El panorama social y económico de la provincia es de incertidumbre política: un gobierno en transición que pretende profundizar el ajuste antes del recambio y un crítico contexto inflacionario que supera la media nacional y amenaza los salarios. El desempeño de Vaca Muerta no se destina a cubrir las necesidades más elementales de la población. Lejos de eso están las políticas extractivas y recetas del FMI.
La provincia arrastra graves problemas estructurales desde hace décadas, actualmente agudizados por la agenda del gobierno del MPN, en retirada, que amenaza con incumplir los compromisos asumidos en el año de campaña. En la salud pública faltan insumos básicos y equipamiento para tratamientos médicos, a lo que se suma la falta de profesionales y un personal recargado con salarios de miseria. En cuanto a lo educativo, hay un déficit enorme de edificios escolares y la falta de mantenimiento pone en peligro la integridad de estudiantes y docentes. Desde hace décadas no se construyen escuelas en las zonas urbanas de mayor crecimiento poblacional. Según el último relevamiento realizado por las seccionales opositoras del sindicato docente ATEN, en abril más de 100 escuelas de la provincia estaban sin clases por problemas de infraestructura. La situación de abandono es tan grave que la comunidad educativa teme que vuelva a ocurrir un hecho similar a la explosión en Aguada San Roque.
La situación también es crítica para la caja previsional y la obra social del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). La deuda histórica por parte del ejecutivo provincial y los municipios con este organismo alcanza los $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) poniendo en peligro las prestaciones de salud y la jubilación de todxs lxs trabajadorxs del estado provincial. Es una estrategia de vaciamiento para avanzar con la reforma jubilatoria y entregar la obra social a la burocracia sindical cómplice, situación que pretenden desde hace años la conducción verde de CTA-ATE y sectores burocráticos que conducen ATEN Provincial.
El panorama económico social muestra una provincia con una desocupación del 5,9%, una marcada precarización laboral y gran parte de la población activa con salarios por debajo de la canasta básica. El deterioro del salario es proporcional a las ganancias de las petroleras nacionales, extranjeras y las empresas de servicios petroleros que sostienen un vínculo clientelar con el poder de turno. El gobierno amenaza con incumplir el acuerdo paritario del sector estatal y docente, que aún con la actualización trimestral por IPC queda muy detrás del aumento de precios. Solo en abril la inflación en Neuquén fue de 8,9% y 10% en alimentación. Supera otra vez el promedio nacional, y se trata de la más alta de los últimos cinco años. Los números oficiales, según el ISEPCi, indican que una familia neuquina necesita $109.644 para no ser pobre y la canasta básica total es de $244.506. Las dificultades para cubrir las necesidades básicas son aún mayores para quienes destinan gran parte de sus ingresos en alimentos y bienes de primera necesidad. Terminado el gasoducto Néstor Kirchner, en los barrios populares de Neuquén más de 12.000 familias no cuentan con este servicio esencial y necesiten alrededor de $50.000 mensuales para calefaccionarse, cocinar y asearse con garrafas y leña.
El presupuesto provincial 2023 votado por “unos” y “otros”, puso en evidencia las prioridades del gobierno entrante y el saliente: más del 9% de presupuesto está destinado al pago de deuda, la mayoría en dólares; mientras que solo el 11% está destinado a educación y salud. Las denuncias cruzadas de corrupción y uso de fondos públicos para sostener la estructura clientelar del MPN quedaron en nada luego de las elecciones. El nuevo gobernador Rolando Figueroa las utilizó como campaña pero acordada la transición gubernamental, las tensiones bajaron a cero. Queda claro que más allá de las disputas comparten el mismo objetivo, desfinanciar a la educación y la salud públicas y trasferir el presupuesto a los negocios privados.
Motivos sobran para que las centrales sindicales se dispongan a luchar para enfrentar los ataques del gobierno hacia la clase trabajadora en su conjunto. Sin embargo, cada vez queda más clara la connivencia de estas conducciones vetustas con el gobierno de turno. Los principales sectores que se encuentran movilizados para defender las conquistas de la clase trabajadora son las organizaciones sociales y las seccionales opositoras del gremio docente conducidos por expresiones políticas de izquierda, combativas y defensoras de la democracia de base. Como organización integramos y apostamos a seguir conquistando estos espacios de lucha con independencia política de los proyectos patronales, para enfrentar las reformas estructurales en educación, salud, trabajo y jubilaciones.✪
