El último mes estuvo signado por una serie de hechos relevantes que evidenciaron cómo el avance de la derecha y el imperialismo en nuestro continente van de la mano, coordinada y articuladamente. El encarcelamiento de Luis Inacio “Lula” da Silva, el alineamiento de la mayoría de los países del continente con Estados Unidos en la cumbre de la OEA y la posterior retirada de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Perú del UNASUR y la detención y pedido de extradición de Jesús Santrich en Colombia, son hechos que trazan algunas de las coordenadas relevantes en esta coyuntura. Al avance de la derecha hay que oponerle una resistencia unitaria y un proyecto de profunda transformación social
El agotamiento del ciclo de gobiernos “progresistas” (o neo-desarrollistas) en nuestro continente abrió tras de sí la avanzada de las propuestas políticas más conservadoras que aún está en curso. De manera general podemos trazar el comienzo de este nuevo ciclo con el triunfo electoral de Mauricio Macri en nuestro país, una llegada al poder por la vía democrática y sobre uno de los gobiernos con mayor influencia en la región. Claro está, esto no implica desconocer aspectos presentes desde antes como el golpe en Honduras de 2009 y en Paraguay en 2012, los constantes intentos desestabilizadores de la derecha venezolana, o los ataques de los paramilitares y el gobierno colombiano a las distintas fuerzas insurgentes, en todos los casos con el indisimulable apoyo del imperialismo yankee.
Sin embargo, es a partir de 2015 que la correlación de fuerzas a nivel continental desplazó al “progresismo” para consolidar un bloque duro de la derecha continental. Una expresión concreta de este nuevo momento geopolítico es la constitución del Grupo de Lima en agosto del año pasado, donde se nuclearon buena parte de los países de nuestra región, buscando configurar un bloque que, ante el fracaso de la Alianza del Pacífico, pueda ser efectivo en desplazar a espacios tales como la CELAC y el UNASUR, armados propios del “momento progresista”. No casualmente, la salida conjunta de este último bloque fue de todos miembros del Grupo de Lima y se dio tras una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la capital peruana con el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
Un año clave en la reestructuración de fuerzas en el continente
Este reordenamiento de fuerzas toma contornos particulares en este 2018, entre otros motivos, por el arduo calendario electoral en la región. El triunfo de Piñera en Chile a finales del año pasado fue un primer indicador del posible rumbo que asumirían las siguientes contiendas electorales. El reciente triunfo del partido Colorado en Paraguay que llevó a Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, a la presidencia parece consolidarlo. Justamente Paraguay es el país de la región que presenta los mayores índices de crecimiento económico en los últimos años, los que sin embargo se ven acompañados por un igual aumento en la desigualdad social. Los colorados son justamente el partido que nuclea a los grandes beneficiarios de este modelo, y que bajo distintas formas (por la vía dictatorial o democrática) son los que gobiernan el país hace 80 años, a excepción del breve gobierno de Fernando Lugo.
Párrafo aparte merece la situación de Colombia, donde a fines de mayo habrá elecciones presidenciales. El escenario político abierto tras el triunfo del NO en el referéndum de noviembre de 2016 sobre los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC no dejó de empeorar. Desde entonces, el avance del paramilitarismo conjuntamente con el incumplimiento de la mayoría de las cláusulas firmadas en La Habana han ido en ascenso, cobrándose la vida de decenas de militantes populares. La detención de uno de los dirigentes de las FARC, Jesús Santrich, y el inicio de un juicio que se propone la extradición a EEUU, es el hecho más reciente y al mismo tiempo demostrativo de la avanzada del gobierno y la derecha. Esta medida, fundada en la infiltración de la DEA, se presenta como una operación “contra el narcotráfico”, pero es en realidad un ataque directo al nuevo partido político de las FARC, y una amenaza de prisión para toda su dirección. En este contexto, y con el monopolio de los medios por parte de la derecha, tanto las FARC como la candidata de izquierda Piedad Córdoba debieron retirarse de la contienda electoral, mientras que las negociaciones con el ELN están prácticamente paralizadas. La situación se agrava ante el hecho de que el candidato presidencial de la ultraderecha paramilitar, Iván Duque, es el favorito para el 27 de mayo. Teniendo en cuenta estos elementos, la solidaridad internacional con el pueblo y las organizaciones revolucionarias de Colombia se presenta como una tarea de primer orden.
