El presidente dio este 22 de abril un mensaje en cadena nacional en el cual balbuceó intentando justificar el errático rumbo de la economía. Su plan de ajuste no solo es brutal, sino que carece de perspectiva para sostenerse en el tiempo. La pretensión de levantar el cepo cambiario, un reclamo de las patronales del agro, no tiene fecha a la vista. El FMI, de momento, no habilita ningún nuevo préstamo. Ante este escenario, el discurso presidencial consistió un desfile de cifras sin sentido que trataron de ocultar con estadísticas distorsionadas una realidad: que es el pueblo quien está pagando el ajuste. Así viene sucediendo desde que Milei asumió, tras una gestión que lo precedió que ya venía castigando el bolsillo popular con una inflación que le ganó a salarios y jubilaciones. Cabe recordar que el DNU 70/23 y la fallida Ley Ómnibus de Milei son un resumen de medidas a favor de los bancos y grandes empresarios. Desregulaciones en salud, en el abastecimiento de alimentos, alquileres y también la pretensión de un nuevo ataque a la educación pública. El gobierno que se jacta de un superávit fiscal obtenido artificialmente, aplastando sueldos, jubilaciones, partidas para las universidades y hospitales, entre otros, es el mismo que cumple religiosamente los millonarios pagos por intereses de deuda externa. El gobierno que niega salarios e insumos básicos a universidades y la ciencia pública, que elimina la protección en el área editorial, que interrumpe el suministro para tratamientos oncológicos, o que no garantiza ni vacunas ni la provisión mínima de repelente en un brote de dengue, es el mismo que gasta millones en aviones de combate obsoletos, de la mano de la OTAN. Se trata del gobierno que no homologa paritarias en el sector privado, despide de a miles a empleadxs estatales y tira a la baja los salarios; el mismo que aumenta impuestos como el monotributo, o el que se aplica a los combustibles; el gobierno que multiplica el precio del boleto de transporte, de los alimentos y tarifas que impactan en los sectores populares… a la par que promueve un vergonzante aumento de sueldos de sus funcionarios, percibiendo más de 20 salarios mínimos.
La educación pública ha sido objeto de su ataque desde el comienzo de gestión. El vaciamiento presupuestario, manteniendo para las universidades partidas iguales a las ya exiguas de 2023 en medio de una escalada inflacionaria, implica un golpe letal. La quita del Fondo de Incentivo docente, una suma escasa y en negro, implica un recorte nominal en medio de una inflación galopante. Sin embargo, sus ataques no son solo presupuestarios: el gobierno trata de limitar el derecho a la protesta, reprimiendo movilizaciones pero también declarando “servicio esencial” a la educación para impedir el derecho a huelga. A su vez, mientras sus funcionarios escupen mensajes de apología de la dictadura, pretenden denunciar “adoctrinamiento” en las aulas. Tratan de atacar no solo económicamente a la escuela, si no además el carácter público y disputar su contenido, avanzar sobre los niveles de autonomía y libertad de cátedra que trabajosamente aún defendemos.
En las calles gana el pueblo
El movimiento estudiantil y docente entra en escena con fuerza ante este ataque. Ésa es la novedad que preocupa al gobierno. Superando a las conducciones burocráticas del sector, como también las hay en los sindicatos, es importante la unidad de acción en las calles y la masividad de las medidas de protesta ante el gobierno. El sector estudiantil posee una rica tradición de lucha en nuestro país. Desde la Reforma de 1918, que irradió como ejemplo para todo el continente; desde las masivas jornadas contra la privatización que implicó la pelea de la “Laica o Libre” en 1958; desde las protestas ante las distintas dictaduras de nuestro país, incluyendo su participación activa en el Cordobazo de 1969; desde las peleas contra las leyes del menemismo, como la de Educación Superior en 1995, en pleno menemismo o contra los recortes en 2001… en asambleas masivas, en clases públicas, en esta gran marcha del 23, el eco de la rebelión estudiantil va sonando en las aulas y en las calles.
Milei accedió a la Rosada montado sobre el descontento social por la debacle del gobierno de Massa, Alberto y Cristina Fernández. Con una mayoría circunstancial para llegar al gobierno, Milei y sus socios tratan de avanzar con un plan de ajuste salvaje para el que no poseen espalda política ni aval social. A pesar de la obsecuencia del Pro y de muchos dirigentes radicales o peronistas que le prestan sus servicios o hasta son sus funcionarios, las iniciativas del Ejecutivo son perseverantes pero endebles. La unidad entre laburantes y estudiantes puede cambiar la ecuación ante un gobierno que pretende avanzar confiscando derechos pero sabe que su punto débil es la calle; un gobierno que no puede convocar ni una movilización masiva en su apoyo, que inició su gestión con una asamblea legislativa en medio de vallas y un operativo represivo de cientos de efectivos para disuadir el repudio callejero.
Tal como ha sucedido en distintos momentos de nuestra historia, el camino de la rebelión asoma como perspectiva. Es necesario enfrentar con masividad y contundencia a un gobierno impopular, demostrarle que no posee aval social para la quita de derechos que pretende. Impedir que las reformas y ajuste salvaje del gobierno se concreten implica poner en cuestión su propia permanencia. El pueblo en las calles puede y debe, soberanamente, revocar su mandato para impedir que siga destruyendo la salud y la educación públicas, el salario, los derechos más elementales que la clase trabajadora conserva y no está dispuesta a entregar. Es necesario dejar en claro al empresariado que Milei y su pandilla representan, que nuestros derechos no se negocian.
