Unidad en las calles para enfrentar el ajuste; unidad política para que la salida a la crisis sea por izquierda.
La crisis política que emana del resultado electoral del domingo 12 de septiembre, inscripta en una previa y profunda crisis social y económica, se acelera ante las disputas internas en el partido de gobierno. La puja intestina del Frente de Todos entre el sector que obedece a la vicepresidenta Cristina Fernández y el que se encolumna con el presidente Alberto Fernández expresa diferentes maneras de concebir los pasos a dar en la actual encrucijada política. Pero también remite a bloques de origen y a sectores del capital ante los cuales cada facción responde. Por un lado, Sergio Massa, habitué de la embajada yanqui y hombre destinado a las giras en EE.UU. expresa una orientación de creciente diálogo con sectores de Juntos por el Cambio. Por otro, CFK, en cuyo gobierno se firmaron cuantiosos acuerdos con China -y quien ejerce influencia directa sobre el embajador en dicho país asiático- se presenta como una portavoz de los sectores proclives a posponer el ajuste en curso (que todos los sectores del actual gobierno avalaron) al menos hasta 2022. La perspectiva de la vicepresidenta y su bloque está teñida de pragmatismo electoral, por un lado; y por otro, responde al acoso judicial por causas de corrupción al que se verán enfrentados si, nuevamente, caen en desgracia con otra derrota en noviembre.
Las diferencias en el frente gobernante son explícitas. Los culebrones con renuncias en suspenso, declaraciones, audios que se filtran, cartas abiertas, desplantes y portazos televisados se muestran en horario central. Los enfrentamientos escalan, y remiten más a la táctica para sobrevivir electoralmente que a “dos modelos”: a ambos bloques del resquebrajado Frente de Todos los emparenta la atadura al FMI, aunque en grado diverso. Mientras el bloque de AF sostiene a sus funcionarios, principalmente al actual jefe de gabinete y al ministro de economía –una manera de sostener el liderazgo formal del presidente en la coalición de gobierno- y a su vez prioriza una negociación pronta con el FMI, el sector de CFK promueve una política que, sin romper amarras con dicho organismo, propone una serie de medidas de intervención estatal que impliquen un menor ajuste sobre el gasto social… al menos, hasta sortear las elecciones de noviembre. Basta recordar que el presupuesto del año en curso, en el cual ya intervino la tijera fondomonetarista sobre el gasto público, contó con el aval de todo el bloque de gobierno. Similar suerte corrió el presupuesto 2022, que pronto verá la luz… pero a diferencia del que rige actualmente parece que no será acompañado públicamente por todo el frente gobernante.
Ambas fracciones del gobierno junto a la oposición triunfante están con la lapicera preparada para en noviembre firmar el acuerdo con el FMI. También hay acuerdos en cuanto a avanzar con las exigencias de este organismo, que son las propias exigencias del capital, de reformas en materia jubilatoria y laboral. A ambas fracciones del gobierno y también a la oposición derechista los unen similares políticas de ajuste. Mientras que el “albertismo”/ massimo tiene sus afinidades (históricas) con el línea de austeridad de “Juntos” y todas las caricaturas derechistas (Espert, Milei), el kirchnerismo sólo levanta como alternativa poner plata en la calle (IFE, ATP, planes sociales). Esto no resuelve ningún problema estructural de Argentina, mantiene la pobreza y marginalidad que afecta a una parte mayoritaria de nuestra clase.
A los dos bloques del Frente de Todos y a la oposición derechista los une la subordinación al extractivismo sojero, minero y petrolero. En medio de una catástrofe socioambiental mundial, Felipe Solá es el canciller del mega – acuerdo porcino que no es otra cosa que invertir en próximas pandemias; se presenta una nueva ley de hidrocarburos que apuesta al fracking que deja sin agua poblaciones enteras y somete a sismos recurrentes a las comunidades cercanas; o la explotación offshore, que en el Golfo de México causó un desastre descomunal; licita la explotación del litio avasallando los derechos de las comunidades ancestrales para que el capitalismo imperialista se vista de verde a cosa de la expoliación de nuestro suelo.
Estamos ante un gobierno débil y tambaleante. La profunda crisis política escaló verticalmente después de la debacle electoral en la que el partido de gobierno perdió casi 5 millones de votos en dos años. Los sucesos, dichos, filtraciones, muestran la descomposición institucional que atraviesa el régimen político.
En este escenario, urge retomar aspectos reivindicativos y programáticos básicos para superar la situación en curso.
En primer lugar, la exigencia de la suspensión de todo pago de vencimientos de deuda externa e investigación del desfalco sobre nuestro pueblo que ésta constituye. La deuda ilegal e ilegítima hipoteca nuestro presente y el de varias generaciones que vendrán. En segundo lugar, el cerrojo sobre la fuga de divisas y la estatización del comercio exterior. Un estricto control sobre las exportaciones e importaciones. Un impuesto progresivo a la renta financiera y las ganancias extraordinarias de los monopolios mineros, petroleros, del agronegocio, industriales y comerciales… mientras hay un 45% de pobres, también hay empresarios enriquecidos durante la pandemia.
En lo inmediato, es preciso destinar de manera urgente los fondos que emanan de dichas medidas a planes de vivienda, de obra pública, salud y educación. El III° Congreso partidario de nuestra organización aprobó en 2020 un programa que incluye estos puntos entre sus plataformas de lucha. Desde Venceremos-Partido de Trabajadorxs, entendemos que estos y otros puntos forman parte de una plataforma común que es urgente levantar desde todos los sectores de izquierda y combativos; desde diversos partidos y nucleamientos políticos, pero también desde organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, feministas, con la mayor amplitud posible, sustentada en la unidad programática y de acción. Esa acción común, reconociendo la fuerza de la unidad en la diversidad, debe plasmarse en las calles, y permitirá que construyamos espacios para la discusión de un modelo de producción y de vida superador del capitalismo.
La crisis económica y social se potencia hoy con una profunda crisis política. Quienes la generaron alimentando el endeudamiento y “pagando serialmente” al FMI con el hambre del pueblo, permitiendo que engordaran los monopolios locales y transnacionales a costa de nuestras vidas, no podrán ser quienes apliquen medidas que signifiquen una salida desde el pueblo y para el pueblo. No podemos, tampoco, permanecer indiferentes ante el crecimiento de variantes reaccionarias que pretenderán capitalizar el descontento popular y llevarlo a engrosar las filas de aventuras bolsonaristas como la que representan Milei o Espert. No podemos permanecer indiferentes cuando Aníbal Fernández, uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda, aparece como asesor en casa de gobierno. Menos aún podemos caer en la nefasta política de desmovilización popular que el Frente de Todos promueve y sostiene aún ante el avance de la derecha neofascista. La crisis abierta en la actual coyuntura excede ampliamente el debate acerca de si la izquierda logrará el ingreso de unx o dos diputadxs más dentro de 60 días.
La izquierda anticapitalista, que no solo nunca formó parte de estas políticas de saqueo y empobrecimiento sino que las enfrentó en las calles, tiene la autoridad para alzar su voz y mostrar una alternativa a las amplias masas de laburantes. Desde la independencia política de quienes producimos todas las riquezas sociales con nuestro trabajo, y a quienes nos niegan lo básico para poder sobrevivir dignamente. En las calles, que es donde siempre el pueblo ha conseguido recuperar el protagonismo expropiado por los aparatos de los representantes de la burguesía.
Unidad en las calles para enfrentar el ajuste; unidad política para que la salida a la crisis sea por izquierda.
