La decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días, muestra una crisis “por arriba” que merece un análisis que vaya más allá de lo electoral. Identificar cuáles son los intereses en pugna, pero también cuáles son los acuerdos del conjunto de la representación política del capital, nos lleva a reafirmar la necesidad de no caer en una trampa institucional que jerarquiza ese terreno por sobre la lucha en defensa de la salud y de la vida.
El miércoles 14 de abril el presidente Alberto Fernández dispuso una serie de medidas restrictivas a la circulación de personas en plena segunda ola del Covid 19. Con un promedio de 23 mil casos positivos durante la semana previa y una saturación del sistema sanitario del área metropolitana, el poder ejecutivo nacional estableció la suspensión por dos semanas de las clases presenciales luego de que la docencia protagonizara fuertes medidas de lucha, obligando a la propia burocracia oficialista a plegarse a las medidas.
La negativa de Horacio Rodríguez Larreta, en su carácter de jefe de gobierno de la ciudad de impugnar la decisión, muestra hasta qué punto quedó atrás la puesta en escena de la “unidad nacional” en contra del “enemigo invisible” que marcó los primeros meses de 2020. Como en tantos otros temas, el gobierno nacional no pasó de hacer algunas declaraciones altisonantes en redes sociales en contra de una medida que a nivel jurídico es escandalosa.
Efectivamente, el mantenimiento de la presencialidad se apoya en un fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, quien dio lugar a un recurso de amparo presentado por una ONG de “padres” de familia. Es decir, un tribunal que no es federal, le reconoce a una ONG potestad de bloquear un DNU que tiene estatus de ley nacional. Por otra parte, la ciudad recurrió a la Corte Suprema de Justicia, cuestión que está vedada para la ciudad que a pesar de ser “autónoma” no tiene el estatus de provincia.
Sin embargo, como ya nos tiene habituades el gobierno nacional, primó el “dejar hacer, dejar pasar”. Hasta el día de hoy, 21 de abril de 2021, no se tomaron medidas ni de juicio político, ni de intervención federal, ni ninguna otra medida contundente. Por el contrario, en una réplica del retroceso en la renegociación de acreedores privados, con Vicentín y con los exportadores sojeros, el presidente AF llamó a que “les pese en la conciencia politizar la pandemia”.
La iniciativa de la derecha reaccionaria
No hace falta retrotraernos a las marchas anticuarentena, a los discursos anti-vacunas y terraplanistas de un sector muy importante de la base de Cambiemos y de otras fuerzas políticas reaccionarias. Baste seguir la genealogía de este desacato de un gobierno municipal, para ver que también en este terreno, el gobierno nacional habilita y en los hechos acompaña la instalación de agenda que levanta la oposición derechista. No es un gobierno “tibio”, menos aún es un “gobierno débil”. Es un gobierno que tiene desde su origen la decisión de negociar (y ceder) con los sectores del poder a quienes también representa.
Por el mes de octubre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires levantó la bandera de exigir el retorno a la presencialidad en las escuelas. Luego de promover la virtualización total, la falta de las escuelas para les niñes apareció como una traba grande para la apertura total de las actividades económicas. Para Cambiemos, es claro que la escuela pública es ante todo una guardería para les niñes de laburantes. Sumado a ello, fue y es muy importante la presión de las empresas privadas de educación a favor de la reapertura, muchas ligadas a diversas confesiones religiosas y otras sólo seguidoras de la religión del dinero. En 2019 (último año con cifras publicadas), esas empresas privadas, esos mercaderes de le educación, recibieron nada menos que 18.051 millones de pesos como subsidio estatal. Muchas de ellas, cobran cuotas que representan tres, cuatro, cinco salarios mínimos por estudiante. Basta ver las imágenes de las movilizaciones y los “abrazos” para notar el carácter de clase de esxs jóvenes de escuelas privadas y de sus padres y madres.
