Los intentos frustrados de reforma de la 7722 en Mendoza y el actual proyecto 128/20 de zonificación que se propone avanzar en la implementación de la megaminería en Chubut y revertir 18 años de resistencia popular, son parte de una política de gobierno, ajustada a las exigencias del capitalismo y sus necesidades de expansión a cualquier costo.
Profundizar el extractivismo y quebrar la resistencia popular de las provincias antimineras fue parte de la plataforma política del Alberto Fernández como candidato a presidente del Frente de Todos. Así se lo decía al empresariado del sector minero, en San Juan, en octubre de 2019: “Todavía hay muchos recursos mineros no explotados en Argentina, como son los casos de las provincias de San Juan, Catamarca, Santa Cruz, así como en muchas otras jurisdicciones que son reacias a esta industria. Vaca Muerta ofrece una gran oportunidad, de la misma manera con el litio, el oro, el cobre… son tantas las oportunidades que Argentina posee que tenemos un gran desafío por delante.”
“Las jurisdicciones reacias” a las que se refería son aquellas con marcos normativos provinciales prohibitivos de las actividades extractivas más contaminantes y con pueblos movilizados en su defensa, como Chubut y la ley 5001. El año pasado en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio, el gobierno de Arcioni comenzó a hablar del proyecto de zonificación elaborado junto al secretario de minería Alberto Hensel a espaldas de la población, para “ampliar la matriz productiva” y habilitar el avance del proyecto «Navidad» de Pan American Silver. Se trata de un proyecto de ley que Alberto Fernández anunciaba como un logro en diciembre de 2019 en un evento de la Asociación Empresaria Argentina, junto con la reforma de la 7722 de Mendoza.
Pero esta nueva embestida minera en la provincia fue advertida por las asambleas ambientalistas que ya preparaban una Segunda Iniciativa Popular para modificar algunos artículos de la 5001 y alejar más la megaminería de la provincia. La iniciativa apoyada por más 30 mil firmas, las numerosas movilizaciones en las principales ciudades de Chubut y más de 40 declaraciones de asociaciones de intelectuales y académicos en rechazo al proyecto oficial, vuelven a demostrar que no hay licencia social para el avance de estos proyectos en la provincia. Así se lo hicieron saber integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina y de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut al presidente de la Nación a través de una carta dirigida el pasado 10 de Diciembre, en la que solicitan “…el cese del impulso de su gobierno a la habilitación de dicha actividad extractiva en nuestra provincia.”
El revés en Mendoza y la fuerte resistencia del pueblo de Chubut a estas pretensiones pusieron en jaque los planes de las corporaciones mineras. Esto obligó al presidente a abandonar su silencio esta última semana, y mostrar su respaldo a la iniciativa oficial del gobierno de Arcioni. Esto, al margen de las consecuencias negativas que pueda generar hacia las figuras del PJ provincial, opositoras al gobierno de Arcioni, que aún se resisten a acompañar la iniciativa por el descontento popular generalizado a la misma.
A estas alturas la población de Chubut, que soporta una crisis económica y social sin precedentes por decisión de los últimos gobiernos, y es testigo de sucesivos, repentinos e injustificados cambios de posición de lxs funcionarixs, tiene en claro que no puede confiar en lxs políticxs que dicen representarles. Son 18 años de un arduo trabajo de análisis, debates, recopilación, difusión de conocimientos y acciones amparadas en los instrumentos propios del Estado de Derecho y los canales institucionales de la legalidad en «Democracia», para intentar evitar la megaminería en el territorio. Sin embargo, como se evidenció rápidamente, los intereses empresariales y de los gobiernos nacional y provincial no hay respetado ninguna de esas garantías democráticas. En su afán de llevar adelante este saqueo y destrucción de bienes comunes, han realizado una brutal extorsión económica, persecución a quienes se organizan para.resistir, con detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento.
El papel de lxs funcionarixs del gobierno, oficialistas y opositores, la corrupción, el aval a los hechos represivos, las componendas y el nulo respeto a a voluntad popular que se ha expresado de manera masiva contra la mega minería ponen al descubierto la verdadera función del Estado y sus instituciones.
Tal como dicen investigadores locales especializados en el tema: el extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya «zonas de sacrificio», que provean los «subsidios ecológicos» de ese consumo desigual del mundo.
No hay capitalismo sin extractivismo. El capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. La megaminería, así como otros proyectos extractivistas hidrocarburiferos, agrícolas, hídricos, etc, son parte de un modelo de desarrollo muy conocido y muy debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales que consolidan la dependencia y la destrucción ambiental de nuestros territorios. Por eso, apostar a un proyecto político, social y ambiental basado en otro tipo de matriz de producción y consumo debe tener como horizonte destruir el modo de producción capitalista.

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