El sueldo sigue sin alcanzar: la deuda es con los salarios y jubilaciones

¿A dónde apuntan las primeras medidas de gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos en materia de salarios y jubilaciones? ¿Cuál es el peso de la deuda externa en nuestra economía y cómo nos afecta como trabajadoras y trabajadores? El papel del gobierno, la quietud de las centrales sindicales y un panorama donde el sueldo sigue sin alcanzar, y los “esfuerzos solidarios” no los realizan los grandes empresarios sino el propio pueblo.

Una deuda externa fraudulenta e impagable que nos condena a más hambre

El marco insoslayable en el que la economía argentina se mueve es una deuda externa impagable. El macrismo ha hecho su aporte, dejando una relación entre deuda externa y PBI anual que equipara ambas variables. El actual gobierno del Frente de Todos (FdT), lejos de una revisión crítica sobre el endeudamiento heredado, promueve postergar los plazos de pago pero reconociendo íntegramente los compromisos de la gestión de Cambiemos. Mientras se denuncia desde el actual oficialismo que el macrismo facilitó la fuga del país de cerca de 88.000 millones de u$s (un monto similar al del endeudamiento contraído en esa gestión), se descarta siquiera la posibilidad de investigar las maniobras para consagrar esa estafa. Así, los millones que sirvieron para que los grandes bancos, mineras, petroleras, cerealeras y empresas de servicios e industria acrecentarán sus fortunas en dólares, deberán ser pagados sin objeciones por el pueblo. Tal es el carácter de la negociación que proyecta el gobierno; y ése es el contenido de la votación casi unánime en diputados: exceptuando los dos votos de la izquierda, la totalidad del FdT y Cambiemos avalaron esa “renegociación”, que implica la validación de una colosal estafa.

Mientras las cuentas públicas se enmarcan en una línea de austeridad que le valió a AF elogios del mismísimo Fondo Monetario Internacional, el destino de las y los trabajadores parece ser el de quedar al fondo de la fila. Desde una visión de clase, para las y los trabajadores, la deuda es con nosotras y nosotros, no con los banqueros.

Salarios que siguen sin alcanzar 

Desde noviembre de 2019, el salario mínimo en nuestro país es de $16.875. Esa cifra, alejada de las necesidades reales de subsistencia, equivale a menos de media canasta de pobreza, ubicada en los $38.960 por el INDEC. Esto, sin contar servicios básicos como el pago de un alquiler. Las y los trabajadores del organismo oficial de estadísticas, sostienen que la canasta completa, que incluye alimentos, bienes y servicios para una familia tipo, supera hoy los $61.000. La política de recomposición salarial que ha anunciado el gobierno es la de sumas fijas (aumentos que no impactan proporcionalmente igual para todo el escalafón de trabajadoras y trabajadores). Se niega así la posibilidad de un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVyM), o de una recomposición con un porcentual, parejo para todas y todos los asalariados. Aumentar el SMVyM impactaría no solo sobre los salarios en blanco, sino también sobre los trabajadores informales, para quienes esta cifra es un parámetro; para las y los beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad de dicho monto; para muchas y muchos jubilados, que reciben mensualmente el 82% de ese salario. La política de sumas fijas, en cambio, impacta solamente sobre la base de la pirámide escalafonaria de sueldos y jubilaciones: lejos de recomponer los ingresos populares, genera distorsiones entre los propios asalariados. De esta manera, por sobre la caída del salario real durante el macrismo, que promedió entre un 15% y 25% (siendo las y los estatales y precarizados los más perjudicados) a muchos trabajadores y trabajadoras se les descargará un nuevo ajuste sobre sus ingresos.

