El gobierno de Javier Milei expone su programa de gobierno. En línea con sus promesas de campaña, anuncia su intención de vender por monedas todos los bienes del Estado a sus empresarios amigos. El autoritario Decreto 70/2023 (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus” son un resumen de las aspiraciones de la casta más poderosa, la del gran empresariado. Allí se atacan los derechos laborales, se desregulan las (pocas) normas que limitan su codicia desmedida, anuncian represión para quienes protestemos y pretenden ilegalizar las huelgas. Este gobierno expresa de manera más cruda la situación del capitalismo actual, cuya única alternativa es el aumento descarado de la explotación, el extractivismo, el saqueo de bienes comunes y derechos. Sin embargo, el pueblo muestra que no está dispuesto a dejar pasar un ajuste salvaje que reduce nuestros ingresos con una mega devaluación y aumenta las ganancias de los exportadores del agro; tampoco a tolerar que se borren de un tirón décadas de derechos conquistados. Esta pelea es de fondo, y se define en las calles.
Un Decreto a medida de los grandes empresarios y patrones
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por Javier Milei -nada menos que un 20 de diciembre- es un compendio de ataques a los derechos de la clase trabajadora y de beneficios alevosos para los grandes empresarios. En ese decreto la “libertad avanza” solo para las patronales: mayores facilidades para despedir, para sortear controles, para que su actividad quede sin otra regulación que la fuerza de imponerse que tienen en el “mercado” los grandes monopolios. En cambio, para quienes vivimos de nuestro salario o jubilación, el decretazo solo trae restricciones: se pretende reducir el derecho a huelga, se extiende el período de prueba para quienes contratan empleados, se elimina la “responsabilidad solidaria” de patronales facilitando maniobras para tercerizar, se avanza sobre la reducción de indemnizaciones, se eliminan las multas a los patrones por tener empleo no registrado, se incluye como causal de despido realizar bloqueos callejeros, y se trata de restringir el derecho a huelga catalogando como “esenciales” a muchísimas de las actividades, como las vinculadas a exportación, transporte, educación, entre otras, impidiendo que realicen huelgas que afecten a más del 25% del “servicio”… entre otras medidas reaccionarias.
El evidente carácter antidemocrático del DNU es el envoltorio: su contenido es una verdadera carta de presentación del gobierno ante el “círculo rojo” del empresariado. Redactado más que probablemente por los propios estudios jurídicos de las patronales, incluido el estudio Bruchou & Funes de Rioja, el DNU promueve privatizaciones, deja sin freno el loteo de tierras a latifundistas extranjeros, elimina controles para los monopolios de alimentos y supermercados, entre otros. La casta empresaria festeja. Por mencionar con nombre y apellido a los ganadores del DNU, se permite el pago de los salarios (cuentas sueldo) a través de billeteras virtuales como Mercado Pago (de Marcos Galperín) entidades que ni siquiera poseen los controles o niveles de respaldo financiero de un banco. Se desregula la actividad de empresas de medicina prepaga, que pueden competir libremente con obras sociales y fijar aranceles sin tope (una ley a medida de empresarios como Claudio Belocopitt, de Swiss Medical). Se desregula el mercado de alquileres, beneficiando al propietario y dejando sin marco normativo que los respalde a más de 10 millones de inquilinos. Anulan la Ley de Tierras que limita la compra de terrenos a latifundistas extranjeros, que ya acaparan más de 12 millones de hectáreas, una medida que beneficia a mega-estancieros como Joe Lewis o Luciano Benetton y que permite la privatización del acceso a las fuentes de agua dulce, profundizando las políticas iniciadas por el gobierno anterior con la empresa israelí Mekorot. Se desregula el abastecimiento de alimentos para el mercado interno, dando rienda suelta a un festival de ganancias para los exportadores, que podrán colocar su producción íntegramente en el exterior y dejar los precios locales atados al precio internacional (desaparece el cupo para la industria azucarera, norma a medida del grupo Blaquier; desaparece el Instituto Nacional de la Yerba Mate; norma a medida de los Navajas Centeno, de Las Marías); se derogan la Ley de Góndolas y Abastecimiento, dejando a Alfredo Coto, la familia Braun de La Anónima, Carrefour o el grupo CENCOSUD sin restricción alguna para implementar manejos monopólicos; se beneficia a los bancos privados que podrán aumentar las comisiones a los comercios por las operaciones de débito y de crédito, y se elimina el tope de intereses a los usuarios morosos de tarjetas, medida que enriquecerá más y más a los grandes bancos y tarjetas como American Express, Visa o Mastercard.
