Foto: La Mosquitera

El domingo 5 de julio en Mendoza, 46 trabajadorxs municipales y referentes gremiales fueron reprimidxs y detenidxs en medio de una protesta por apertura de paritarias y aumento salarial. Aquí, un análisis de la escalada represiva de los últimos años y su complemento necesario: ajuste, precarización, pago de deuda y crecimiento de la pobreza. Entre lxs detenidxs, Sebastián Henríquez, Sec. Gral del SUTE y militante de Venceremos – Partido de Trabajadorxs.

Para tener un panorama de conjunto hay que volver atrás. La gestión de Alfredo Cornejo se caracterizó por una furiosa política de ajuste y de disciplinamiento sobre todos los sectores de trabajadorxs. Con el lema del orden como eje de campaña y de gestión, liquidó salarios por decretó y procesó a más de un centenar de activistas. Fundamentalmente, referentes gremiales y de asambleas socioambientales. En simultáneo, se sancionó un Código de Contravenciones que restringió libertades esenciales y que fue muy útil a la hora de perseguir.

Un punto en la escalada represiva fue la represión en solidaridad con el pueblo chileno en Plaza Chile, en octubre de 2019, que terminó con una cacería en la que 24 personas fueron detenidas. En diciembre del mismo año, a pocos días de iniciada la gestión del delfín cornejista Rodolfo Suárez, el pueblo desbordó las calles en defensa de la Ley 7722 y fue reprimido con gases y balas de goma en el centro de la Ciudad de Mendoza.

El operativo contra lxs municipales este domingo 5 de julio de 2020 es un nuevo salto en el accionar represivo: 46 compañerxs golpeadxs, arrastradxs por el pavimento hasta los móviles y detenidxs sin orden judicial previa y con la excusa de flagrancia y averiguación de antecedentes. En los hechos, de lo que se trata, es que tienen licencia para reprimir. Lxs compañerxs ni siquiera fueron atendidxs por un médico: uno de ellxs salió casi sin poder caminar de la comisaría, otra fue llevada desmayada al calabozo.

Semejante ensañamiento solamente tiene sentido en el marco de una política de ajuste y de «ordenamiento» de cuentas en favor del capital. Mientras el poder adquisitivo de lxs trabajadorxs se derrumba desde hace años y la pobreza trepa por las nubes hasta el 38% (según cifras del segundo semestre de 2019, por lo cual, es de esperar que hoy sea mucho mayor), la deuda pública provincial alcanza más de U$S1.000 millones. Ese es el orden que venían a poner en práctica: la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora, el disciplinamiento y la decisión férrea de pagar peso por peso a todos los acreedores.

Si esto no es suficiente para comprender el meollo del asunto, el conflicto de lxs municipales puede servir de ejemplo: lxs contratadxs directamente por el municipio cobran entre $8.000 y $12.000, es decir, salarios de indigencia. En simultáneo, en la Capital se avanza en la privatización del servicio de limpieza y recolección de residuos a través de la de la concesión a la empresa Santa Elena, que paga salarios cinco veces más altos que el Estado, que también salen de las arcas municipales y que ya tiene el mismo negociado en otros municipios manejados por la UCR. La concesión implica una erogación presupuestaria muchísimo mayor que la que significaría atender los reclamos de lxs laburantes. Evidentemente, no se trata de una cuestión presupuestaria, sino de una lógica política: el Estado para garantizar los negocios de los empresarios.

En dicho escenario, lo sucedido este domingo tiene que ser analizado en sus dos facetas: es una acción coherente en la lógica de gobierno mendocino del suarismo que, desde hace meses, se niega a abrir paritarias y mantiene congelados los salarios. Al mismo tiempo, la obscenidad expuesta por las fuerzas policiales despertó una ola de repudios y solidaridad dentro y fuera de la provincia.

En efecto, la bravuconada policial logró despertar las redes del activismo. Volvimos a apelar a la solidaridad de clase, a tomar la calle a pesar de las restricciones que impone la cuarentena y a bancar a nuestrxs compañerxs para que rápidamente fueran liberadxs.

Este martes 7 volvemos movilizarnos por la reapertura de las paritarias, por un aumento salarial de emergencia, por condiciones de trabajo dignas junto a los sindicatos del Frente de Unidad Estatal.

MOVILIZACIÓN: martes 7 | 10hs. | Kilómetro Cero

¡Por el triunfo de la lucha de lxs municipales!
¡Basta de ajuste y represión!
¡Paritarias ya! ¡Aumento salarial de emergencia y pago inmediato de aguinaldo!
La deuda es con el pueblo, no con los acreedores de deuda y los bonistas
Impuesto a las grandes fortunas

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