En el marco del debate por la reforma del Código Penal realizado en el Senado de la Nación, fue convocado a intervenir nuestro compañero Ismael Jalil, abogado y referente de CORREPI. Compartimos parte de su intervención, que se dió en simultáneo a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en todo el país.
“Mientras nosotrxs estamos aquí intentando discutir una reforma penal, en las calles del país y más precisamente en las mismas barbas de este Congreso, miles y miles de personas se disponen a marchar contra una de las prácticas más repudiables del despliegue represivo estatal: contra el gatillo fácil, represión como política de Estado en su más alta dimensión.
En paralelo, se está realizando la marcha de los movimientos sociales con millones de trabajadorxs desocupadxs acuciadxs por el hambre y la necesidad más básica. Millones de pobres que salen a decir que no pueden más, que no pueden esperar más. Nacer para vivir muriendo, es un ejemplo de manual de lo que es una paradoja, pero es mucho más que eso. Es un perfume de época: el pueblo no aguanta ni el hambre ni las balas, pero sus representantes que mantienen cerrado el congreso y no tratan la grave crisis en la que está sumido el país. Pretenden que debatamos sobre los diferentes modos de acrecentar el disciplinamiento social. Vinimos a este ámbito para decir que hay una realidad en las calles que claramente demuestra que la reforma al código penal no es una necesidad del pueblo trabajador. Ni siquiera el argumento de la “seguridad” los alcanza. Nadie sabe más de seguridad que la misma clase trabajadora. Y nadie mejor que ella sabe que la inseguridad se diseña de arriba para abajo.
El reclutamiento de lxs jóvenes en condiciones policiales, el regenteo de bandas, el negocio del excedente de capital que se canaliza a través de la droga, por poner sólo algunos ejemplos, demuestra la intrínseca vinculación entre la verdadera inseguridad y las agencias de seguridad presuntamente encargadas de combatirla. El 38% de las muertes en manos del Estado, se representa en la modalidad gatillo fácil y recae abrumadoramente sobre pibxs pobres de entre 15 a 25 años. Todxs ellxs hijxs de los barrios más humildes.
La inseguridad sin dudas es un tema clave para nuestra gente, pero mientras el proyecto parte de considerar que nuestros pibes son peligrosos, nosotros decimos que están en peligro. ¡Y lo último que necesita son reformas punitivas! La masacre de Monte explica sin eufemismos leguleyos lo que significa la inseguridad para lxs hijxs de la clase trabajadora. La sociedad más segura no es la que mejor sofistica su aparato represivo y criminalizador, la sociedad más segura es la sociedad justa. Hay una construcción histórica, un proceso deliberado y conducido desde el Poder que se pretende instalar como un hecho natural.
Es lo que ocurre con la aparente separación entre lo jurídico y lo político. El derecho (lo jurídico) en tanto forma ideológica específica plantea una elaboración ideal de la realidad, pero sigue a los hechos (que es lo político), plantear su separación es como mínimo inexacto, falaz, cuando no, tramposo.
Integra el grupo de otras no menos ampulosas aunque más despiadadas, por ejemplo: “Todxs somos iguales ante la ley”. Mentira. Falacia con la que se han formado y regulado varias generaciones. No existe igualdad ante la ley cuando existen desigualdades estructurales en la sociedad en dónde esa ley pretende imperar.
Hace unos días, una mujer vinculada al Poder, candidata a senadora por la Ciudad de Bs. As., hurtó del supermercado COTO una serie de productos que derivaron en su detención, indagatoria y posterior liberación. Apenas días antes, en otra sucursal de la misma cadena, Vicente Ferrer, un jubilado hambreado por las políticas de ajuste, cometió el mismo delito y terminó asesinado por integrantes de una agencia de seguridad cuya tarea ha sido delegada por el Estado que además debe supervisarlo.
Somos latinoamericanxs y nuestras necesidades se reflejan así: el 40% más pobre de nuestros países recibe el 15% de los ingresos, mientras el 10% más rico recibe el 33%. Desconfiamos de las reformas que niegan esta realidad pero a la hora de penalizar lo hacen con parámetros del primer mundo.
