El paquete de Milei para Educación trae no solo un ajuste descomunal sobre los recursos del sistema público. A la par, profundiza el rol subsidiario del Estado y la desregulación en el sector, alienta el avance de la privatización, refuerza la persecución ideológica y redobla la apuesta otorgándole protagonismo a las evaluaciones externas. Se trata no solo de una política antisindical y de recortes, sino de una nueva vuelta de tuerca en el proceso de colonización sobre el sistema educativo. Urge la necesidad de debatir este ataque en toda su magnitud y de enfrentarlo de manera consecuente Ante las recetas del Banco Mundial y el gran empresariado para la educación, no solo debemos resistir, sino oponer un programa alternativo.   

Los ataques de Milei a la educación pública no empezaron el 1 de marzo. Previo a su diatriba en el Congreso, en la que responsabilizó a la escuela pública de la crisis educativa con estadísticas inverosímiles y acusó de adoctrinar “en anticapitalismo” a los profesorados, sus agresiones a la educación pública fueron metódicas y sostenidas. Con el anuncio de DNU 70/2023 y las reformas educativas que incluía y se ampliaban en la “Ley ómnibus”, el gobierno nacional se dispuso desde los primeros días de gestión a avanzar sobre el sistema educativo con lógicas de mercado. La pretensión de declarar a la educación como servicio esencial, vieja aspiración del PRO que ha sido acompañada en los últimos tiempos por sectores el peronismo/kirchnerismo, es una declaración de guerra a la docencia, que tendría impedida la posibilidad de hacer huelgas para defender sus derechos laborales y los derechos educativos en general.

La implementación de un examen para estudiantes al finalizar 5to año, la profundización de evaluaciones externas estandarizadas con injerencia de organismos financieros internacionales; la penetración cada vez más profunda de corporaciones empresariales que agudizan la mercantilización de la educación; el intento de implementar exámenes para la docencia cada 5 años poniendo en duda la validez de la titulación de los profesorados y en riesgo los puestos de trabajo respondiendo a lógicas empresariales… Todas medidas que apuntan al vaciamiento de la educación pública y a una reforma estructural, pero que se asientan en los grandes problemas que se vienen arrastrando en el sistema educativo. Un sistema fragmentado que es herencia de la última dictadura y el menemismo, pero también de lo que el kirchnerismo consolidó sin modificar en sus aspectos estructurales: fragmentación en 24 jurisdicciones de las que depende el grueso del financiamiento educativo incluyendo salarios y obras de infraestructura. La tendencia es a la absoluta descentralización del sistema y apertura al financiamiento privado. Todas las provincias tienen sistemas educativos desfinanciados, la mayor parte de los paupérrimos presupuestos educativos es destinada a salarios y casi nada a infraestructura o ampliación del sistema con más escuelas.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente[1], que efectivamente paga el estado nacional, representa sólo entre un 8 y un 30% del salario dependiendo de la jurisdicción. Como se sabe entre la docencia, el Ministerio de Educación nacional es un ministerio “sin escuelas” y cada provincia gestiona y administra recursos y salarios según las definiciones políticas locales y los ingresos provinciales. En ese contexto, la discusión de la paritaria nacional, como venimos denunciando desde hace años, sólo establece una pauta de salario mínimo (muchas veces en realidad un techo) sobre la que luego cada gremio debe pelear mejores condiciones salariales y educativas a nivel jurisdiccional.

Durante décadas, esas luchas docentes se dieron en soledad en cada provincia y absolutamente fragmentadas, con una burocrática CTERA que no convocaba a acciones nacionales, obturando la posibilidad de desplegar una lucha unificada a nivel nacional. La lógica de cogestión de las centrales sindicales y sus sindicatos de base celeste, como SUTEBA, UTE, etc., con los gobiernos peronistas de turno, fue erosionando y dificultando la capacidad de respuesta de la docencia.

Todo ello allanó el terreno para la implementación de las medidas de ajuste y de reforma que pretende llevar adelante el gobierno de Milei. La eliminación del FONID, en un contexto de brutal escalada inflacionaria, fue –aún sin representar una suma cuantiosa del salario- una disminución salarial nominal que sufrimos de un momento al otro arrojándonos a muchos por debajo de la línea de la indigencia, con salarios que ya estaban por debajo de la canasta familiar.