En definitiva: libertad para hacer negocios millonarios para el gran empresariado, los banqueros y terratenientes. Prohibiciones para el pueblo, cuyo salario se deprecia día a día y ya no alcanza para la alimentación básica, y que se pretende que ni siquiera pueda hacer huelga, o reclamar en las calles. Todo este paquete, sustentado en un despliegue del aparato represivo: el gobierno tratará de sostener a punta de garrote estas medidas antipopulares, ya que carece de estructura política (tiene un cuerpo legislativo escuálido y no posee gobernadores propios) y tampoco cuenta con respaldo popular (se trata de una fuerza que no puede exhibir estructura nacional o capacidad orgánica de movilización de masas).
Un proyecto de ley que redobla la apuesta contra el pueblo
En sintonía con su perspectiva de subastar entre los millonarios los bienes sociales a precio de ganga y castigar al pueblo trabajador, el gobierno de Milei, junto con sus aliados del macrismo, envió al Congreso un proyecto de ley que por su extensión es llamada “Ley ómnibus”. Se trata de un proyecto que el oficialismo giró al parlamento el 27 de diciembre, mismo día en que una movilización masiva reclamó contra sus medidas de gobierno (la tercera gran marcha en apenas dos semanas de gestión). Siguiendo la lógica de arremeter sin anestesia en los primeros días de gobierno con medidas antipopulares, tratando de aprovechar el respaldo inicial, los neoliberales complementan el mencionado DNU con este otro proyecto. El primero, trata de derogar o modificar de un plumazo y sin debate alguno en la sociedad más de 300 leyes; el segundo, avanza modificando otras 20 normas en sus más de 664 artículos. El proyecto invoca el pedido de facultades extraordinarias hacia el Ejecutivo para legislar en casi todas las materias de manera totalmente descarada: se propone que el Congreso pueda delegar su función legislativa en el presidente al declararse la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” hasta el 31 de diciembre de 2025 y prorrogable por dos años más.
El contenido de la ley es un compendio de negociados para capitalistas y de prohibiciones para el pueblo. Por un lado, plantea privatizar en un verdadero loteo más de 40 empresas públicas, muchas de ellas que poseen superávit (YPF, Banco Nación, Arsat, AySA, centrales atómicas, Aerolíneas, ferrocarriles, medios de comunicación públicos de radio y TV, etc. Ver capítulo II del proyecto). Los millonarios locales, como Paolo Rocca de Techint o de capitales transnacionales, como Elon Musk de Tesla, Starlink y Space X, se relamen en busca del petróleo, el gas o el litio a precio de saldo. Entre los artículos de la ley ómnibus, se plantea que el Ejecutivo otorgará las concesiones para la exploración, explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, así como las de la plataforma continental y en el mar territorial.
La derogación de la ley nacional de Manejo del Fuego eliminará la protección de los ecosistemas quemados intencionalmente y legalizará arrasar cientos de miles de hectáreas en todo el país, a la medida de las grandes multinacionales y conglomerados vinculados al agronegocio como Syngenta, DuPont y Monsanto y los locales como Grobocopatel. También se incluye la reestructuración y desregulación de tarifas de los servicios de energía y transporte, a la medida de las corporaciones que desde hace décadas se vienen enriqueciendo, Edesur, Edenor, Metrogas, el grupo Benito Roggio Transportes, entre otros
A la par, el proyecto propone modificar el código penal, intentando que cualquier reunión pública de más de tres personas deba solicitar permiso al Ministerio de Seguridad para realizarse… una práctica inaceptable emparentada con el estado de sitio. Además, eleva las penas para el ejercicio de la protesta social a escalas no excarcelables en casos de cortes de calles o afectación para el transporte público, estén o no presentes en la manifestación, con penas de hasta 6 años (ver Art. 326 del borrador). En ese mismo sentido, resta responsabilidades penales a los agentes del aparato represivo que actúen matando o lesionando, legalizando el gatillo fácil.
