Ayer, 31 de enero de 2024, se inició el tratamiento legislativo de la llamada “Ley Ómnibus” que pretende profundizar el desguace del Estado y atacar derechos laborales, sociales y culturales, además de otorgarle facultades extraordinarias a Milei. La sesión se dio con el antecedente de escandalosas votaciones, con cambios en el texto hechos posteriormente de su aprobación en comisiones, con reuniones a escondidas y votos prestados al oficialismo por los bloques oportunistas y algunos tránsfugas del peronismo. Durante la jornada hubo movilizaciones en diversas ciudades, como Córdoba y Neuquén. En CABA, la manifestación frente al Congreso para exigir su rechazo fue recibida por un operativo de saturación que provocó a los manifestantes y –al cierre de la jornada- llevó adelante detenciones. Al anochecer, diputados suspendieron la sesión pasando a un cuarto intermedio. En las calles, ocupadas por el pueblo movilizado, se ubica el escenario donde podemos derrotar a este gobierno y sus proyectos antipopulares.
El palacio y la calle
Un Congreso vallado, de espaldas al pueblo. Una sesión amañada, donde diputados del FITU y la UP señalaban la ausencia del dictamen con el texto definitivo para sesionar. Un operativo represivo de saturación, con centenares de efectivos de fuerzas federales provocando la fricción con manifestantes para que no corten la calle en un esquema grotesco. Dentro del edificio legislativo, las provocaciones también estuvieron presentes, con agresiones patoteriles a Myriam Bregman por parte de un empresario que estaba en el palco, o la presencia de un miembro del grupo reaccionario “Revolución Federal” en los pasillos del recinto. El carácter antipopular de ese Congreso, donde los representantes pueden sesionar en un edificio militarizado, desoyendo a quienes supuestamente representan, quedó expuesto una vez más.
Así empezó el debate para aprobar la llamada “Ley Ómnibus”, ese proyecto que en un verdadero pastiche modifica decenas de leyes en perjuicio de la clase trabajadora y el pueblo. Más allá de que el gobierno debió retirar más de la mitad de los artículos del borrador, producto de su famélica representación parlamentaria (38 diputados sobre 257; 7 senadores sobre 72), la sesión se inició con el previsible acuerdo de varios bloques que le brindaron los votos necesarios para debatirla y aprobarla. A pesar de esta poda, los artículos que sí permanecen son parte del eje de ataque a los intereses populares de este proyecto: desregulaciones para favorecer el ajuste, para alentar las privatizaciones, cercenar el derecho a huelga, perseguir la protesta social, entre otras. En el debate parlamentario, iniciado en las comisiones y desplegado de manera tan frenética como obscena, se evidenciaron contrapuntos en el propio campo de la burguesía, como las que derivaron en el retiro del “capítulo fiscal” que incluía aumentos en las retenciones a la exportación en diversos sectores, desde manufacturas hasta productos primarios regionales. La alianza con el PRO, y los favores de la Coalición Cívica de Carrió, el bloque Hacemos Coalición Federal de Pichetto y la UCR, más algunos tránsfugas del peronismo como el bloque de diputados tucumanos que responden al gobernador Jaldo, son los garantes de que este proyecto pueda tener tratamiento. Más allá de cruces verbales con funcionarios, como los del camaleónico Pichetto, o las críticas del pico para afuera del radicalismo, todos estos sectores son los responsables de avalar el desguace que promueve “La Libertad Avanza”. Ese acompañamiento amistoso llega al ridículo de votar a favor, en general, de un proyecto cuyo texto final se desconocía, producto de las muchas modificaciones practicadas… Negociaciones a escondidas en bares y departamentos privados; un dictamen de comisiones amañado, un texto aprobado a ciegas… tal es el “compromiso democrático y republicano” de los delincuentes que votaron favorablemente este engendro legislativo en comisión y se preparan para darle media sanción ahora. Las prebendas y la cesión de gobernabilidad a la derecha pesaron más que la escucha ante la oposición masiva de diversos sectores sociales, plasmada en las calles en al menos tres jornadas: el 20 y el 27 de diciembre, y –en especial- en el paro y movilización del 24 de enero. Pese a este nivel de degradación, muchos legisladores debieron tomar nota de lo que sucedía ayer en las afueras del Congreso, y ante la posibilidad de que la convocatoria se hiciera más masiva en el correr de la noche y también para aprovechar para retomar negociaciones en el articulado de la ley, decidieron hacer un parate en la sesión hasta este jueves.