La situación política de México presenta contornos similares a los colombianos en términos del accionar terrorista del Estado, en este caso en vínculo con los narcotraficantes. Los números del país “azteca” hablan por sí solos: en los últimos 12 años, los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) dejaron tras de sí 200.00 muertos/as y otros tantos miles de desaparecidos/as. Sólo en el transcurso de la campaña electoral, abierta en septiembre de 2017, hubo 80 asesinatos políticos de miembros de los principales partidos. El control territorial de los narcos es el que define las candidaturas, en un país donde son precisamente las actividades ilegales las que mueven resortes fundamentales de la economía (narcotráfico, contrabando, tráfico de personas y órganos). El entramado entre el estado, las fuerzas represivas y los Carteles es indudable, y da cuenta de un verdadero “lumpen capitalismo”, que se asienta en negocios multimillonarios que el mismo sistema necesita sostener en la ilegalidad. De cara a las elecciones del 1 de Julio, el escenario es de disputa entre tres candidatos: Jóse Antonio Meade del PRI, Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, y quién encabeza las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ex PRI y luego PRD, que lidera otra de las coaliciones, Juntos Haremos Historia. Es este último también, el que se presenta como la opción “progresista” y logra captar el voto de “izquierda”, aunque se trata de un candidato integrado al sistema político mexicano. El marco descripto previamente da cuenta de que la disputa electoral se da en ante una fuerte crisis representacional, que de hecho ha llevado a la conformación de alianzas poco frecuentes en la política mexicana. Una mención particular merece el primer intento del zapatismo por formar parte de la disputa electoral mediante la candidatura de Marichuy Patricio Martínez, que lamentablemente no ha logrado obtener la cantidad de firmas necesarias para la presentación, pero que sin embargo implica el inicio de una nueva etapa de construcción política para un movimiento insurgente como el zapatismo, que logró gran relevancia en las últimas tres décadas en México.
La detención de Lula da Silva en Brasil el mes pasado marca también un punto importante de cara al escenario político continental, teniendo en cuenta la búsqueda de proscribir al principal candidato opositor de las elecciones que deberían realizarse en octubre de este año. Esta ofensiva contra el líder del PT no puede entenderse por fuera de un escenario más amplio de creciente militarización en las grandes ciudades, con el hostigamiento y asesinato de militantes populares como la referente feminista del PSOL, Marielle Franco. El gobierno de Temer avanza en un sentido que, si bien aún en ciernes, comienza a tener aspectos que parecen emparentarse con el “modelo” político colombiano y mexicano. De cara a la disputa electoral, aún no está claro quién será el candidato oficialista dada la crisis política en la que la dirigencia actual se ve envuelta. En ese marco, aparecen figuras de una derecha ultra conservadora como Jair Bolsonaro, quién no ha ahorrado palabras en la defensa del golpe de estado de 1964, sumado a constantes declaraciones homofóbicas, racistas y misóginas, ocupando sin embargo el segundo lugar en muchas encuestas detrás de Lula. Del lado de la oposición, aparecen dos grandes alianzas con una participación de fuerzas políticas populares relevante. La compuesta por el PT, el MST (Movimiento sin Tierra) y la CUT (Central Única de Trabajadores), el frente Brasil Popular con la dirección clara del PT; y el Frente Pueblo sin Miedo en el que confluyen el MTST (Movimiento de Trabajadores sin Techo , el PSOL, el PCB y otras organizaciones.. Este último espacio nace posicionándose a la izquierda del lulismo, y es un actor relevante en la escena brasilera. El camino hasta octubre, entonces, estará signado por lo que ocurra con Lula por un lado, pero sobre todo por cómo se desarrolle la lucha de clases en medio de las medidas de ajuste que el gobierno de Temer sigue impulsando.
Por otra parte, también hay procesos electorales que dan cuenta de escenarios alternativos a la avanzada derechista. En particular debemos señalar el caso de Cuba, cuna de la gesta más importante de nuestro continente, en donde asistimos a un hecho histórico debido al recambio presidencial que implicó también un recambio generacional. El nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, nacido luego de la revolución del 59, tiene el desafío de enfrentar un momento para nada fácil en el que la administración Trump ha endurecido las “sanciones” económicas desde mediados del año pasado, fortaleciendo así el inhumano bloqueo que sufre la isla desde hace más de medio siglo. Díaz Canel no es un advenido sino que ha sido parte de todas las instancias partidarias con una militancia comprometida desde hace 30 años. La presidencia del PCC (Partido Comunista Cubano) estará a cargo de Raúl hasta el 2021, aspecto que consolida la idea de que habrá una continuidad en el modelo económico y social actual. Se trata de un modelo en el que, debido a las grandes carencias que impone en gran medida el bloqueo, el gobierno viene habilitando de forma gradual y limitada la ampliación de ciertas dinámicas de funcionamiento “capitalista” en la economía (como el cuentapropismo) y la unificación monetaria (entre el peso cubano y el CUC-moneda para la utilización extranjera), mientras mantiene elementos fundamentales de su política social, nacida con la revolución del 59, tal como se plasma en las muy favorables condiciones de estudio, de salud, de acceso a la vivienda y al trabajo, entre otros.
