El 16 de enero el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marco Peña y los ministros de Educación y Trabajo, Finochiaro y Triaca, respectivamente, firmaron un decreto que pone fin a la paritaria nacional de las y los trabajadores de la educación y consagra la desigualdad y fragmentación  del sistema educativo.
El decreto 52/2018 modifica aspectos centrales del decreto 457/2007, unilateralmente. En primer lugar, cambia el criterio de representatividad de los sindicatos nacionales. Así, eliminada la proporcionalidad, pone en igualdad de condicional a CTERA, por ejemplo, la central de trabajadores/as de la educación más grande del país con cualquier sindicato de cartón que pueda armar el propio gobierno a su gusto.
En este sentido, Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), expresó en los medios que “se modifica la forma de representación democrática básica en la paritaria: ahora, cada sindicato nacional tendrá un representante, sin importar su cantidad de afiliados y representatividad real. De esta manera, se vulnera la representación real de mayorías y minorías para generar un escenario más propicio al gobierno durante las negociaciones. El gobierno es juez y parte, modificando las reglas de juego a su beneficio”
En segundo lugar, el decreto echa por tierra la paritaria nacional y deja librado el salario a lo que cada provincia “pueda” pagar, o mejor dicho, a la correlación de fuerzas de cada territorio. En los hechos, significa que el sistema educativo se fragmentará mucho más. Las provincias con mayor posibilidades presupuestarias, o donde los/as trabajadores logren mejores conquistas, naturalmente contarán con mejores salarios. Y también, con una mejor educación pública.
También, Sebastián Henríquez expresó, en este sentido: “No es sólo que cada provincia paga el salario que puede o quiere a sus trabajadores de la educación, según su presupuesto, sino que cada provincia garantiza la educación que puede y quiere a niños y jóvenes, según sus diversas realidades económicas. Al cerrar la paritaria nacional docente se sigue ese camino que empezó en los 90′ y que no se revirtió durante la década pasada. Hay que recuperar la paritaria nacional, pero no sólo para establecer un salario de referencia en todo el país, sino para empezar a plantear la pelea por un verdadero sistema educativo nacional, gratuito, público y laico que garantice el mismo derecho en todo el territorio nacional”.
Preparar la lucha nacional por la educación y el salario
El decreto contra la paritaria nacional de los/as trabajadores/as de la educación es una escalada más en la ofensiva antisindical de Cambiemos y que consta de una batería de iniciativas. Reducir al mínimo el poder de fuego de las dirigencias más o menos problemáticas como CTERA es sólo un aspecto. También, la sucesión de denuncias y encarcelamientos a dirigentes burocráticos corruptos es parte de plan; o bien, los llamados a desafiliación masiva, como promueve la gobernadora Vidal.
De fondo, el objetivo es crear un clima de desmoralización y de rechazo a las organizaciones sindicales entre la clase trabajadora con el fin de desorganizar. Y una clase desorganizada es una clase sin posibilidad de resistir y de luchar. Esta política es un medio necesario para la aplicación de la reforma laboral. O mejor dicho, es la reforma misma.
Los/as trabajadores de la educación de todo el país necesitamos unificar un plan de lucha para defender no sólo nuestro salario, sino también la educación pública de conjunto.
Contra el aislamiento de la comunidad educativa en el que pretender sumirnos, contra el ajuste en el presupuesto, contra la miseria salarial, debemos apelar a todas nuestras reservas morales para organizarnos y mostrar que los/as trabajadores/as no sólo no estamos de rodillas, sino que además tenemos disposición para luchar y no retroceder en nuestras demandas.
Febrero y marzo son meses decisivos: tienen que encontrarnos en las calles, siendo miles para vencer.

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