En tres meses de gestión, el gobierno de Milei es una incesante fábrica de pobreza e inflación. Sus políticas agravan los índices heredados de la gestión saliente de Alberto y Cristina Fernández, y plantean un nivel exponencial de ataque a quienes vivimos de nuestro salario o jubilación. A su vez, los bancos, petroleras y el gran empresariado no para de amasar fortunas. En vísperas de otro 24 de marzo, la movilización popular es una tarea de primer orden. Frente a la pasividad de la CGT y las estructuras burocráticas, es el pueblo en la calle el que puede dar vuelta esta historia.
Un gobierno de vaquitas cada vez más ajenas
A tres meses de iniciado el gobierno de Milei, los grandes perjudicados de sus políticas somos quienes vivimos de nuestro trabajo a través de un salario o jubilación. La caída del salario real registrado se ubica por encima del 21% según cifras de la propia Secretaría de Trabajo. La pérdida en valores constantes para las jubilaciones en lo que va del año oscila entre el 28% y 42%, dependiendo de la franja que se ocupe en el sector pasivo. Todo en un escenario en el cual la inflación no cesa: 2024 lleva un 36,6% de aumentos en el acumulado, según cifras oficiales del IPC del INDEC. La contracara de estas penurias, que tras la devaluación y ajustazo de diciembre dejó 3,5 millones de nuevos pobres, es la aceleración en la concentración de la riqueza en un puñado de manos. Mientras en Argentina caen en picada el consumo de leche y de carne vacuna, llegando la ingesta promedio de esta última a su piso en los últimos 15 años, los niveles de exportación aumentan también en montos récord. Mientras una mayoría se pauperiza, y según la UCA un 57% de la población es pobre, un puñado de monopolios engrosa sus cuentas bancarias: los sectores concentrados del agronegocio, principalmente los grandes exportadores; las mineras, las petroleras; los grandes bancos… todos ellos incrementan sus ganancias en tiempo récord. Como cantaba Atahualpa, las penas son de nosotrxs y las vaquitas siguen siendo ajenas.
Un gobierno navegando en un mar de dudas
En términos financieros, pese a los números de enero, muchos analistas ponen en cuestión viabilidad del plan de Milei y su posibilidad de sostener el superávit. Estos análisis están basados en contemplar no solo lo que el gobierno logró licuar o recortar nominalmente en “gasto corriente” por el ajuste, sino en que las cuentas del ministro Caputo se apuntalan también en gastos diferidos y en el incumplimiento de transferencias del estado nacional que difícilmente se puedan sostener en el tiempo. La OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) llega a señalar que si bien en lo que va de 2024 se logró superávit financiero, febrero ha sido un mes deficitario, pese a todos los recortes aplicados. La caída del consumo que deriva del fuerte ajuste en curso no solo denota una insensibilidad social enorme. A su vez, implica la caída de la recaudación fiscal, que en la base de su pirámide tiene al IVA, un impuesto al consumo que interanualmente ha descendido más de un 15% en este primer bimestre. El propio FMI, que promueve medidas de ajuste cruentas en nuestro país y en el mundo, pone en duda que el actual gobierno tenga la capacidad política para llevar adelante su plan. Así lo deja entrever en su último comunicado de prensa, en el que verbaliza su apoyo pero a la vez señala su preocupación por la “sostenibilidad” de las reformas encaradas en este contexto. En dicho informe reconoce que además de reunirse con funcionarios, la última misión del Fondo se reunió con sindicalistas y dirigentes opositores. En una dirección similar apuntan analistas del establishment, como Marcelo Bonelli del grupo Clarín, que ya se animan a expresar en público la desconfianza sobre la capacidad de Milei para concretar un ajuste con el que concuerdan y estabilizar la economía.
A las variables macroeconómicas, que incluyen un caudal de reservas inferior al esperado para la “liberación del cepo” cambiario tan ansiada por Milei, el gran capital y los timberos de las finanzas, se le suman los tropiezos políticos. Así como los niveles de ataque y las políticas antipopulares del actual gobierno son inéditas, también lo es que su primera iniciativa parlamentaria (La Ley Ómnibus) haya naufragado de momento, y por primera vez en la historia el senado haya votado contra un DNU. Sin depositar expectativa alguna en la rosca parlamentaria, que se encuentra en plena temporada alta y con los tránsfugas del bloque de Pichetto o la UCR cotizando su voto, la descomposición política exhibe niveles de crisis institucional que no dejan de expresarse en una gobernabilidad precaria.