Por otra parte, en el caso de Venezuela, luego del triunfo en el referéndum para realizar la Asamblea Constituyente, el gobierno de Maduro busca ratificar su liderazgo político en el marco de una fuerte crisis económica en donde el accionar externo impulsado por el imperialismo yankee, que se expresa en el desabastecimiento y las sanciones económicas, toma mayor relieve. El triunfo del chavismo parece no estar en cuestión, sí en cambio aparece como interrogante el reconocimiento de los resultados por parte de la derecha, tanto local como regional. Sin embargo, estas elecciones constituyen también un desafío respecto al futuro del proceso bolivariano en el que diversos sectores, aún apoyando al gobierno, plantean la necesidad de un mayor protagonismo popular en la nueva etapa, como garantía para poder defender las conquistas populares existentes y avanzar en el sentido de una transformación de fondo (ver entrevista en página 10).
La mano visible del imperialismo
Este nuevo escenario político, aún en disputa, dentro de nuestro continente no puede pensarse sin tener en cuenta la influencia del imperialismo yankee. Desde la doctrina Monroe, a finales del siglo XIX, en adelante, los Estados Unidos se han autoproclamado como los “defensores” de América. Esta “defensa´”, claro está, obedece pura y exclusivamente a satisfacer tanto en ese momento como en la actualidad sus necesidades de expansión e influencia imperial.
Tal como hemos señalado en números anteriores, el lema “America First” de la administración Trump implica sin lugar a dudas la recuperación del control de su “patio trasero”. La visita a la región en los últimos meses de funcionarios de primer rango (como Mike Pence y el secretario de estado Rex Tillerson) son indicadores centrales de esto, pese a que en la última cumbre de la OEA, la ausencia de Trump habilitó ciertos rumores de que la región no era central en sus intereses.
Sólo basta con buscar el informe presentado por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses en marzo de este año (disponible en la web) para tomar dimensión de la importancia que tiene la región en los planes imperialistas. Una afirmación tomada de ese insumo los ejemplifica a la perfección: “en términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe”. El documento jerarquiza entre las principales amenazas, el funcionamiento de redes ilícitas transnacionales y transregionales, la mayor presencia de China y Rusia y la situación política de Venezuela. Al mismo tiempo, el comandante del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, planteó ante el congreso algunos objetivos para enfrentarlas que incluyen una mayor articulación con las fuerzas armadas aliadas (Colombia, Perú, Chile y Brasil principalmente) en la región, destacándose que sólo el año anterior, se realizaron programas de entrenamiento en los que participaron al menos 16 mil soldados latinoamericanos; la ampliación de las tareas en el sector civil estableciendo lazos más estrechos con ONG´S y agencias como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional); y una mayor coordinación en términos de controles en el flujo de información cibernética, para lo que están trabajando de manera conjunta la NASA, la Agencia de Inteligencia Geoespacial y las FF.AA. brasileras (y de otros países) en la creación de un satélite.
Sin siquiera ser exhaustivos en el análisis, se deja ver a las claras que la avanzada de la derecha en América Latina va de la mano también con los planes del Departamento de Estado y el Pentágono. La disputa por los mercados con Rusia y China encuentran en la región un terreno sobre el que, en los últimos años, y sobre todo de la mano de los gobiernos “progresistas” los yankees perdieron algo de terreno que están dispuestos a recuperar a como dé lugar.
Los límites del progresismo, los desafíos para los pueblo de Nuestramérica
El avance de la derecha actual no puede comprenderse sin un balance del “momento progresista” previo. En este sentido, un primer aspecto a señalar, es que tal definición no caracteriza al conjunto del continente, sino que tuvo expresiones más o menos radicales en una serie de países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. En otros casos como México, Perú, Chile y Colombia, continuaron alternándose opciones de una profunda orientación neoliberal y estrecho vínculo con el imperialismo yankee.
