Foto: Agencia Para la Libertad
La expansión del Coronavirus deja en evidencia las carencias y crisis del sistema capitalista a nivel mundial. Un ejemplo de esto es la situación que se vive en las cárceles del país. Si bien ahora esta situación es puesta en la agenda pública por los medios de comunicación masivos, el empeoramiento de las condiciones de vida en los lugares de encierro lleva décadas.
Sobrepoblación y tendencia hacia la prisionización
Según un Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN, 2018), mientras que la tendencia mundial de la tasa de encarcelamiento fue hacia una desaceleración, Argentina comparte junto a otros ocho países (entre ellos Turquía, Arabia Saudita, Australia y Brasil) una tendencia al alza, específicamente entre 2008 y 2016. Cabe destacar que este incremento es aún más acelerado en el caso de las mujeres. Una tendencia latinoamericana que se refleja, además, en los índices de las prisiones preventivas: en los últimos diez años las mujeres detenidas sin condena o sentencia firme siempre ha sido mayor al 60%, una diferencia de 6 puntos porcentuales respecto a la población masculina en 2009 y cerca o superando el 10% desde 2011.
Según el informe del Comité contra la Tortura del 2019, entre 1999 y 2018 se duplicó la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires. A diciembre de 2018 se alojaban más de 42 mil personas en un lugar preparado para casi 20 mil: esto significa que más de la mitad de les detenides no tuvo espacio ni siquiera para dormir. A poco de asumir, el gobernador Axel Kiciloff prorrogó la Emergencia Penitenciaria decretada por Vidal. Sin embargo, no se modificaron las condiciones de detención: la falta de respuestas a los reclamos de las personas privadas de su libertad provocó huelgas de hambre masivas en distintas unidades penitenciarias exigiendo al Estado terminar con el hacinamiento inhumano, la aplicación excesiva de la figura de la prisión preventiva y la falta de medidas como arrestos domiciliarios y salidas transitorias.
Crisis sanitaria. Crisis humanitaria
A poco de decretarse el Aislamiento Social Obligatorio, les privades de su libertad solicitaron no recibir visita de sus familiares: esto significó que muchas veces no le lleguen ni alimentos ni insumos para la limpieza y la desinfección, puesto que esos recursos no son suministrados por los servicios penitenciarios sino que son abastecidos a través de las familias de les detenides.
Nada se hizo para evitar que el virus entre en las cárceles: primero hubo casos de trabajadorxs de la salud y agentes del servicio penitenciario, y ahora ya se conoce que el virus llegó a los pabellones y las celdas como son los casos de la unidad 42 de Varela y la cárcel de Devoto.
En los últimos días las personas privadas de su libertad, protagonizaron protestas en todos el país para visibilizar la crisis humanitaria en las cárceles: Devoto, Florencio Varela, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mendoza donde muchos se cosieron la boca. La única respuesta concreta del Estado fue la represión, donde los hechos más graves fueron los asesinatos de José Candia (22) en la unidad 1 de Corrientes y Federico Rey (30) en la unidad 23 de Florencio Varela. En los dos casos, los primeros reportes oficiales intentaron disfrazar esos asesinatos como una “pelea entre presos”.
El punitivismo siempre a la mano
Como consecuencia de los lineamientos que dictaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ante la emergencia que desató el COVID-19, la Cámara Federal de Casación Penal dictó recomendaciones para fomentar el “despoblamiento” de las cárceles. El fallo de la Cámara no habla de liberar presxs, sino de que finalicen su condena en prisión domiciliaria, y la medida alcanza a quienes no haya cometido delitos violentos: esto excluye a represores, a quienes delinquieron con uso de armas de fuego, femicidas o abusadores. Sin embargo, la instalación en la agenda pública se impone desde los discursos más reaccionarios que piden represión explícita a través del manodurismo y una demagogia punitivista que tiene como protagonistas a personajes como Patricia Bullrich, Sergio Berni, Sergio Massa y hasta la aparición de nuevo en los medios de Juan Carlos Blumberg.
Lo que nos dicen es que hay que esperar a que se mueran encerrades sin que el Estado tenga gastos, o pretenden desinformar y asustar a la población con que todos van a salir en libertad o que se van a liberar a violadores.
Tampoco se dice nada de que esto se está discutiendo en todo el mundo ya que en distintos países miles de presxs volvieron a sus casas como pasó en EEUU, Irán, Turquía, Indonesia, Francia, Chile, México y Colombia, entre otros países.
Por otro lado, se pone como contraposición un discurso garantista que muchas veces puede criticar las condiciones de “vida” en las cárceles, pero no cuestiona el problema de fondo que es la función que cumplen las cárceles, ya que desde su posición se las plantea como un ámbito de resocialización y no como un elemento disciplinador del sistema que termina siendo, en la mayoría de los casos, un depósito de pobres para su exterminio.
Desde esta posición también se recurre a un argumento institucionalista y una demagogia republicana ya que para ellxs la solución está solo en mano del Poder Judicial: son estos jueces los que benefician con domiciliarias a genocidas, los que le garantizan privilegios e impunidad a violadores y femicidas y persiguen y encarcelan a luchadores populares. Queda claro que el Poder Judicial no es independiente, es un poder funcional a la clase dominante, subordinado al poder político: una justicia burguesa y patriarcal.
Matar y dejar morir
Desde el Gobierno nos dicen que la prioridad es salvar vidas, la preguntas es ¿la vida de quienes? Porque cada muerte que ocurre en una cárcel es un crimen de estado. Son muertes que se fomentan, son muertes intencionales y el Estado es responsable.
Por eso desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs como parte del Encuentro Memoria Verdad y Justicia exigimos al gobierno nacional y a los gobernadores provinciales disponer la inmediata implementación de las siguientes medidas
* Excarcelación, arresto domiciliario o libertad anticipada de adultos mayores, portadores de HIV, personas con enfermedades predisponentes, mujeres embarazadas o que conviven con niñes. Desde ya, excluimos de este pedido democrático a represores y genocidas que gozan de regímenes de privilegio con sus necesidades cubiertas, así como a femicidas y violadores.
* Testeo de todas las personas detenidas en cárceles provinciales y federales, con prioridad para aquellas unidades en las que ya se han confirmado casos positivos.
* Provisión de alimentos de calidad, elementos de higiene y limpieza suficientes en todos los lugares de detención.
Asimismo entendemos que en el capitalismo, las cárceles son una herramienta de control social, donde parte de los sectores populares son despojados de su condición humana y por eso no hay posibilidad de un “capitalismo humano”. Por eso tenemos la convicción que la solución de fondo es construir otra sociedad, de cambiar todo lo que deba ser cambiado, y esa sociedad tiene que ser un mundo donde quepan todos los mundos.
Muy serios los análisis !!!