La casta no está en orden
Luego de un nivel desbocado de insultos en redes sociales, el presidente y su elenco ha golpeado las puertas de los representantes de “la casta” legislativa y de gobernadores para invitarlos a suscribir un acuerdo, denominado pomposamente “Pacto de Mayo”. Dicho acuerdo no es otra cosa que una enumeración de medidas promercado, de profundización del ajuste y de reformas contra el pueblo. Desde promover el retorno de las jubilaciones privadas, una nueva flexibilización laboral, la reducción salvaje del gasto público o el avance en las políticas extractivistas en las provincias de la mano de monopolios extranjeros, hasta la precondición de que se le apruebe la Nueva Ley Ómnibus, dicho acuerdo posee un contenido que implica un nivel de ataque colosal sobre la clase trabajadora. Éste requeriría un nivel de consensos y fortaleza políticos del que el oficialismo carece hasta el momento.
El apoyo de la burguesía a las andanzas de Milei no es homogéneo. Hay un acompañamiento en términos de clase, casi unánime, para doblegar al movimiento obrero, los movimientos sociales, la protesta callejera. Pero detrás de su plan económico asoman las disputas entre fracciones del capital, como la existente entre el núcleo sojero que presiona por una nueva devaluación y los sectores financieros que desean un dólar barato para la compra de activos a precio de saldo, por citar un ejemplo. Las empresas de servicios beneficiarias de tarifazos, los bancos y fondos de inversión, el sector minero e hidrocarburífero constituyen sin dudas los primeros en apuntarse entre quienes más y mejor ligan si se habla de megaganacias. Muchos de ellos, además, se entusiasman con la posibilidad de fugar divisas ante la eventual reedición de una convertibilidad que les permita acceder a dólares sin cepo para girarlos a sus casas matrices en el caso de multinacionales, o bien para colocarlos fuera del país, en caso de la gran burguesía criolla.
Por otro lado, las caídas en las ventas que la recesión inducida por las políticas económicas de Milei van generando son elocuentes: según CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), las ventas minoristas cayeron un 27% en el primer bimestre del año, cifras íntegramente relacionadas a la actual gestión. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina), hay actividades como patentamiento de autos (-33% en enero) y motos (-19% en el mismo mes) que interanualmente muestran caídas récord. En el rubro de materiales de construcción, el desplome interanual en el despacho de materiales en febrero rozó el 30%, y la paralización de la obra pública afecta a más de 70.000 laburantes que desde noviembre a la fecha, perdieron su fuente de trabajo, según la CAC (Cámara Argentina de la Construcción). Se trata de caídas en la producción, por la contracción económica, pero también de una reducción drástica en el poder de compra y circulación de mercancías: la mencionada CAME señala que en enero, en términos interanuales, la caída de ventas en alimentos superó el 33%. Es, ni más ni menos, que la contracara de la caída del salario real, récord en tan solo dos meses, que promedia un 21%, devaluación, despidos y paritarias a la baja mediante. El recorte sobre los llamados planes sociales, la falta de atención a comedores, son un complemento explosivo en este combo. Estos datos, lejos de ser un frío número, implican la proliferación del hambre y la malnutrición en millones de hogares trabajadores.
Sin embargo, se mueve
Atravesando aún un período de gracia que sobreviene al triunfo electoral, la actual gestión va mermando en su apoyo significativamente, aunque conserva aún núcleos de adhesión importantes. Si se toman encuestas presenciales como las que viene realizando Zubán Córdoba, una mayoría que supera el 57% desaprueba la gestión actual. Al preguntársele a esa misma población sobre quiénes están pagando los costos del ajuste, los porcentajes aumentan: un 72% reconoce que lo está pagando el pueblo y solo un 24% que lo paga “la política”. El apoyo se sostiene no solo en el aparato de los grandes medios de prensa como el grupo Clarín o LN+, o las redes sociales y operaciones comunicacionales en ese sector, sino también en el rechazo al gobierno saliente y la degradación en las condiciones de vida populares que dejó. Consultados por el DNU o la Ley Ómnibus, pero también por el cierre de Télam o el INADI, una mayoría de la población encuestada, incluyendo a votantes del oficialismo, expresa dudas y hasta rechazo con respecto a esas iniciativas. La calle sigue siendo el lugar donde este gobierno posee su talón de Aquiles. Al repudio popular a sus políticas lo trata de contrarrestar con operativos represivos de saturación, que pese a su dureza son desafiados de manera sistemática por las manifestaciones. Es notorio, y hasta inédito, que un gobierno inicie las sesiones legislativas en un Congreso completamente vallado y sin una mínima manifestación callejera de apoyo. En menos de 90 días de gestión, la única concentración frente al palacio legislativo ante su apertura de sesiones fue para repudiar su plan de ajuste y de reformas antiobreras. Con acciones que siguen siendo parciales y acotadas, el movimiento popular dice presente cada vez que puede. El conflicto docente, las asambleas barriales, lxs trabajadorxs de prensa, el movimiento de la cultura o distintos sectores de estatales permanecen movilizadxs de manera dispar pero sostenida. En este sentido, el 8M fue una alentadora muestra de fuerza del Movimiento de Mujeres y Disidencias. Si bien estas manifestaciones opositoras son un fenómeno que no llega a desbordar las estructuras actuales, los sectores en lucha muestran disposición, y emergen en contraposición a la especulación y cautela de las cúpulas sindicales de la burocracia.
