“A las calles contra la represión” fue la consigna elegida por CORREPI para convocar al acto del viernes 15 de marzo en Plaza de Mayo, donde se presentó la actualización del “Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal” y el “Informe de la Situación Represiva Nacional”.
“El aumento del poder de fuego en las calles, a partir de la saturación policial y de otras fuerzas, hizo crecer como nunca antes los fusilamientos por gatillo fácil. El uso masivo de las facultades para detener personas arbitrariamente y el endurecimiento por vía judicial y luego legislativa del sistema contravencional y penal multiplicó la población en comisarías y cárceles, con el consiguiente aumento de torturas y muertes bajo custodia. Macri no había completado su primer año de gobierno cuando ya se acercaba al récord histórico de una muerte diaria por fusilamientos en las calles o en lugares de detención. Pero era sólo el principio.”
A partir de esa introducción, desde el escenario se fueron describiendo las distintas iniciativas represivas implementadas desde diciembre de 2015, hasta llegar a la situación actual, con el dato impactante de que en los primeros 1.059 días de gobierno, la actual gestión es responsable de 1.303 muertes, es decir, un promedio de un asesinato estatal cada 21 horas. Con videos que ayudaron a ilustrar cada tramo del informe, lxs compañerxs analizaron cada etapa, y destacaron que, a partir de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, en el segundo semestre de 2017 se abrió una nueva etapa, signada por la explícita reivindicación de lo actuado por las fuerzas de seguridad y la suspensión de derechos y garantías, que definieron como “estado de excepción”. En el marco de una enorme campaña mediática de legitimación de la represión, orientada a la estigmatización de colectivos e individuos “peligrosos”, con el protagonismo estelar de la prensa hegemónica, la vigencia de ese régimen de excepción se completó pocos meses después con la instalación de la “doctrina Chocobar”.
Las imágenes de las represiones descargadas sobre movilizaciones populares, como las de diciembre de 2017, y el resumen de la forma en que el poder judicial encaró su rol para criminalizar manifestantes y trabajadorxs de prensa detenidxs en esas marchas, mostraron cómo, a la par de la represión de control social en los barrios, se profundizó la represión que se descarga sobre quienes protestan contra las políticas de ajuste y hambre y salen a las calles a defender sus derechos. La defensa de lxs represaliados y el reclamo de libertad a lxs presxs políticxs se expresó en primera persona, con la lectura de una carta enviada por el compañero Daniel Ruiz, preso en la cárcel de Marcos Paz por su participación en la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional.
Otro momento importante fue el saludo de Sergio Maldonado, que recuperó el ejemplo de lucha de lxs familiares de víctimas de la represión organizadxs en CORREPI y convocó a no bajar los brazos ni abandonar las calles. “Pero el gobierno no sólo da la orden de matar a su aparato represivo, también se ocupa de consagrar un nuevo arsenal de herramientas normativas”, explicaron desde el escenario lxs referentes de CORREPI, nuestrxs compañeros, Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, y se adentraron en el análisis de las reformas ya sancionadas de los códigos contravencionales en la ciudad de Buenos Aires y muchas provincias, como Mendoza, que introdujeron nuevas figuras dirigidas frontalmente a la represión de la pobreza y la protesta, así como las de los códigos procesales nacional y de la Ciudad, que van en el mismo sentido, con la ampliación del procedimiento de flagrancia; la universalización del infiltrado, el provocador, el buche y el traidor; la generalización de la detención preventiva y el uso de “Técnicas Especiales de Investigación”. Especial énfasis pusieron en la gran batalla que se avecina contra la reforma del código penal de la Nación, que, además de aumentar penas, limitar excarcelaciones y crear nuevas figuras para reprimir la protesta, legaliza del todo la “doctrina Chocobar”, ya que crea una nueva causal de justificación del homicidio y las lesiones cometidas en cualquier circunstancia por un miembro de las fuerzas de seguridad con su arma reglamentaria.
La represión en datos Un video, que es imprescindible ver, ilustró los datos concretos que surgen del Archivo 2018, por ejemplo: De los 6.564 casos registrados entre el 10 de diciembre de 1983 y el 12 de febrero de 2019, 1.303 se registran entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, lo que representa el 20% del total en poco más de tres años.
Un caso cada 21 horas durante la gestión de Cambiemos, lo que supera todos los índices previos desde 1983. Con un récord de casos de la Policía de la Ciudad, que mató 43 personas en 26 meses. Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio. La franja de 15 a 25 años representa el 42,1% del total. Si se suman los menores de 15 y los de 25 a 35 años, se alcanza el 70%.
En el cálculo de cantidad de casos por millón de habitantes se ubica primera la provincia de Buenos Aires, con muy poca diferencia con Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón también muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba. Los femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad son el 20% del total de femicidios. Es decir que una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria.
Ya cerca del cierre, intervino la enorme Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo. Sus vibrantes palabras, que repasaron todas y cada una de las luchas en curso y convocaron a la solidaridad en clave internacionalista, hicieron estallar el grito, puño en alto, por lxs 30.000 ¡Ahora y siempre!.
La imagen y la voz de los militantes familiares de víctimas de la represión estatal volvió a poner el eje en su lucha cotidiana y su convicción de la necesidad de organizarse para actuar colectivamente. La conclusión categórica del informe es que enfrentamos hoy al gobierno más represor desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, que pone todas sus expectativas electorales en el “voto bala” y el “voto cárcel”, y pone en lugar prioritario el fortalecimiento de su política represiva, reafirmando el carácter de régimen de excepción bajo el que vienen gobernando. Nuestro camino para enfrentarlo es la lucha organizada del pueblo trabajador, con protagonismo popular para derrotar la explotación y la represión.
