Desde hace décadas la descentralización y fragmentación del sistema educativo, como estrategia política neoliberal que se plasmó en las llamadas “leyes de transferencia” (tanto lo decretado por la dictadura en 1978 como lo promulgado por el menemismo en 1991/2), en la Ley Federal de Educación de 1993 y en la ley de financiamiento educativo ha sido la vía para profundizar la privatización, mercantilización y vaciamiento de la educación pública. De la mano de esta política, además, se han profundizado todas las formas de precarización laboral, de avasallamiento de los derechos estatutarios de la docencia y trabajadorxs de la educación. La penetración e injerencia de fundaciones y empresas privadas, organismos internacionales e iglesias en el sistema educativo, ha ido también consolidándose y nada de esto se revirtió con la Ley nacional de Educación del 2006. En los trazos gruesos, estos principales lineamientos –que emanan de las usinas imperialistas de pensamiento educativo- han tenido continuidad hasta el día de hoy.
Durante la pandemia, tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos provinciales se ha aprovechado la crítica situación para avanzar en formas de precarización laboral y también educativa. Primero de la mano del teletrabajo y el intento de implementación de plataformas que buscaban consolidar el rol del docente como mero facilitador, luego enarbolando una presencialidad criminal que postula a la escuela como mera guardería, evidenciando brutalmente que lejos están los gobiernos de tener algún genuino interés por pensar y garantizar un vínculo realmente pedagógico con lxs estudiantes. Y todo en el marco de una multiplicación de programas y formas de precarización laboral que instalan en las escuelas formas antiestatutarias de contratación laboral, arrasan con los concursos, avanzan con las modalidades de actos públicos virtuales y de fondo, con la vieja pretensión de la designación a dedo de la docencia y sobre todo del personal directivo.
Las luchas contra la presencialidad
En este escenario, en distintas jurisdicciones del país la docencia y comunidad educativa han llevado adelante importantes luchas contra la vuelta a clases presenciales, entendiendo que en las actuales condiciones epidemiológicas, es imperiosa la disminución de la circulación comunitaria del virus. Los altísimos niveles de contagios y muertes a nivel nacional, ponen de relieve la necesidad urgente de pasar a la virtualidad. La demanda de suspensión de las actividades presenciales incluye además el reclamo por vacunación masiva, medidas de fondo en relación con el sistema de salud y educativo y la suspensión de toda actividad no esencial sin suspensiones ni rebajas salariales y con ingresos de emergencia para desocupadxs y precarizadxs.
Desde el gobierno nacional, tanto el Ministro Trotta como la Ministra Carla Vizzotti sostuvieron hasta el mismísimo 14 de abril que las escuelas y los centros de trabajo no eran lugares de contagio. Un discurso que fueron agitando desde enero, con la política de abrir las escuelas a la medida de las necesidades empresariales, escondiendo bajo la alfombra el propio semáforo que el Consejo Federal de Educación había elaborado el año pasado: recordemos que a fines del 2020 Trotta lanzó el famoso programa “A las aulas”, secundado por el conglomerado de empresas y fundaciones “educativas”.
La disputa político electoral entre el gobierno nacional, que dispuso de manera tardía y muy tibia algunas medidas, como la suspensión de la presencialidad en el AMBA, y los gobiernos de Juntos por el Cambio como el de Larreta en CABA, o del peronista Schiaretti en Córdoba que expresan lo más recalcitrante de la política negacionista y sostienen la apertura total y la presencialidad escolar, derivó en una escalada brutal de contagios, muertes y saturación del sistema de salud.
En ese contexto, la docencia de esas jurisdicciones sostuvo importantes luchas, destacándose la huelga sostenida por más de tres semanas por la docencia porteña, logrando un importante nivel de acompañamiento de la comunidad, apoyo social en acciones como semaforazos, cortes y caravanas, encabezadas por el sindicato Ademys. Lo mismo impulsaron desde la conducción del Suteba Bahía Blanca para resistir la presencialidad y de otras jurisdicciones de provincia de Buenos Aires como Ensenada y Escobar donde se mantiene la presencialidad en la educación especial con la lógica de Trotta de la “Presencialidad administrada”. También se llevaron adelante medidas de fuerza en Misiones, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Además, durante 2020 se han desarrollado importantes luchas de trabajadorxs autoconvocados en Tucumán, Jujuy y Salta.
La persecución a la docencia que lucha
Todas las luchas en curso se llevaron adelante pese a la complicidad de los sindicatos y federaciones nacionales que, como parte del Consejo Federal de Educación, avalaron y acompañaron esta política.
