Un gobierno en cuyo ADN está la defensa de los represores, el discurso anticomunista y la violencia contra lxs de abajo. Un movimiento popular cuyo desafío es vencer esa política apostando a la movilización, superando a las conducciones vacilantes que vienen ejercitando la pasividad.
Pocas dudas quedan respecto de la vocación represiva de la gestión Milei. Su alianza inicial con la defensora de genocidas Victoria Villarruel –alianza cada vez más endeble-, la reivindicación pública en plena campaña de la dictadura y el negacionismo sobre sus crímenes, el respaldo al Estado de Israel que está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, el alineamiento sin tapujos a los Estados Unidos, son rasgos que definen la identidad de este gobierno que, detrás de la palabra “libertad”, esconde una vocación autoritaria y reaccionaria. Pero más allá incluso de estas definiciones sobre su identidad, es necesario analizar su accionar y sus medidas concretas.
Con un discurso mesiánico que pone en un altar al “Liberalismo de Mercado”, el gobierno de Milei, como portavoz del gran empresariado, apuesta a retrotraer las condiciones de vida de lxs trabajadorxs al siglo XIX. Su apuesta es no solo avanzar contra salarios y jubilaciones sino sobre derechos y conquistas históricos. Para esto, se monta sobre el apoyo del “círculo rojo” empresarial, pero también sobre un circunstancial aval social que lo llevó a la presidencia, más por hartazgo ante los gobiernos previos que como apoyo explícito a su programa. Al amparo de su ascenso, sectores reaccionarios fueron encontrando un escenario más propicio para su accionar. A la par que se desplegaba el discurso anticomunista de Milei y su séquito, se extendían acciones como la agresión a una compañera de Hijos Rosario, la vandalización de sitios y baldosas de Memoria, o ataques a locales partidarios de izquierda.
Ya en el gobierno, y ante su incapacidad de movilizar base social alguna, la gestión Milei aplicó una política para tratar de “controlar la calle” con protocolos represivos que –en los hechos- apuntan a restringir el derecho a la protesta. Desde las sucesivas represiones a las protestas callejeras hacia docentes, jubiladxs, movimientos sociales, manifestantes que se opusieron a sus dectretazos o la llamada “Ley Bases”, hasta la recreación de la SIDE, con $100.000 millones de presupuesto sin control alguno (hecho que ha sido resistido hasta por políticos de la propia burguesía y ha producido otra zozobra en el bloque libertario), el espíritu represor del gobierno quedó exhibido con nitidez. Su programa de gobierno, con privatizaciones, despidos, más endeudamiento, con una recesión inducida, con el aplastamiento del salario y el enorme perjuicio hacia la clase trabajadora, con un crecimiento de la pobreza y la indigencia récord, no puede aplicarse sino con una fuerte impronta represiva.
La alocución del presidente en la “Cena de Camaradería” de las FF. AA donde reafirmó su intención de modificar la Ley de Seguridad Interior para que estas fuerzas intervengan en los conflictos internos es un paso más en esta orientación. Todo este andamiaje represivo exhibe, en realidad, la inestabilidad de un gobierno cuyo respaldo social va reduciéndose al compás de la pauperización creciente, y que se sostiene fundamentalmente por el respaldo de las corporaciones patronales, el blindaje de los grandes medios, la solidaridad del resto de partidos burgueses y de unas centrales sindicales con conducciones rancias y propatronales.
En la vertiente estatal de los ataques al derecho a la protesta, pero también a la Memoria y los Derechos Humanos, dos hechos sobresalen. Uno, la represión a cargo de la ministra Patricia Bullrich, el 12 de junio, cuando en un Congreso solo rodeado por manifestantes que se oponían al proyecto del ejecutivo se sancionó la llamada “Ley Bases”. Allí, en el marco de la represión de las distintas fuerzas de seguridad se produjeron detenciones a 33 manifestantes, con dos de ellxs aún siguen presxs en el Penal de Ezeiza: Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez. Su prisión no se puede explicar desde ningún fundamento jurídico, incluidos los de la justicia burguesa, sino por la necesidad del Estado de disciplinar al movimiento popular.
