pero en este caso es más claro. Alineados con la embajada de EE.UU. y una fracción del empresariado local, operaron contra uno de los factores de la llamada “grieta” en el tablero electoral. Corrieron del centro del ring, al menos por ahora, a una de las contrincantes y relativizaron el riesgo de fragmentación del escenario. Esta facción ha hecho un análisis de la correlación de fuerzas: han visto que la reacción frente a este fallo, como quedó expuesto previamente ante el propio intento de asesinato de CFK, no ha sido mayúscula. Desde la dirigencia peronista no se ha instado a salir a la calle a ejercer presión desde el movimiento obrero, social, de masas. No lo hizo el PJ, pero tampoco el núcleo duro del kirchnerismo salió a convocar.
La renuncia pública de CFK a ser candidata, enunciada por redes sociales ante el fragor del veredicto condenatorio, debe leerse dentro de ese tablero. Tal vez, como parte de una posible negociación sobre la aplicación (o no) de la pena; tal vez, en sentido contrario, como un último intento de una “operación clamor”. Lo cierto es que ese terreno político de vacancia fortalece a Massa para que pueda ser el candidateable natural para el peronismo. Hombre del FMI, promotor del saqueo de los recursos naturales (litio, agronegocio, subsuelo, etc. ), el superministro emerge como carta del oficialismo ante un presidente carente de autoridad, una vicepresidenta renunciante a su candidatura y un aparato en retirada, que oscila entre la justificación del ajuste y la impotencia discursiva para añorar un pasado de redistribución que fue exiguo e insuficiente.
En un fango donde no hay inocentes, con un fallo amañado pero aplicado sobre un sector político que no podría demostrar su inocencia en el manejo de la obra pública, el poder judicial y mediático trata de saldar la “grieta” corriendo a una contrincante. La crisis política, montada en una mayúscula crisis económica, difícilmente se desacelere con esta maniobra. Todo lo contrario.
Una crisis en pleno desarrollo, una salida que debe ser en las calles y por izquierda
No se trata ya del derrumbe de la credibilidad de tal o cual cadidatx, de una u otra facción de los partidos del sistema, sino de cómo un régimen político sumamente descompuesto queda a la vista. La podredumbre del Poder Judicial es percibida por amplios sectores de la población. La falta de honestidad de quienes negocian con la obra pública, sean funcionarios o empresarios, es una verdad a voces. El fallo contra CFK no es ni “un acto ejemplar de justicia” ni una “avanzada contra las libertades democráticas”: evidencia el revanchismo de un sector de la burguesía sobre otro. Una discrecionalidad que el pueblo no desconoce, víctima habitual de fallos condenatorios clasistas, racistas y patriarcales. Nuestra inseguridad jurídica no se basa en el fallo flojo de papeles por un tribunal parcial contra la vicepresidenta, sino en la legitimación del gatillo fácil; la impunidad para represores de ayer y de hoy; la falta de condena a los femicidas; la impudicia de los estancieros y los empresarios para enriquecerse de todos los modos posibles y desalojar al pueblo a los tiros. Pero, sobre todo, la mayor inseguridad no es jurídica; la que atenta realmente contra la perspectiva de democracia es la que priva de un plato de comida a 18 millones de pobres y 4 millones de indigentes cada día; la que privilegia el pago al FMI o el subsidio a los sojeros por encima de los fondos para vivienda, escuelas públicas, hospitales.
Mientras el gobierno peronista que ya concedió más millones de pesos al sector agroindustrial con el “dólar diferencial” que lo recaudado con el aporte a las “grandes fortunas” hace de la impotencia su bandera, las fracciones del capital más abiertamente conservadoras avanzan a paso redoblado. Mientras el oficialismo practica la resignación y la desmovilización, y parece decidido a retirarse de manera ordenada y respetuosa, el macrismo o los ultramontanos de Milei se prueban “el bastón de mariscal”, ése que CFK le pide a su entorno que empuñe, pero que no orienta para hacerlo.
Para el pueblo y la clase trabajadora, la movilización popular, ésa que el peronismo evita por miedo a un desborde que ponga en tela de juicio sus propias políticas de sumisión al gran capital y al FMI, es una perspectiva irrenunciable. Esta vez, tampoco se trata de priorizar una construcción electoral para ganarse la simpatía de las masas y aspirar a uno o dos escaños obreros más en ninguna cámara. La rebelión de los pueblos, exigiendo en las calles por sus derechos más elementales, se vuelve el único camino posible. Ésa debe ser nuestra apuesta. Con independencia de los bloques de poder en pugna, y defendiendo los derechos de las mayorías; para sanear un poder judicial corrupto, pero también para que el empresariado pague esta crisis; para terminar con el hambre en el país de las vacas; para que el FMI y el imperialismo se vayan definitivamente de nuestra patria.