Es en esa capacidad de movilización popular, que aún no se despliega por completo, donde radica la posibilidad de derrotar los intentos reaccionarios del actual gobierno de Milei y de acotar su propia duración. Es necesario debatir la estrecha relación entre impedir que se plasmen estos planes de reformas estructurales y la misma continuidad de este gobierno que no cesa de atacar al pueblo.
Por el camino del paro y la movilización
Las consecuencias inmediatas del paro general convocado por la burocracia de la CGT y las CTA el 24 de enero fueron el empantanamiento transitorio de las negociaciones legislativas y la salida de un ministro (Ferraro, Infraestructura) y el superintendente de servicios de salud (Rodríguez Chiantore, despedido mediante un mensaje de whatsapp). El acuse de recibo del gobierno por el golpe sufrido en esa jornada trasciende lo que declaran con torpeza sus voceros: se ve el impacto en el tono ciclotímico de las declaraciones presidenciales, en las repercusiones locales e internacionales de la acción callejera, en la desconfianza que genera la posibilidad de concretar sus iniciativas en sectores del propio empresariado.
La perspectiva de la burocracia de CGT es abrir un canal de negociación sobre la caja de obras sociales y los alcances del cobro de la cuota sindical, algo que hasta ahora no ha sucedido. Su llamado al paro debe leerse en esa clave, y en la presión recibida desde las bases y por el activismo. De momento, no está en su hoja de ruta hacer caer ni el DNU, ni este proyecto, ni al propio gobierno… la ausencia de las centrales en las calles ayer, en el inicio de sesiones por la Ley Ómnibus, fue una muestra notoria de esto. La perspectiva popular debe ser superar estas direcciones y dar la lucha hasta voltear estas medidas de manera integral, no con paros aislados sino con medidas progresivas y un plan de lucha. Los fallos judiciales en contra que el gobierno acumula con relación al DNU muestran que su poder de lobby en la justicia no ha sido del todo eficaz, pero eso no debe alentar la confianza en esa institución ni la delegación de nuestra representación política.
Cada vez queda más a la vista el carácter de este gobierno como un rejunte de fieles representantes de lo peor de las cuevas financieras, del gran empresariado y la embajada yanqui. Sus iniciativas son ambiciosas: un ataque descomunal a la clase trabajadora y el pueblo; en favor del desguace de centrales nucleares y eléctricas, del Banco Nación, los trenes, el agua; en favor de los monopolios mineros, de los latifundistas que queman bosques (como ahora en la Patagonia) para extender cultivos o favorecer el loteo para sus negocios, de profundizar el desmantelamiento de la ciencia, la educación y la salud públicas. Pero la magnitud de ese ataque entra en contradicción con la fuerza real que ostenta el oficialismo, incluso con sus aliados coyunturales. El pueblo movilizado y en las calles, desafiando las bravuconadas de la ministra Bullrich y su protocolo, es el mayor obstáculo para los planes de este sector de la burguesía.
La batalla contra este gobierno y sus planes debe ser a fondo y apostando a la confianza del pueblo en sus propias fuerzas. La gobernabilidad, ésa que tratan de brindar los mercenarios que saltan de una banca a la otra y venden sus votos para que se liquiden los activos del estado a precio de remate, no está garantizada para Milei y su runfla. La alternativa no es ni puede ser confiar en los representantes del ajuste, en los panqueques como Scioli, en quienes fueron gobierno hasta hace meses y le abrieron la tranquera a la derecha que hoy nos gobierna, y cuyos dirigentes hoy permanecen cautelosamente escondidos. El oficialismo concentra la agenda del imperialismo, la banca y el gran capital, en especial el financiero; pero muestra altos niveles de improvisación en su desenvolvimiento cotidiano, a la par que se va erosionando la imagen presidencial. Cada vez cobra mayor importancia no solo alentar la confrontación con estos verdaderos vendepatria y sus planes, sino levantar un programa alternativo, que eche al FMI y rechace el pago de una deuda externa usuraria y fraudulenta, que nacionalice la banca, el comercio, la salud y educación; que ponga en cuestión la propiedad de los grandes resortes de la economía. Continuemos impulsando las asambleas en los barrios, en los lugares de trabajo y las movilizaciones como las que hoy, con la notoria ausencia del peronismo, se expresan en plazas y calles rodeando el Congreso.