El paro general es una necesidad
En la CGT, los sectores más dialoguistas de la central representados por Héctor Daer, apuestan explícitamente a que la batalla que libran contra el capítulo laboral del DNU se dirima en los estrados judiciales o legislativos, y no en la calle. La ofensiva de Milei contra la clase obrera afecta además las estructuras gremiales. Por ejemplo, en el DNU 70/23 como también en medidas reglamentarias posteriores (DNU 170, 171 y 172/24) se establece la desregulación de obras sociales sindicales y la equiparación o libre opción con prepagas de salud, y se eliminan cláusulas como las que hacían que quienes ingresan a un nuevo empleo deban permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad. A su vez, varios sindicatos permanecen en alerta por la dilación en la homologación de acuerdos paritarios y una eventual restitución del impuesto a las ganancias para asalariados de sueldos medios. Mientras Pablo Moyano se posiciona en la interna cegetista hablando de la necesidad de un paro general, pero tampoco avanza en medidas concretas al respecto, el ala de los “Gordos” e “Independientes” apuesta a una negociación sin llegar a desplegar medidas de fuerza unificadas. Los paros sectoriales parecen ser la manera en que las CTA y la CGT -justamente, quienes poseen la capacidad de avanzar en acciones nacionales- piensan a atravesar este período. Si el ala sindical del peronismo muestra este espíritu dubitativo y conservador, el plantel político de la UxP y el PJ directamente se ausenta de la confrontación, reeditando una política de espera para que el proceso de ajuste decante por sí solo en el humor social y las posibilidades de recambio institucional marchen en piloto automático para los años impares por venir. La presión desde las bases sobre esta dirigencia burócrata para que no pueda eludir el llamado a medidas nacionales como un nuevo paro general, pero fundamentalmente la apuesta a superarla históricamente, deben ser parte de la agenda de quienes nos disponemos a luchar por nuestros derechos.
En las calles gana el pueblo
Frente a la ofensiva patronal, se vienen desplegando peleas sectoriales. El movimiento de resistencia de trabajadorxs y colectivos de la cultura se va desplegando, cada vez más lejos de las prédicas de pasividad y derrotismo. La docencia da pelea y, pese al juego de CTERA de administrar y atenuar el conflicto, en algunas jurisdicciones se mantiene abierta la lucha, como en Santa Fe, Córdoba o Neuquén. El movimiento de mujeres y disidencias ha dado una muestra de masividad este 8M y ha dejado en claro su disposición a no regalar ningún derecho. Este 24 de marzo nuestro pueblo deberá dar una nueva muestra de lucha, ganando las calles masivamente para repudiar a un gobierno negacionista y hambreador, pero también para rescatar las ideas y sueños de nuestrxs 30.000, y su lucha por una sociedad nueva, una patria socialista.
El rechazo a las políticas de Milei y a su gobierno debe ser frontal. La pelea a fondo contra el DNU y la Ley Ómnibus que viene dándose, aún de manera embrionaria, es la que puede poner en cuestión la propia permanencia del elenco de gobierno que no logra hacer pie. Las alternativas “progresistas” ya han demostrado su imposibilidad de salirse del libreto que los grandes capitales le trazan a un país subordinado como el nuestro: en nombre del posibilismo, han profundizado el extractivismo, han convalidado la deuda del macrismo y propiciado el cogobierno con el FMI; luego de una gestión que multiplicó los índices de inflación y deterioró salarios y jubilaciones, le allanaron el camino a la actual derecha gobernante. Es imposible pensar en una alternativa real a nuestro presente sin plantearse abiertamente una ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa. Sin un programa que se plantee la movilización de nuestro pueblo para poner en pie la expropiación al gran capital terrateniente, empresarial y financiero, la superación de la actual crisis es inviable. Necesitamos una amplia unidad en torno a un programa anticapitalista, que supere todo cálculo electoralista y se proponga construir una fuerza que desde la resistencia en las calles marque el camino. La actual descomposición política de los Caputo, Milei y Bullrich señala que lo que cruje es el propio capitalismo dependiente, que debe ser superado en clave revolucionaria y socialista.