En ese paquete legislativo, el gobierno trata de suspender la movilidad jubilatoria, y los aumentos pasan a ser una facultad discrecional del poder ejecutivo (Art. 106). En cultura, se establece el cierre de entes como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro (Arts. 587 a 590) y se restringe el financiamiento del Instituto del Cine INCAA (Arts. 558 a 578) y de las bibliotecas populares que dependen de la CONABIP (Arts. 591 a 602) eliminando impuestos a las plataformas de streaming o el juego de azar que se derivan a esas áreas. Además, se desregula el mercado del libro, en beneficio de cadenas de librerías y grandes pulpos editoriales (Art. 60). En materia educativa, se avanza con la mercantilización y la designación a dedo de la docencia: se establece el posible arancelamiento universitario (en principio, para estudiantes extranjeros sin residencia permanente) y se pauta que el presupuesto universitario estará atado a la matrícula (Art. 556), se habilita el uso publicitario de “donaciones” a escuelas, es decir, los sponsors para instituciones educativas (Art. 557), se refuerzan las evaluaciones externas a docentes y estudiantes, impactando las primeras en una suerte de examen de ingreso y de revalidación del título cada 5 años (Art. 545) y las segundas en un ranking de escuelas (Art. 549), lanzándolas a competir entre sí por matrícula y financiamiento.
El gobierno asumió en medio de una crisis internacional y local de consideración. El escenario en nuestro país es de una espiral inflacionaria y altos índices de pobreza, heredados de las gestiones del macrismo y del peronismo, e incrementado velozmente por Milei… es un terreno donde no hay margen social para aceptar pasivamente más sufrimiento. El gobierno de Milei, que llegó a la Rosada mediante un ascenso vertiginoso pero a la vez volátil, sigue exhibiendo un armado inestable. Su giro autoritario es una amenaza, pero su fuerza real para sustentarlo no posee solidez. Sus medidas, enteramente orientadas a beneficiar al gran capital concentrado, y que tratan de recostarse en especial en el capital financiero de origen yanqui, presuponen que la capacidad de resistencia popular está neutralizada. Las incipientes movilizaciones de las primeras dos semanas de gobierno, que desafiaron las bravuconadas de la ministra Bullrich, desmienten ese pronóstico. El paro general al que, bajo presión, llamó la burocracia de la CGT va en ese mismo sentido. Milei y su rejunte impresentable del Opus Dei, la banca J.P. Morgan, el macrismo y la resaca del menemato son el paragolpes del gran empresariado en su ataque contra la clase trabajadora. Ante la apuesta “a todo o nada” del capitalismo argentino, es necesario elevar una propuesta estratégica y revolucionaria propia de la clase trabajadora.
Luche y se van
Ante lo descarado y prepotente de los anuncios y medidas de un gobierno de ricos y antiobrero, cabe tener presente que su llegada al poder se da en medio de una serie de carambolas, que arriba sin cuadros, sin estructura partidaria, sin capacidad de movilización orgánica ni base territorial propia, y sin poder exponer grandes respaldos más allá de los aplausos del gran empresariado y la nunca desinteresada obediencia del aparato represivo. En términos internacionales, sus referentes principales son Trump y Bolsonaro… niguno de ambos en el gobierno. Se trata de una gestión que se recuesta a destiempo sobre EE.UU. para reeditar las “relaciones carnales” de los 90, pero con una potencia cuya hegemonía está cada vez más cuestionada. Si bien el FMI lo alienta en el ajuste que emprendió, ese respaldo no se tradujo aún en el giro de fondos para auxiliarlo… La pregunta que recorre de punta a punta todo el arco político es si con dicho armado, y en las actuales condiciones sociales y económicas, podrá aplicar ese programa sin salir eyectado. La sobreactuación de “dureza” en relación a la calle es un factor que muestra –justamente- cuáles son los principales temores y debilidades del gobierno. Ese despliegue represivo debe ser atendido para tomar recaudos, dejados de lado por largos años, pero sin sobreestimar la fuerza ni el aval de este gobierno cuya impopularidad crece a diario, elemento que va a contramano de su margen político para desplegar una represión a escalas cuanti y cualitativamente superiores.