Otro hecho es la visita de seis diputados de “La Libertad Avanza” a genocidas presos que cometieron crímenes difíciles de describir por su nivel de crueldad durante la última dictadura cívico-militar. Dicha visita involucra de manera indirecta a un número indeterminado de funcionarios, incluidos del Servicio Penitenciario que depende de la Ministra de Seguridad, y tiene como trasfondo las tratativas para avanzar con iniciativas que permitan liberar a muchos de los genocidas que están en prisión. Sobre este último hecho, más allá de las distintas declaraciones de repudio en el propio Congreso, es necesario remarcar que hasta la fecha estos diputados ni siquiera han sido separados del cargo. Es este mismo Congreso, el que sesiona de espaldas al pueblo y convalida el saqueo y privatizaciones de los hermanos Milei, el que ha alojado otrora a un confeso represor como Aldo Rico.
La ofensiva represiva tiene una faceta judicial, que se expresa en la persecución a los movimientos sociales, con allanamientos y hostigamientos de todo tipo. A la par que se frena toda asistencia alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano, se amedrenta con causas amañadas a la dirigencia de estas organizaciones, tratando de diezmarlas y –sobre todo- neutralizar su capacidad de movilización.
Con la finalidad de intimidar y de cercenar las opiniones críticas, también en el terreno digital, el gobierno viene desplegando medidas que apuntan a cercenar la libertad de expresión en dicho ámbito. El 27 de mayo último, el Ministerio de Seguridad publicó la Resolución N° 428/2024, por medio de la cual las fuerzas policiales y de seguridad federales pueden desarrollar “labores preventivas” en el espacio cibernético: le llamado “ciberpatrullaje”, que no es otra cosa que recopilar información con fines de perseguir a quienes la emitan o difundan. Mientras se multiplican las estafas o captación de redes de trata por medios digitales, el foco de los gobiernos apunta hacia las expresiones políticas disidentes, como ocurrió con el caso de Cristian Díaz, quien fue preso por manifestarse contra el sionismo que actualmente bombardea civiles en la Palestina ocupada.
Un mes después de aquella medida de gobierno, y mediante la Resolución N° 710/2024, el mismo ministerio creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). En este caso, abocada a “la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”.
En sintonía con estas medidas, en junio se publicó también otra resolución del Ministerio de Seguridad: la N° 499/24 mediante la cual crea la Unidad de Seguridad Productiva. Esta unidad especial, creada explícitamente al servicio del gran capital, apunta a asistir a las empresas que “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”.
A estas disposiciones y operativos contra la protesta, se suman los operativos en las villas de Capital Federal, particularmente el operativo que la policía de la Ciudad efectuó en “Ciudad Oculta”, ocupando sus calles y hostigando a jóvenes y vecinxs, a escopetazos y golpes indiscriminados. Desde luego, la represión a la protesta social tiene una línea de continuidad que no se inaugura con el actual gobierno. Basta recordar como antecedente cercano la andanada de hechos represivos de junio de 2023 en Jujuy con varios jóvenes recibiendo disparos a la cara o a los ojos; la represión indiscriminada a familias enteras, desalojos de territorios ancestrales y abuso de poder en poblados rurales; o, más atrás, la quema de casillas y desalojo en Guernica, en 2020, y la larga lista de asesinados por la represión estatal y paraestatal desde 1983 a esta parte, que pueden ser muestras elocuentes de esto.
La correlación de fuerzas para frenar esta avanzada represiva solo puede modificarse con la movilización popular. La calle sigue siendo el punto débil de un gobierno que no puede ostentar apoyo popular ni capacidad de movilización significativa en dicho terreno. La exigencia a las Centrales Sindicales, principalmente a la CGT, es correcta, pero no se puede confiar meramente en ese pedido. La construcción de fuerza social es indispensable para empujar a la pelea. Ha quedado demostrado que el seguidismo y el juego institucional conducen a un callejón sin salida para las mayorías. El desafío a los ilegítimos protocolos de seguridad que restringen nuestro derecho a la protesta debe ser una constante por parte del movimiento popular. La movilización amplia contra la avanzada represiva y contra el plan económico de este gobierno deben darse en el marco de la mayor unidad posible, pero siempre manteniendo la independencia de clase, apostando a medidas de lucha consecuentes y progresivas.