El papel de las centrales

Durante la gestión de los CEOs, unos 240.000 empleados del sector privado perdieron su trabajo. Si se descuentan los nuevos empleos, mayormente precarizados (monotributistas y empleados bajo diversas formas fraudulentas de contratación, con becarios, convenios con ONGs y universidades que abundan en el sector estatal) el saldo total de despidos fue de 112.500 trabajadoras/es. La pobreza se expandió en unos 5 millones de personas, y las mediciones oscilan en ubicarla entre un 35% y un 40% de la población total. Nada de esto hubiera sido posible sin la pasividad o abierta complicidad de los partidos patronales, incluidas en diverso grado las distintas variantes del peronismo, y sobre todo, sin la colaboración de las cúpulas sindicales. El desprestigio de las burocracias fue visible para amplios sectores de la clase obrera, e incluyó muestras de repudio como el copamiento de escenario a la cúpula de la CGT, robo de atril incluido, en 2017. Muchos de esos mismos dirigentes, otrora abucheados por su complicidad con el macrismo, siguen en los sillones de sus sindicatos y de la propia CGT, oficialistas del que gobierne. La casi totalidad de las direcciones sindicales, de raigambre burocrática, se encolumna hoy detrás del FdT. Esto incluye a “Gordos e Independientes” de la CGT, pero también al moyanismo, o a las vertientes de la CTA. Mientras el salario sigue sin alcanzar para nada y el aumento de precios en los alimentos no se detiene, las direcciones burocráticas le otorgan los característicos meses de gracia al nuevo gobierno, y en muchos casos se aprestan a avalar la política de aumentos por sumas fijas (como ya manifestó abiertamente Cavallieri en Comercio), o a abandonar la cláusula gatillo y aceptar un nuevo achatamiento en el escalafón (como Alesso y Baradel en Docentes) y, en general, a avanzar en un “Pacto Social” con salarios por debajo de la inflación, nuevamente.

Los pícaros y los solidarios

Recientemente, trascendió la denuncia sobre Paolo Rocca, accionista mayoritario del grupo Techint. Mediante una maniobra impositiva, avalada por el gobierno de Macri, logró evitar aportes patronales sobre los aumentos salariales asignados entre abril y noviembre de 2019. El monto evadido: $ 400 millones que el grupo no tributó en aportes. Recordemos que Techint, principal productor de acero para la industria, ha obtenido ganancias récord durante los últimos años, y que Paolo Rocca posee la principal fortuna en nuestro país, que supera los u$s 8.000 millones. Por su parte, se supo también mediante denuncias periodísticas que Marcos Galperín, principal accionista de Mercado Libre y Mercado Pago, se desprendió muy oportunamente de letras del tesoro (LECAPs) por un monto de más de $1.300 millones a menos de dos semanas de que el gobierno macrista decidiera “reperfilar” los pagos de éstas. Quienes no se quedaron atrás fueron los dueños del grupo empresario Vicentín, principal aportante a la campaña de Cambiemos y también principal beneficiario de préstamos del Banco Nación. Vicentín debe más de $18.000 millones a la entidad. La toma de esa deuda es calificada por las actuales autoridades del banco como “una maniobra fraudulenta”. El grupo empresario es la 4ta empresa en importancia en el agronegocio exportador de soja y una de las 6 de mayor facturación en el país, en plena expansión durante el macrismo.

La vara para accionar sobre estos grupos parece ser muy distinta a la que se emplea sobre las y los trabajadores. Mientras se realizan denuncias públicas sobre estos negociados desde medios oficialistas, no se toman medidas para recuperar los millones robados a las arcas públicas.

Entre sus primeras medidas, el gobierno ha otorgado rebajas de impuestos a mineras y petroleras, y ha practicado una actualización impositiva a exportadores de soja que apenas si emparda la aplicada en los inicios del macrismo. En cambio, se le pide un “esfuerzo solidario” a los propios trabajadores y trabajadoras, achatando las escalas salariales para beneficiar “a los que menos tienen”, o se reemplaza la ya exigua movilidad jubilatoria, colocando una línea divisoria entre quienes ganan la jubilación mínima y quienes superan los $19.000, un monto realmente magro y que apenas supera la mitad de la canasta de pobreza.

Desde Venceremos-Partido de Trabajadorxs, sostenemos que los efectos de la crisis económica no deben seguir recayendo sobre las y los trabajadores. Quienes deben hacer el esfuerzo fiscal son los banqueros, las privatizadas y los grandes ganadores de todos estos años. Ningún trabajador o trabajadora debe estar por debajo de la línea de pobreza. Los millones de dólares fugados, que encadenan a nuestro país al FMI y al imperialismo, no deben pagarse. Esa deuda debe investigarse y no convalidarse, como recientemente ha votado de manera vergonzosa la cámara de diputados. Ese dinero debe ponerse al servicio del pueblo, y no de los buitres y monopolios. 

¡La deuda es con los pueblos, no con el FMI!