*por María del Carmen Verdú
A pesar del escenario aún sin definiciones en materia de candidaturas, la campaña electoral de Cambiemos está lanzada, con Patricia Bullrich como principal vocera, confirmando así que el “voto bala” y el “voto cárcel” son los dos ejes elegidos para conservar su núcleo duro de votantes.
El récord en materia de gatillo fácil y muertes en lugares de detención que Cambiemos alcanzó en 2018, con la muerte de una persona cada 21 horas, ya fue superado en los primeros meses de este año. Sólo entre el 1º y el 23 de mayo, y exclusivamente a partir de lo publicado en medios de comunicación, CORREPI contabilizó 26 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, lo que permite asegurar que son aún más, ya que muchas veces ni siquiera se publica la falsa versión del “enfrentamiento”, mientras que la mayoría de las muertes bajo custodia es sistemáticamente silenciada.
Cuatro de esas 26 muertes de mayo corresponden a lo que el martes 21 la prensa hegemónica presentó como un “accidente fatal” entre un auto en el que viajaban cinco jóvenes y un acoplado estacionado, y hoy ya no pueden evitar llamar Masacre de Monte. Al mismo tiempo que circulaban los diarios con el titular originado en la versión policial, en San Miguel del Monte las familias de las víctimas, junto a vecinos y vecinas de la ciudad bonaerense, recorrían las calles, acompañadxs por referentes de organizaciones antirrepresivas y de DDHH, como nuestro compañero Ismael Jalil, y recuperaban las evidencias que permitieron, en menos de 24 horas, demoler el relato oficial. Es que el asesinato de tres criaturas de 13 y 14 años, y de un joven de 22, más Rocío, la nena de 13 que lucha por sobrevivir en el Hospital del Cruce de Varela, no podía pasar impune.
Al mediodía de ese martes, la fiscalía ya había recibido las imágenes de las cámaras de seguridad municipales, que registraron distintos tramos de la persecución policial, incluido uno de los momentos en que, con medio cuerpo fuera de la ventanilla de uno de los patrulleros, el oficial García realizó varios disparos. En ese preciso lugar, lxs familiares encontraron cuatro vainas servidas, que la pericia de cotejo terminantemente probó que pasaron por el cañón de su arma reglamentaria. “No hice ningún disparo, ni vi ni escuché que mis compañeros usaran sus armas”, había declarado horas antes el mismo policía. Poco después, el hallazgo de un proyectil 9mm en el cuerpo de unx de lxs niñxs asesinados, además con trayectoria desde atrás, porque ingresó por el glúteo, fue completando el cuadro. La pericia sobre esa bala identificó el arma de otro de los policías, y se sumaron las declaraciones de muchas personas que habían visto distintos tramos de la persecución y cacería y no dudaron en presentarse en la fiscalía a contarlo.
Con la población de Monte en las calles, movilizada junto a las familias para denunciar el gatillo fácil y exigir cárcel a los asesinos, y ejemplos de compromiso solidario como el trabajador municipal que no dudó en poner a disposición el video de las cámaras sin escuchar las amenazas de despido de sus superiores, el armado oficial se desmoronó, y quedaron expuestos el crimen y cómo funciona la maquinaria de encubrimiento oficial que acompaña los hechos represivos como la sombra al cuerpo.
En menos de una semana, 12 policías, incluido el comisario, fueron detenidos e indagados por homicidio agravado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad, en el caso de los que iban en los patrulleros; y por encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público los restantes. También fue detenido e imputado como encubridor el secretario de Seguridad del municipio.
Mientras la gobernadora Vidal, jefa directa de todos los detenidos, desaparecía del foro, y su ministro de Seguridad Ritondo intentaba alguna declaración de compromiso, fue nuevamente Patricia Bullrich quien salió a recorrer canales de TV y estudios de radio para confrontar esa realidad. Empezó por responsabilizar a la población de San Miguel del Monte, a quienes acusó de tener “una cierta relación de distancia”, miedo y desconfianza a la policía. Luego, reafirmó que la “Doctrina Chocobar” es el paradigma ordenador de la actuación de las fuerzas de seguridad bajo su mando y ratificó la orden del gobierno que representa de usar las armas reglamentarias contra personas en fuga, desarmadas o por la espalda (y de 13 o 14 años, como en Monte). Cuando tímidamente algún periodista le habló del reciente fallo de la Cámara Federal de Fiske Menuco (Gral. Roca dicen ellos) que desarmó la falsa versión de los prefectos sobre el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, versión a la que ella misma en conferencia de prensa enalteció como “versión de verdad”, atacó al órgano judicial definiéndolo como “cámara absolutamente liberadora permanentemente de narcos” y “cámara militante, que hace justicia política”.
Ya sin argumentos disponibles, cargó contra las organizaciones populares que militan contra la represión estatal, y específicamente contra CORREPI, “aparato ideológico”, dijo, que persigue policías y los condena por el solo hecho de serlo…o sea, la culpa no es del policía que mata por la espalda, es de quienes lo denunciamos públicamente. En la misma línea, definió la desaparición forzada, tortura y muerte de Luciano Arruga de “mentira, una construcción como intentó ser la de Maldonado”, verdadera afrenta a la memoria de Luciano y todxs lxs asesinadxs por el aparato represivo estatal, a sus familiares y amigxs y a su consecuente lucha por verdad y justicia.
La verborragia trocó en confuso tartamudeo cuando la interrogaron sobre las falsas acusaciones de terrorismo que formuló contra los dos hermanos de la colectividad musulmana de Floresta, contra trabajadorxs migrantes con amenazas de expulsión, como el ciudadano turco y los demás detenidos en la marcha contra al Presupuesto, y, finalmente, sobre su relación (o la de su nieto, según nos quiere hacer creer) con el espía multifuncional D’Alessio. Pero si algo quedó claro de las varias y largas entrevistas, es que, en el marco del año electoral, el gobierno de Cambiemos sigue apostando al voto bala y el voto cárcel, y que lo único cierto de todo lo que vomitó la ministra es que, pese a ello, crece y se extiende la lucha contra la represión. Lucha que, cuando tiene el enorme protagonismo popular alcanzado en San Miguel del Monte, con un pueblo entero encolumnado por verdad y justicia, tiene la fuerza necesaria para tumbar el muro de silencio mediático y para desbaratar las mentirosas versiones oficiales.
