En lo profundo del interior del país se empiezan a ver las formas de la maquinaria extractivista en pleno funcionamiento. En agosto de 2015, las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en la Puna jujeña, construyeron de manera colectiva el Procedimiento de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Se trata de un documento respaldado en las leyes nacionales e internacionales que indican y reconocen derechos a los pueblos indígenas que, luego en la práctica, quedan sujetos a la aplicación que hacen las empresas multinacionales con la complicidad estatal en cada territorio. Inclusive algunas comunidades de corte oficialista hoy día cuestionan este documento, destacando que no es vinculante y que ni la sociedad ni el resto de las comunidades están obligados a cumplir con los procedimientos planteados.
Las comunidades que conviven en este territorio pertenecen a los pueblos Kolla y Atacama, lo que le da un carácter más internacionalista en estos momentos, ya que parte del pueblo Atacama se encuentra en el actual territorio chileno que antes de la Guerra del Pacífico era boliviano. Este territorio además hoy está dividido entre Salta y Jujuy. Es de destacar la similitud con el pueblo Mapuche, en el sur, en cuanto a compartir límites se refiere, con la diferencia de que lxs mapu tienen luchas y presxs a ambos lados de la frontera, están orgullosamente en pie de lucha y resisten por los medios que sean necesarios, para evitar el estereotipo del “indio civilizado”, “educado”, lo que demuestra una vez más que las decisiones y los derechos no dependen del Estado que juzga y reglamenta, sino del capital cuyo poder no conoce de límites fronterizos.
Como era de esperar, las empresas que actualmente explotan los recursos, la sal primero y ahora el litio, fueron desplazando y extendiendo su actividad mas allá de los acuerdos y los estudios de impacto ambiental, afectando gran parte de territorios de las comunidades.
Lamentablemente la población urbana, con su vida cotidiana tan diferente y tan agitada donde prevalece la desesperación por “llegar” a fin de mes, así como los estudiantes tan alejados de la vivencia de los pueblos nativos, todo eso en medio de las represiones sistemáticas contra quienes se manifiestan, no logran comprender cabalmente qué sucede. Mientras, los partidos burgueses sólo están preocupados en las elecciones de 2025 y en “hay 2027”.
La historia nos permite conocer que, finalizadas las guerras de independencia, el Estado Argentino entrega el territorio a los descendientes de los encomenderos españoles, quienes siguieron cobrando tributo a las comunidades, y entre 1840 y 1870 el gobierno de la provincia de Jujuy impuso el impuesto a la extracción de la sal. Esto generó una permanente presión sobre las comunidades que motivó las rebeliones indígenas de la Puna, las que culminaron con los enfrentamientos armados de Abra de La Cruz y Quera.
El 4 de diciembre de 1873 las huestes indígenas repelen las tropas regulares del coronel Álvarez Prado (gobernador de Jujuy) en la batalla del Abra de la Cruz, cerca de Cochinoca. El 4 de enero del siguiente año, momento de la batalla de Quera, con mil hombres a sus órdenes, Álvarez Prado supera a las fuerzas indígenas y las represalias no se hacen esperar. Los fusilamientos de prisioneros, la avanzada legal del estado Jujeño por medios militares y la declaración en 1877 que transforma a las tierras de los indígenas en territorio fiscal, no es más que el comienzo de la desposesión que estas comunidades sufren aún hoy día.
Luego llegará la Guerra del Pacífico (1879-1883) y la explotación por parte del estado chileno del salitre en la región arrebatada, lo cual influyó en la economía y las prácticas de la región que consumió sus recursos trasladando los centros económicos de la Puna hacia Tres Cruces, Abra Pampa y La Quiaca.
Las comunidades van a proveer mano de obra esclava a las actividades extractivas que, en este período, siglo XX, se suma la minería (Mina Pirquitas, el Aguilar y Mina Pan de Azúcar).
En 1946, 150 indígenas bajan a pie o en mula a Buenos Aires para exigirle al General Perón, en ejercicio de la presidencia nacional, la titularidad de las tierras para las comunidades. Solo algunas familias que contaban con recursos logran individualmente, con el paso del tiempo, títulos de propiedad.
Las comunidades vienen sufriendo desplazamientos hacia actividades como la minería y el comercio de productos ligados a la existencia del ferrocarril, las migraciones y el empobrecimiento. En 2003 presentan un amparo en la justicia y en 2006 el tribunal contencioso administrativo falla a favor de ellas, pero al día de hoy sólo se han entregado un tercio de los títulos solicitados y en el caso de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc no se ha entregado ningún título.
Sobre estos cimientos es que se sostiene el avasallamiento de los derechos de las naciones preexistentes en el actual territorio jujeño-salteño y la explotación extensiva del estado nación argentino que traspasa de manos los territorios con sus habitantes incluidos, como si fueran “elementos” parte del paisaje.
A pesar de toda la experiencia vivida, hoy persiste la idea que el aparato estatal mediante representantes “democráticos” es una posible solución, en contra de la realidad más cruda que han transitado que demuestra todo lo contrario.
En circunstancias donde el propio estado viola las leyes, es justo preguntarse porque dejar que el atropello, la violencia, con métodos propios de los peores gobiernos autoritarios, no dar una batalla con todos los métodos que estén al alcance.
Lo que está en juego es mucho más que la opinión o el derecho a disponer del territorio por una u otra parte. Lo que está en juego es la vida misma y su continuidad, ya que el avance extractivista no dejara nada por destruir, aun confundiendo con una máscara de discurso verde.
Es urgente organizarse y repeler los intentos depredadores de la planificación mundial en base a los recursos de los pueblos, así como también dejar de pedir soluciones y protección a quienes instrumentan este saqueo de siglos. Hoy son las empresas en connivencia con el estado, sea el gobierno del color político que sea.
Quienes habitan y conviven en los territorios nunca han recibido más que limosnas y promesas incumplidas cuando no exterminio y persecución. La única salida posible de estos conflictos es hacia adelante, recuperando los territorios a manos de quienes los habitan y trabajan, encontrando la manera de desarrollar un mundo mejor con sus propias manos, las de quienes lo construyen. No cabe duda que la única alternativa a este sistema capitalista decadente es el socialismo. Sólo así se podrá garantizar la autodeterminación de los pueblos, respondiendo a sus necesidades y encontrando las soluciones, hasta vencer por completo la lógica del capital.
