En enero se conoció un primer resultado concreto de los treinta días iniciales de gestión de Milei: una inflación por encima del 25,5%, tras su brutal devaluación del peso y la amplia desregulación económica. El gobierno actual puede exhibir el lamentable logro de duplicar el índice de inflación heredado de Massa, Alberto y Cristina Fernández, logrando en diciembre un récord mundial en la materia, y superando todos sus antecedentes previos desde 1991 a esta parte. En un año en el que el bolsillo de quienes vivimos de ingresos fijos sufrió una inflación por encima del 200%, los grandes empresarios y banqueros aplauden las medidas de un gabinete que reúne a sus sirvientes en materia de gobierno. Tal como hemos analizado, el DNU 70/23 y la llamada “Ley ómnibus” son un resumen inédito de las pretensiones del gran empresariado, el imperialismo y el capital financiero para arrasar con bienes, recursos y derechos del pueblo. La necesidad de frenar esta avanzada patronal va atada a la de discutir un proyecto de sociedad opuesto al que plantea el gran capital. El paro y movilización del 24 de enero deben ser el inicio de la entrada en escena de la clase trabajadora y el pueblo, quienes verdaderamente pueden asumir estas tareas.
La casta tiene sueldo
Mientras los representantes de los distintos bloques patronales se aprestan a la rosca parlamentaria, desfilan por el Congreso decenas de voces representando a colectivos de trabajadorxs de la cultura, la salud, la educación, científicxs, artistas, constitucionalistas, intelectuales… en su inmensa mayoría, expresan el rechazo al DNU y la “Ley Ómnibus”. A contramano de esos argumentos y esas voces que se levantan contra estas medidas autoritarias y que solo benefician al poder concentrado, los bloques parlamentarios demuestran, nuevamente, que su compromiso en ese parlamento no es el de defender los intereses populares sino preservar su lugar en el aparato estatal y negociar con el poder constituido. Lo decadente de esa rosca que comanda el oficialismo de “La Libertad Avanza” refleja que el actual gobierno no solo no afectó los intereses de ninguna “casta” política, ni judicial, ni militar… además, gobierna descaradamente para la casta empresarial, terrateniente y del capital financiero. Las negociaciones bajo cuerda incluyen, principalmente, a los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, pero también al peronismo, principalmente el bloque de Pichetto y más allá de él. Las matemáticas no mienten: con un bloque propio raquítico, y sin los números de apoyo del resto de los partidos patronales, es decir, “la casta”, ninguno de estos dos engendros legislativos pasaría exitosamente por el Congreso.
Discutir la quita de tal o cual artículo; negociar la poda de un derecho en función de alguna prebenda; tal es el carácter de esas negociaciones, que de tan espurias ni siquiera se dan en el ámbito del legislativo, y se llevan a cabo en despachos privados u hoteles de grandes empresarios. Quienes se avienen a votar o consentir, al menos parcialmente, estos proyectos convalidarán un ataque al pueblo y lxs trabajadorxs que no será olvidado fácilmente.
Solo el pueblo salva al pueblo
¿Qué se puede negociar con un gobierno que pretende barrer derechos sociales y de la clase trabajadora, y que además pretende una escalada represiva ante quienes protesten? ¿Qué negociación puede haber con un gobierno que quita el pan de las mesas obreras, el arroz de los comedores populares, y que llega al cinismo de pretender cobrarles los costos de los operativos represivos a quienes se movilizan? El rechazo al DNU y la Ley Ómnibus debe ser integral. No hay en ellos un solo aspecto que pueda favorecer a la clase trabajadora y al pueblo. La lucha contra este gobierno debe ser frontal y sin tregua. El DNU y la Ley Ómnibus deben caer, y junto a ellos, el gobierno impopular e ilegítimo que los sustenta, y que llegó a la Casa Rosada sin mayor mérito que haber encausado artificialmente la bronca popular, montado en el enorme descrédito y descalabro económico generado por sus predecesores, pero para aplicar políticas más regresivas incluso, redoblando la sumisión al FMI y tratando de liquidar conquistas obreras de décadas.
Sería erróneo creer que el parlamento o la justicia serán los ámbitos en los cuales esta ofensiva sea contenida. Será la acción de la clase trabajadora y el pueblo, ganando las calles y tomando en sus manos el paro, organizando la continuidad de las medidas de lucha más allá de las burocracias sindicales, quien garantice el freno a la prepotencia del gobierno que representa de manera desvergonzada a empresarios y banqueros.
Una histórica consigna recorre las paredes de las barriadas, las redes sociales, lo mismo que la memoria popular: luche y se van. Lo dicen lxs laburantes que van ganando claridad y conciencia; lo plantean en el tren, que aumenta el precio del boleto pero no la frecuencia. Lo dicen en el vestuario de la fábrica, porque las patronales ya se aprovechan para plantear suspensiones o beneficiarse de la tercerización. Se escucha en la calle y en la fila del supermercado, cuando lo que más masticamos es bronca porque los alimentos son impagables. Tenemos que derrotar a este gobierno y su ofensiva contra lxs laburantes, y pronto.
Para eso, debemos apostar a la unidad de acción amplia y para la lucha. Pero a la par, levantar un programa que ponga el eje en nuestros intereses como clase trabajadora. Echar al FMI y no pagar un centavo más de una deuda externa fraudulenta. Nacionalizar la banca. Unificar y estatizar los sistemas de salud y educación. Confiscar al gran empresariado que vive desde siempre del trabajo ajeno, y constituye la peor casta parasitaria que hay.
El paro general del 24 debe dar inicio a una lucha masiva contra este gobierno. El planteo de lxs revolucionarixs no solo hace eje en la posibilidad de derrotarlos, sino además en la necesidad de superar el origen de la actual crisis, que no es otra cosa que la descomposición capitalista.