El desplante que Milei hizo a los cinco gremios nacionales, y en especial a la CTERA, puso en duda la existencia misma de la paritaria y la razón de ser de las propias centrales, generando que el aparato de esta última central se sacudiera el polvo y convocara a un paro nacional el lunes 26, primer día de clases en muchas provincias.  Aunque sin plan de continuidad, la docencia en muchas provincias se movilizó masivamente para expresar las demandas a nivel nacional, y también incluyendo a los gobiernos locales. En Santa Fe, Córdoba y Neuquén el paro logró un alto acatamiento y miles estuvieron en las calles. En otras jurisdicciones, como en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, el paro no fue promovido por las entidades de base celestes de la CTERA, los sindicatos SUTEBA y UTE, que no impulsaron la realización de la medida de fuerza, priorizando sus alineamientos locales. En Formosa, el colmo de esa subordinación a los acuerdos burocráticos con los gobernadores fue que el sindicato de base de CTERA, ADF, sacó un comunicado anunciando que no adherían a la medida de fuerza. El acto central en el Palacio Pizzurno el día del paro fue una nueva demostración de la claudicación de la CTERA, que no está dispuesta a llevar adelante una lucha a fondo y sostenida a nivel nacional, aún frente a un gobierno que viene por todos derechos laborales y educativos.

La situación actual de la docencia no es nueva, Milei está avanzando a paso firme y con rapidez sobre un camino ya delineado desde hace años. Luego de la fallida reunión paritaria del martes 27, los gremios nacionales nucleados en la CGT han convocado a un paro nacional para este lunes 4 de marzo, mientras la CTERA llama solo a una jornada de lucha, con acciones según defina cada jurisdicción. Una vez más, políticas divisionistas, claudicantes, burocráticas, que de ninguna manera nos llevarán a ganar.

Frente a ello, es indispensable que hagamos los mayores esfuerzos para profundizar la lucha docente a nivel nacional, fortaleciendo la unidad de la docencia combativa de todo el país y los espacios de coordinación entre los sindicatos, seccionales, agrupaciones democráticas y no subordinadas a la burocracia de la CTERA.

En este contexto político, apremia dotar nuestras luchas de una mirada política nacional, que supere la fragmentación y las particularidades regionales para poder marcar un camino de lucha unificada que pueda superar las limitaciones de la dirigencia nacional actual que no tiene nada para ofrecer más que una resistencia parcial, lavada y discursiva y que sólo nos llevará a una nueva derrota. Es tiempo de abonar a la construcción de un frente de lucha nacional docente, que contenga toda la diversidad, pero que permita el surgimiento de una alternativa político sindical unificada y combativa a nivel nacional.

A la vez, necesitamos construir un programa que supere las reivindicaciones salariales, que son válidas y necesarias, para plantear de una vez los problemas de fondo del sistema educativo: la renacionalización y unificación del sistema educativo; el aumento urgente de salarios, pero a la par de una reformulación de la jornada laboral docente y la jornada educativa; la eliminación de los subsidios a las empresas privadas de educación. Necesitamos una planificación del sistema a partir de las necesidades y objetivos que nos tracemos como trabajadores de la educación y comunidad educativa.

Construyamos desde abajo organización y lucha para dar pelea.

Profundicemos la coordinación nacional de la docencia combativa

Por un plan de lucha nacional que derrote las reformas en curso

Por un frente de lucha nacional docente democrático y combativo

Por la construcción de educación emancipadora y al servicio de nuestros pueblos. 

 

[1] En 1992 el menemismo sancionó la Ley de Transferencia Educativa que avanzaba en el camino iniciado por la última dictadura de transferir la administración educativa a las provincias. Sumado a la Ley Federal de Educación sancionada en 1993, se profundizaban los lineamientos del Consenso de Washington de achicar el Estado Nacional y desligando a este de la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.

El rechazo generalizado de la población y les trabajadores de la educación a estas políticas y los bajísimos salarios, la multiplicación de conflictos en las provincias, los recortes presupuestarios, la mercantilización y la amenaza privatizadora llevaron a la CTERA a… instalar la carpa blanca (no a impulsar un plan de lucha nacional con paros sostenidos y unificados que era el reclamo desde las bases) que tuvo como resultado la implementación del “Fondo de Incentivo Docente”.

 

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