El ciclo económico en el que se desarrollaron estuvo caracterizado por la explosión de la crisis económica internacional, conjuntamente con un aumento en los precios de los comoditties que favoreció a las economías primario-exportadoras del continente. Dependiendo la radicalidad y participación popular en cada proceso, la redistribución desde el Estado tuvo mayor o menor alcance. Sin embargo, a medida que los efectos de esta crisis se trasladaron de los centros iniciales (como Estados Unidos y Europa), claro que sin abandonarlos, hacia nuestro continente, estas políticas que no rompieron con los marcos de desarrollo capitalistas, fueron encontrando su tope. Un aspecto para nada menor a señalar es que al mismo tiempo durante todo este ciclo no hubo una diversificación de las matrices productivas, sino que por el contrario se profundizaron los aspectos primario-exportadores y extractivistas, en muchos casos en vínculo con multinacionales en condiciones de garantizar una explotación voraz de los recursos y vulnerando los derechos de las poblaciones que habitan esos territorios. Los ejemplos sobran, desde el caso de Vaca Muerta en Argentina, pasando por el conflicto por el Tipnis en Bolivia o la explotación del parque nacional Yasuní en Ecuador.
La repercusión local de la crisis se tradujo en ajuste hacia los sectores populares (como lo evidenció el gobierno kirchnerista en Argentina o la gestión de Dilma Rousseff en Brasil), golpeando sus condiciones de vida y por lo tanto siendo uno de los aspectos que, con el acompañamiento de los grandes medios de comunicación y sectores concentrados del capital, permitieron el avance en términos electorales de ciertas opciones de derecha o bien habilitaron la posibilidad de golpes institucionales, como en el caso de Brasil.
La situación actual de Nicaragua, en la que perdura un gobierno del ALBA, es una expresión clara de ese mismo devenir. La reforma jubilatoria planteada por Daniel Ortega iba a tono con las mismas reformas previsionales que se impulsaron desde los gobiernos más reaccionarios de la región como fue en el caso de Brasil y Argentina. Si bien con algunos aspectos más “progresivos” como el no aumento de la edad jubilatoria o un mayor aumento en las cargas a los patrones en lugar de a las y los trabajadores, no escapa a las medidas de ajuste neoliberales. La respuesta popular no tardó en escucharse y en distintos puntos del país se realizaron enormes movilizaciones donde amplios sectores de la sociedad salieron a las calles. Frente a esta situación, el gobierno de Ortega desató una salvaje represión que dejó al menos 60 muertos/as, y debió dar marcha atrás con la reforma. Entre los mismos antiguos sandinistas no son pocas las voces que definen a las políticas actuales como beneficiarias de las oligarquías terratenientes y banqueros y a Ortega como un “nuevo rico”. Pero al mismo tiempo, el gobierno nicaragüense al abrirle la puerta a los capitales chinos para el desarrollo de un nuevo canal transoceánico, pasa a la lista de gobiernos que incomodan a Washington. Esto permite entender por qué los EEUU y la derecha pro yankee pueden haber aportado a la crisis o intentado capitalizar el descontento (hasta ahora sin éxito), aunque este elemento es completamente insuficiente para explicar un masivo levantamiento popular contra el ajuste previsional. Esa contradicción es también la que puede ser extensible a la caracterización del resto de los “progresismos”, en coyunturas específicas.
Ante la actual situación continental es evidente que las tareas antiimperialistas pasan a un primer plano, pero del mismo modo es necesario dejar en claro que las penurias de nuestros pueblos no terminaran sin romper los marcos del capitalismo. En ese sentido nos planteamos la necesidad de enfrentar a las derechas y al imperialismo, de estrechar vínculos con las organizaciones hermanas de Nuestramérica, de poner en un lugar privilegiado de nuestra agenda política las tareas internacionalistas, saliendo a las calles y visibilizando en ese lugar nuestra solidaridad ante cualquier nuevo ataque a los intereses de los pueblos. Y lo hacemos sabiendo que, como el capitalismo jamás resolverá los problemas de las mayorías latinoamericanas, se trata de librar la lucha por un proyecto de completa emancipación. La actual etapa nos muestra más que nunca, que, como no dudó en afirmarlo el Che, no hay dobles vías : “revolución socialista o caricatura de revolución”.