Despidos y desguace en el Estado; ataques específicos en materia de DD.HH. Desmantelamiento de programas y áreas, vaciamiento de sitios de memoria, tergiversación de la memoria histórica por parte del gobierno de Milei y los apologistas de la dictadura. La necesidad de enfrentar unitariamente estas políticas y al gobierno que las impulsa. A la vez, retomar un debate: ¿cuál debe ser el rol del estado y cuál el de las organizaciones populares en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia?
Los despidos de laburantes en el estado nacional vienen siendo una marca de la gestión Milei. Allanado el camino por la inestabilidad laboral en el sector, en 2024, el gobierno aplicó más de 36.000 cesantías en la órbita del estado nacional, en empresas que dependen de éste y entes descentralizados.
En el inicio de este 2025 se prevén más despidos en diversas áreas: Cultura, Vías Navegables, Salud, y más de 2400 despidos en la esfera del Ministerio de Justicia, que afectan en particular de la Secretaría de DD.HH. dependiente del mismo. Estos despidos se ven facilitados por las formas de contratación precarias que desde hace décadas se despliegan en el Estado. Entre ellas, se destaca una que establece la dependencia financiera de cientos de contratadxs y empleadxs públicos con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), principalmente en el Ministerio de Justicia. ACARA posee el monopolio de la venta de formularios obligatorios que se emplean para la compra de automotores. La entidad maneja millones de dólares al año, y está excluida de los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN). El empleo de los fondos de ACARA para pagar sueldos (y a veces para liquidar “complementos salariales”) queda al margen de los presupuestos ministeriales. Se trata de una caja que este gobierno, y los que lo precedieron, pueden administrar con total discrecionalidad. Por lo visto, el gobierno de Milei quiere hacer lo propio, expulsando a cientos de trabajadorxs y reorientando esas sumas millonarias.
Ajuste, pero no solo ajuste
Detrás del recorte brutal en partidas presupuestarias, despidos indiscriminados y disolución de entes públicos, se persigue un ajuste nominal exacerbado. Festejado por el FMI y por el gran empresariado, el recorte se aplica tanto para desfinanciar el mantenimiento de rutas, como para disolver áreas de vigilancia epidemiológica o para cerrar programas educativos. Pese a las resistencias que genera entre lxs laburantes despedidxs o con sus salarios deprimidos, esta política cuenta con la complicidad manifiesta de sindicalismo amarillo y mafioso de UPCN y con la impotencia y reacciones espasmódicas de la cúpula de ATE.
Pero interpretar las políticas de desguace del estado solamente como un instrumento para la reducción del déficit fiscal sería un error. Detrás de ese desmantelamiento, también existe una matriz ideológica para disputar el carácter de muchas políticas estatales. Milei exhibe un improvisado elenco ministerial, un escuálido plantel legislativo y carece de gobernadores propios, pero representa a una fracción de clase que sabe bien lo que quiere. Por eso, por más grotescos que resulten su nómina de funcionarios y el propio primer mandatario, logran encolumnar tras de sí al capital concentrado y empujar una agenda regresiva a mediano y largo plazo. Tratan de reorientar políticas, borrar derechos adquiridos y encabezar una ofensiva de clase que abarque los planos cultural, educativo, jurídico, administrativo-legal…
El vaciamiento de áreas y programas del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos se inscribe en esta lógica: la de tergiversar la memoria histórica sobre el genocidio. A los reclamos populares y de un movimiento de DD.HH. que precede y excede las “políticas públicas kirchneristas”, y que logró conquistas a lo largo de las últimas cuatro décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia, se le contrapone una activa política negacionista y pro-dictadura. Los límites del progresismo se ven, también, en este cambio de gestión y de matriz, que –como en los años 90- vuelve a colocar a cargo del estado a esta versión decadente de los continuadores y herederos civiles de Videla y Martínez de Hoz.
La memoria en los sitios (y más allá de los sitios)
¿Qué hay detrás de este ataque a los sitios de memoria? El desguace afecta a muchos ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE). Pero, ¿se circunscribe al funcionamiento de esos espacios y edificios?
El recorte previsto, que muchxs trabajadorxs vienen enfrentando pese a la errática dirección de ATE, afecta no solo el funcionamiento y la continuidad de la mayoría de los sitios de memoria, administrados por el Estado. También abarca áreas y programas que revisten importancia para el desarrollo de los juicios contra la impunidad. Afecta al Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que preserva documentación ligada a las violaciones de DD.HH. en dictadura. Se despide a abogadxs que son querellantes en causas de Lesa Humanidad; se recortan fondos, personal y se le quitan atribuciones a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que articula la búsqueda de niñxs apropiadxs en dictadura… una política coherente con un oficialismo cuyos representantes van a visitar a los genocidas a la cárcel.
En el caso de algunos ex centros, se pretende despedir a toda la dotación de personal, como en el ex CCDTyE Virrey Cevallos; en otros se deja un plantel mínimo que difícilmente se pueda encargar de sostener su funcionamiento, como en el CCDTyE «Olimpo», donde quedarían solo 7 trabajadorxs sobre una veintena. En el caso del C.C. Haroldo Conti, que funciona en el edificio de la ESMA, también peligra su continuidad.
Este ataque se da en un terreno que ya venía siendo objeto de disputas. El movimiento de DD.HH. había atravesado debates y se había visto dividido en torno a una posición: mantener (o no) la independencia del Estado y sus gobiernos. Con respecto a los predios, ¿qué uso y carácter deberían tener estos sitios de memoria? ¿A cargo de quiénes? La cara “amigable” del Estado (un estado capitalista pretendidamente “con rostro humano”) ya había metido una cuña dentro de dicho movimiento. Ahora, el ataque frontal de una gestión abiertamente reaccionaria y fascistoide plantea un nuevo escenario.