Tras una serie de rechazos por parte del ministerio de educación nacional encabezado por Nicolás Trotta, se dio luz verde a la apertura. La burocracia celeste, que llamaba a la calma porque “Nación no los va a dejar avanzar”, vio cómo en la ciudad no sólo se reabrían escuelas, sino que se avanzaba sobre el estatuto docente alterando el período de vacaciones. La foto querida por Larreta de unas clases iniciando el 17 de febrero sin ninguna preparación edilicia, ni recursos, ni criterio pedagógico, la habilitó el propio gobierno nacional; y la aceptó silenciosamente la CTERA que dio su visto bueno a las definiciones del Consejo Federal de Educación que directamente en febrero decidió eliminar el “semáforo epidemiológico”.
El discurso de Trotta y de la ministra de salud de Nación, Carla Vizzotti, sintonizó perfectamente con lo que venía planteado GCABA. La UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría (pediatras de niñes de clase media, no de los hospitales y salitas) sumaron su justificación “científica”. La presencialidad era necesaria y no era riesgosa. Los contagios no se producían en las instituciones porque los protocolos eran efectivos. Las escuelas debían ser “lo último” en cerrar.
Entre el negacionismo y la tibieza, los muertxs los pone nuestra clase
Lo que ocurrió y que sigue ocurriendo es lo que les docentes veníamos anticipando. La presencialidad implica la movilización de unas 700 mil personas en CABA y unos 11 millones a nivel nacional. El déficit de medios de transporte en los que se viaja en condiciones de hacinamiento, sumaban a este verdadero experimento propagador del virus. Las nuevas cepas, adicionalmente, tienen mayor prevalencia entre gente más joven. Todos los días, la lista de docentes fallecidxs se agranda. Docentes que no tienen en la ciudad más rica del país acceso a una cama de terapia intensiva. Estudiantes, niñes y familias contagiadas. Todo en una situación de una inmensa angustia ya que los contagios se han disparado en forma exponencial.
La lucha contra la medida criminal de Larreta implica tener mucha claridad respecto de cuál es el terreno en el que se puede ganar la batalla. No podemos depositar ninguna expectativa en que “por arriba”, se resuelva. ¿Qué pasará si la Corte Suprema da lugar al reclamo de ciudad? ¿El gobierno nacional va a avanzar sobre eso? Incluso si la Corte obligara a la ciudad a retroceder, la medida de suspensión rige por 15 días, ¿habrá disposición a extenderla y a garantizarla en los hechos? Mientras tanto, cada día la situación se vuelve más grave. Hospitales saturados, personal de salud insultado con un bono miserable de $6.500 por tres veces, y una decisión a la medida del capital de mantener girando la rueda de la ganancia.
La situación hoy enfocada en el área metropolitana no difiere de lo que está ocurriendo en el resto del país.
La docencia combativa, pero también sectores más amplios de la base del gremio, incluyendo parte de la base electoral del propio Frente de Todxs, están contraponiendo a la “desobediencia” gorila de Larreta una desobediencia por abajo a la presencialidad criminal en las escuelas, con huelgas que en CABA encabezadas por el sindicato Ademys y que en provincia llevaron adelante antes del cierre las seccionales Multicolor de SUTEBA. En CABA se ha empujado así a que la propia entidad de base de CTERA (UTE) deba salir al paro. Es necesario alentar este proceso de lucha, junto a la comunidad y organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. No en defensa de un DNU o de las instituciones, sino de la vida de lxs laburantes.
Lxs trabajadorxs debemos frenar esta masacre planificada.
-por la vacunación masiva, con la estatización de la producción de vacunas y el no pago de patentes en su elaboración;
-para solventar los costos de la pandemia, cierre de actividades con impuestos progresivos a las grandes fortunas y sectores monopólicos que obtuvieron ganancias extraordinarias;
-limitación de las actividades laborales no esenciales e ingreso de emergencia para los millones de familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza;
–suspensión de las clases presenciales y garantía de equipos para las clases virtuales hasta que la situación epidemiológica sea apta;
-fortalecer la inversión en Salud; nacionalizar y unificar y hacer público el sistema;
-ni un peso más para pagar una deuda externa que debe ser investigada de inmediato… ¡la deuda es con los pueblos, no con el FMI!