Veíamos y corroboramos que este gobierno expresa de manera más cruda la situación del capitalismo actual. Por un lado, que su única alternativa es el aumento descarado de la explotación, el extractivismo, el saqueo de bienes comunes y derechos. Por otro lado, que la prédica supuestamente revulsiva respecto de “la casta” es una cortina de humo que se desvanece, y que solo puede exhibir una vuelta de tuerca más en la espiral de descomposición, amalgamando funcionarios de lo peor de cada gestión, privilegios para empresarios amigos, prebendas para jueces comprados, puestos para periodistas mercenarios y chupamedias.
Ante quienes sostienen que la “estabilidad democrática” caracteriza la época, retrucábamos que la rebelión estaba a la orden del día y que en la Argentina habría estallidos como los que vienen ocurriendo en Nuestramérica, en otros lugares del mundo y en ciertas regiones del país. El sistema no tiene mucho más para ofrecer, y esta camarilla descompuesta que encabeza Milei es un reflejo grotesco de eso: la certeza de mayor sufrimiento popular ahora (para que se enriquezcan más y más los millonarios) y la insostenible y mágica promesa de un futuro de crecimiento dentro de décadas. Lo que hay que discutir no es ya un cambio de gestión, sino la necesidad de superar este sistema de hambre que es el capitalismo.
No hay lugar para medias tintas: es indispensable que caiga el DNU y, junto con él, el gobierno autoritario que lo publicó.
En las calles gana el pueblo
El paro general con movilización y un plan de lucha deben ser medidas inmediatas. No podemos confiar en la dirección de la CGT: la exigencia de medidas debe ir de la mano de la autoorganización en los lugares de trabajo, que es nuestro reaseguro para superar a las burocracias, siempre dispuestas a claudicar en busca de mantener sus “cajas”. Debemos discutir con las intervenciones que ponen en el centro la idea de la “inconstitucionalidad”, de violación a la “división de poderes” a la “República”, que convocan a defender la “democracia y el estado de derecho” mediante la delegación, apelando a confiar en instituciones corrompidas. Ni el elenco político del peronismo, cuyo gobierno desembocó en este escenario que hoy padecemos, ni sus opciones de recambio con supuestos líderes y funcionarios que en un escenario de lucha dejan “en banda” a su base social, pueden ser alternativa ni ofrecer nada distinto a lo que ya conocemos y fracasó. Debemos alentar la autoconvocatoria, pero con una perspectiva organizativa; reapropiarnos del “Que se vayan todos” pero dando el debate programático en los ámbitos amplios y masivos. Hoy, más que nunca, debemos alentar la confianza en nuestras fuerzas, en el pueblo en las calles, en los logros que consiguen imponer la movilización popular y la lucha. El gobierno y la clase dominante temen eso, el único límite a sus proyectos.
La gran burguesía juega sus cartas en favor de este experimento, cuyo mascarón de proa (y fusible) es hoy el gobierno de Milei. Ante eso, debemos contraponer no solo nuestra capacidad de resistencia ante su avanzada sino nuestra propia posibilidad de elaborar un programa de salida: cada reivindicación inmediata y mínima guarda relación de forma directa a causas estructurales. Por eso, como planteamos en nuestra elaboración programática, que ponemos en debate con las organizaciones populares, sostenemos que sin dejar de pagar la deuda externa, sin expropiar al gran capital y el poder terrateniente, sin estatizar la banca, el comercio exterior, rutas y puertos, sin la unificación y nacionalización de los sistemas de educación y salud, no habrá soluciones duraderas y de fondo a las penurias populares.
El llamado a la lucha ya forma parte de la agenda de las masas. La necesidad de superar este sistema en clave revolucionaria, debe ser un aporte de los sectores de izquierda en este escenario de crisis.