Un debate necesario
El movimiento popular (sindical, territorial, estudiantil, y desde luego, también las organizaciones de DD.HH) enfrentó durante el kirchnerismo un explícito proceso de cooptación y estatización. En algunos casos, ese proceso se sostuvo con prebendas y la incorporación nominal de cuadros al aparato estatal: la llamada militancia “@gob.ar”, que abandonó las calles y la acción directa para ocupar despachos y oficinas. En muchos otros, por la adhesión genuina de sectores de base que se identificaron políticamente con el proyecto kirchnerista y, sobre todo, que asumieron como verídica la imagen “progre” que el gobierno supo construir en algunos centros urbanos. Seducidos por un gobierno que nunca abandonó una matriz extractivista y precarizadora, pero que otorgó algunas concesiones en el plano social, el posibilismo fagocitó a organizaciones enteras y desarticuló a otras.
En el plano de los DD.HH., el kirchnerismo supo incorporar anticuerpos varios en su recetario para recomponer la deteriorada salud de las instituciones: nutrieron su perfil de gestión con reclamos históricos de un movimiento amplio del que los Kirchner y la mayoría del aparato del PJ nunca habían participado. La adopción oficialista cargada de oportunismo de las banderas de “Memoria, Verdad y Justicia”, el acompañamiento al proyecto de ley de Patricia Walsh para la anulación de las leyes de impunidad en 2003, la recuperación de ex CCDTyE –pero a la vez su estatización y transformación en espacios dirigidos por funcionarios-, la división de las marchas y actos de los 24 de marzo -transformados en fecha del calendario oficial- abrieron debates en el movimiento de derechos humanos.
¿Puede un gobierno apuntalado por los “barones del Conurbano” aplicar la represión de la mano de la bonaerense y predicar a la vez los DD.HH.? ¿Se puede hablar de DD.HH. y reprimir selectivamente al movimiento popular, como a los laburantes de Lear de la mano de Berni, como a lxs docentes de ADOSAC en Santa Cruz o el pleno Centro porteño, a lxs maestrxs de ATEN en Neuquén, como a Fuetealba, asesinado bajo el gobierno del MPN? ¿Es compatible una política contra la impunidad de ayer con el “Proyecto X” de espionaje, con la saturación del AMBA con fuerzas represivas federales como Gendarmería y Prefectura? ¿Puede hablarse de que esta democracia de ricos y con un pueblo cada vez más empobrecido, saqueado y endeudado es “aquello por lo que lucharon los 30.000”? ¿Puede un gobierno definirse como abanderado de los DD.HH. con Milani a cargo de sus FF.AA.? ¿Qué lugar ocupan en ese imaginario las desapariciones de Jorge Julio López, de Luciano Arruga, o las decenas de pibxs que el “gatillo fácil” se llevó en las barriadas?
El presente y abrupto cambio de gestión en clave reaccionaria no disuelve aquellos debates. Los actualiza.
La memoria es de los pueblos, ni de los estados ni de los gobiernos
Quienes construimos Venceremos y participamos en organismos de DD.HH. o sindicatos, hemos recorrido en algunos casos estos debates. Ellos se dieron no solo en torno a las movilizaciones cada 24 de marzo. También se dieron en sitios como el «Olimpo», por ejemplo, que logró con un amplio y rico movimiento social y barrial echar a la policía del predio 2005. En ese lugar, en el que la PFA lucraba con la verificación vehicular (entre otros negocios, no siempre lícitos) se dio un fuerte debate sobre el rol del estado y los gobiernos de turno. La lógica del progresismo y su idea de gestión estatal del sitio impregnaba la discusión, que se contraponía a una iniciativa de conformar una asociación civil independiente, formada por la militancia barrial y de DD.HH, con un manejo autárquico en lo financiero. Desde sectores y organismos que no solo apostaban al “progresismo” porteño y nacional, sino que además creían que esas gestiones eran inamovibles, esa posición fue descartada y quedó en minoría. Hoy, un sitio de Memoria autogestionado, donde el Estado no pudo cooptar su espacio ni su línea, muestra en Córdoba que aquella propuesta no era imposible: la Casa de la Memoria “Imprenta del Pueblo Roberto Matthews”. En ese sitio recuperado, donde funcionó una imprenta subterránea del PRT-ERP entre 1974 y julio de 1976 y –luego de una redada de la dictadura- por un breve período un centro clandestino, hoy se sigue reivindicando la memoria de lxs 30.000 y también su proyecto revolucionario. La memoria histórica es objeto de disputa con la derecha apologista de la dictadura. Pero también está en debate con quienes pretenden hacer un uso proselitista de ella, presentando la lucha de lxs 30.000 como algo compatible con el capitalismo dependiente que nos somete.
Hoy es necesaria la unidad de acción en las calles para revertir los despidos de estatales, para frenar el desguace de áreas del estado que apuntalan la labor en juicios de Lesa Humanidad, y –en el fondo- para organizar las medidas que den por tierra con este gobierno hambreador y miserable. Pero también es preciso poner en debate fraternalmente no solo las conquistas logradas sino además las limitaciones en la política de DD.HH. plasmada hoy en estructuras del estado sujetas a desmantelamiento.
Nuestro pueblo, su movimiento de masas, supo enfrentar durante y después de la dictadura a una maquinaria genocida. Los juicios a los represores, el señalamiento a los responsables civiles (empresariales), los escraches a los genocidas sueltos, fueron producto de esa potente lucha preexistente al advenimiento de gestiones de gobierno que adoptaron oportunista y parcialmente su agenda de reclamos. El desafío, hoy, es retomar esa huella.