Vivimos (sobrevivimos) en una sociedad dividida en clases, es un presupuesto político del cual se derivan necesariamente postulados jurídicos. No es una cuestión de derecho, sino de privilegios. La sola mención al reinado del derecho de propiedad como formulación universal torna innecesaria la aclaración: el 80% de la población mundial no es propietaria de ningún medio de producción, sin embargo es el derecho que guía todas las relaciones sociales.
Somos conscientes que esta reforma es imprescindible solo para quienes manejan los resortes del Poder y conducen al país según las hipótesis de conflictos enmarcados en el nuevo proceso mundial de “guerra civil legal”, con un verdadero arsenal de herramientas dirigidas frontalmente a la represión de la pobreza y de la protesta, de los migrantes y los disidentes, de las etnias, de los refugiados, de los disconformes.
No caeremos en la trampa de consagrar la lógica de “más poder para los gobiernos y menos derechos para lxs ciudadanxs”. Eso se esconde detrás de figuras que resultan incuestionables abordar: como las de violencia de género y otras de cúneo actual y que expresan el grado de conflictividad social surgido en la órbita de la intimidad de las personas. No nos oponemos a eso. Nos oponemos a que detrás de esa necesidad se consagren restricciones inadmisibles a los derechos de los que siempre terminan siendo carne de cañón. Un ejemplo: no existe ninguna necesidad popular para reformar el código penal en materia de derecho a la protesta, en todo caso hay que reformar los criterios políticos para que la protesta no resulte una necesidad. Una reforma exige analizar a fondo el proceso histórico en curso durante su postulación. Y el presente de esta reforma es ampliamente desfavorable para los trabajadores. La intrínseca vinculación de lo legal e ilegal en materia represiva lo corrobora.
Desde le disciplinamiento para el control social que en esta instancia se ha consagrado con la denominada doctrina Chocobar, cuya formulación es imperioso desarmar (derogación de la resolución 956/18) y repudio a la concepción “versión de la fuerza versión de verdad”, hasta el disciplinamiento selectivo que implican las diferentes formas que asume la criminalización de la protesta (detenidxs por causas inventadas bajo figuras graves, presos políticos como Milagros Sala y Daniel Ruiz)
La formulación del nuevo art 34 es en esencia la consagración absoluta de la frase emblemática de la ministra Bullrich que sirvió para consagrar varias impunidades: “El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. El miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”
Los derechos tienen rangos, hay una “jerarquía de derechos”. Los de la protesta social son inherentes al estado de derecho y son fundamentales, pero además, el lugar dónde deben expresarse es en la calle. Si hay estado de necesidad no hay delito, pero esto es omitido por los reformadores.
Pero además es inconstitucional el patrullaje que promete la reforma cuando habilita la formulación de otras figuras hoy existentes (amenazas, intimidación, etc ) y que ahora verán agravadas sus penas. La línea de la reforma una vez más, es policializar y criminalizar fenómenos sociales y políticos.
Capítulo aparte para evaluar la verdadera necesidad de contar con una unificación de la legislación “antiterrorista”. Es la excusa para ampliar una vez más las ilimitadas facultades que en la materia tienen las fuerzas de seguridad con las figuras del informante, infiltrado, y toda la gama de buchones que se detallan a costa del derecho de los ciudadanos.Termina instalando un despliegue policíaco-militar orientado contra adversarios definidos como enemigos.
La excusa de los atentados contra la Embajada de Israel y de la AMIA, son tan pueriles como falsas. Recogen hipótesis de conflicto que nos son ajenas como país independiente. Pero otra vez lo jurídico y lo político se dan la mano. La alineación del actual gobierno a las órdenes de los EEUU es la que promueve la necesidad de la reforma en este aspecto.
Súmese a ello la ruptura de la línea histórica de nuestro país en materia de inmigración, y con advertir la instalación de verdaderos “delitos de inmigrantes” en su condición de tales, alcanza para repudiarla y obliga a pararnos en la vereda de enfrente. Está claro que el proceso histórico en el que se enmarca la reforma no nos habla de necesidades del Pueblo. Los trabajadores, los disconformes, los pobres, los migrantes, las disidencias, quedan todos expuestos con esta reforma”