Desde Fuentealba en adelante, a nadie sorprende que la política de la CTERA continúe siendo promover el aislamiento de las luchas, evitar la articulación nacional, dejar en soledad a aquellos conflictos que no responden a su alineamiento político. En el actual contexto, no sólo no se convoca a una medida de fuerza nacional que permita visibilizar la gravísima situación en todo el país, sino que tampoco se realiza ningún tipo de acción frente a la persecución a quienes enfrentan estas políticas. Al contrario, el silencio cómplice las avala. Lejos de representar los intereses de lxs trabajadorxs de la educación, están ya plenamente integrados al gobierno y al aparato estatal.
Los ejemplos de persecución e intento de disciplinamiento de la docencia en lucha se multiplican con diversas formas como la judicialización, represión, extorsión financiera. Ya en 2015, la gobernadora Fabiana Ríos había impulsado la judicialización que terminó con la exoneración de 17 trabajadorxs docentes por la lucha que llevaron adelante en Tierra del Fuego, lo que fue avalado luego por Bertone. Las exoneraciones a docentes fueron la máxima expresión de la criminalización de la protesta social y una persecución política y sindical sin precedentes que incluyó suspensiones y sanciones sobre las supervisoras, cargos “rompehuelga”, policías dentro de los establecimientos educativos, los legajos abiertos impidiendo titularizaciones, la prohibición de realización de asambleas y de conversar en los recreos en sala de docentes, amenazas y coacción sobre docentes en general y equipos directivos, descuentos ilegítimos a toda la docencia.
Este año, en Santa Cruz, el gobierno de Alicia Kirchner estableció una multa de $ 12 millones a la Adosac por sostener la lucha por los salarios adeudados, constituyendo un brutal intento de disciplinamiento y persecución sindical por la vía de la extorsión financiera a uno de los pocos sindicatos que en la provincia mantiene una política de independencia de clase y que ha sostenido intensas luchas en defensa de la educación y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación.
A esto se suman los descuentos salariales por días de huelga en CABA, en Chaco y otras provincias, como es costumbre en cada conflicto; la sustanciación de causas judiciales a compañerxs del SUTE de Mendoza, también de Santa Cruz y a la secretaria general de SUTEBA Tigre, de Ademys y hasta de la propia UTE, entre otrxs.
Frente a todo ello, la dirección Celeste de CTERA no ha tomado ninguna medida ni repudiado este ataque a sus entidades de base ni a la docencia en general.
Por una articulación nacional de la docencia en lucha
En este escenario, se hace evidente la necesidad de desarrollar una articulación nacional docente entre los sindicatos, agrupaciones, seccionales que venimos desde hace años desarrollando una perspectiva democrática, antiburocrática, que ponga por delante los intereses de lxs trabajadorxs de la educación. Necesitamos construir un espacio nacional que permita no solo aglutinar las luchas en curso sino dar una perspectiva de largo plazo que nos plantee como horizonte la construcción de una alternativa real a la dirección de la CTERA, permitiendo unificar la diversidad de expresiones y organizaciones sindicales combativas que hoy se desarrollan, incluyendo a los sectores de autoconvocadxs que en muchas provincias se desarrollan pero que luego no encuentran un cauce estable donde canalizar esa organización.
Para ello, debemos dar los pasos necesarios para poder impulsar acciones de lucha articuladas a nivel nacional que puedan ser visualizadas por el conjunto de la docencia como un espacio real y concreto al que acercarse y sumarse. Pero al mismo tiempo, se hace necesario un esfuerzo colectivo para hacer los balances y debates necesarios que nos permitan –conociendo y contemplando nuestras diferencias- llegar a puntos sólidos en común para poner realmente en pie una alternativa de fondo y de largo plazo para la docencia a nivel nacional.
Urge pensar cómo, y encontrar el camino… las organizaciones que están dentro y las que estamos fuera de CTERA necesitamos repensar cómo construimos espacios de organización y/o refundamos los existentes, cómo disputamos o cuestionamos las modificaciones estatutarias que dejaron fuera de CTERA a varias organizaciones por jurisdicción, cómo vamos desarrollando una articulación efectiva que potencie realmente nuestras luchas, dejando de lado personalismos, viejas rencillas, chicanas, sectarismos y prácticas patriarcales sindicaleras y aparateos, que en nada ayudan a poder desplegar esa necesaria unidad de quienes luchamos verdaderamente por una educación emancipadora y por los derechos de la clase trabajadora.
Maisábel Grau, Secretaria de Prensa de Ademys y parte del Colectivo de Trabajadorxs de la Ed. Haroldo Conti. Miembro de Venceremos-PT
