El coronavirus se expande de forma acelerada por todo el planeta. Originado en Wuhan China, considerada la zona cero, punto de partida de la expansión pandémica del COVID-19, en poco más de un mes afecta a 163 países, con más de 250 mil contagios y más de 10 mil muertes.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus como pandemia, fecha en que el virus estaba presente en 110 países y les muertes llegaban a 4281.

La rapidez de la expansión pandémica y sus consecuencias sobre los pueblos varía de forma significativa a diario, y pone en evidencia la injusta desigualdad que engendra el sistema capitalista mundial y la mercantilización de los derechos básicos a una vida digna y saludable.

La dimensión mundial de la pandemia pone en jaque la dinámica habitual de la sociedad capitalista y profundiza la crisis económica y social que estados y gobiernos descargan sobre los pueblos, con énfasis particular en las masas trabajadoras.

En Argentina, el 12 de marzo, con la intención de aminorar el impacto que la expansión del COVID-19 puede causar en el conjunto de la población y en el sistema sanitario, el gobierno nacional amplió por un año el plazo de la emergencia pública sanitaria. El vertiginoso agravamiento de la situación mostró la insuficiencia de esta decisión. De tal forma que desde las cero horas del viernes 20 de marzo y hasta el 31 de marzo, el gobierno nacional, en acuerdo con los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

El decreto prohíbe la libre circulación de personas por rutas, vías y espacios públicos y establece que las personas tienen que permanecer en sus casas o en el lugar en que se encuentren al momento de entrar en vigencia el decreto, además de prohibir la concurrencia a lugares de trabajo; con excepción de funcionaries del estado, y de quienes se desempeñen en actividades consideradas esenciales en esta emergencia: salud, alimentación, limpieza, vigilancia, transporte, combustibles, energía, medios y servicios de comunicación, recolección y tratamiento de residuos, entre otros.

La inexistencia de tratamiento antiviral efectivo y de vacunas que prevengan el COVID-19 presenta como necesario el “distanciamiento social preventivo” (aunque debería denominarse distanciamiento físico personal, apuntando a no romper los vínculos sociales). La experiencia vivida por los países en los que el virus se propagó inicialmente, y la de aquellos otros que implementaron medidas drásticas en detrimento de las escalonadas, parecen mostrar que que es la respuesta más efectiva para bloquear la propagación. Aunque también hay otras salidas posibles, cómo realizó Corea del Sur, donde en vez del aislamiento practicaron el testeo masivo, para focalizar el aislamiento en las personas contagiadas, manteniendo el nivel de actividad económica y social casi inalterado.

Estas medidas de aislamiento distanciamiento físico personal, cobran real eficacia en la medida en que los estados garanticen su concreción material al conjunto de la población, en particular a los sectores más castigados por las injusticias y desigualdades sociales. Contemplando, valga la obviedad, las condiciones sanitarias, alimentarias y todas aquellas que hagan a la plena vigencia de los derechos. Es decir, un plan sanitario integral que contemple, entre otras medidas, testeo  masivo y atención médica al conjunto de la población.

Sin embargo, desde días antes al decreto, y en el marco de la promoción de medidas de aislamiento social, pudimos ver en las distintas provincias y ciudades del país, la proliferación de móviles de diferentes fuerzas represivas, policiales y federales, patrullando las calles y –altavoces mediante- instando a la población al distanciamiento social aun cuando no se observaran aglomeraciones de personas ni reuniones de ningún tipo.

Con la entrada en vigencia del decreto presidencial las fuerzas de represión cuentan con mayores niveles de legitimación que aumentarán a medida que la pandemia se extienda y se agrave la crisis. La perspectiva se agrava también ante la proliferación de conductas individualistas de personas y sectores acomodados en detrimento de las necesidades colectivas. Estas conductas repudiables sirven de base para argumentos crecientemente punitivistas que reclaman mayores niveles de represión a los ya existentes y que avalan la creciente militarización de la sociedad y la intervención –en el actual contexto- del ejército y las demás fuerzas armadas.

No desconocemos la existencia de sectores que reclaman y apoyarían mayores niveles de represión y de injerencia en lo público de las fuerzas de represión del estado. Como si no fueran las mismas fuerzas represivas que asesinan a más de un pibe o piba por día en los barrios populares o en situaciones de detención. Como si no fueran las mismas fuerzas represivas que regentean las más variadas formas delictivas. A caballo de esta situación se montan el brutal discurso de Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, de tono militar y autoritario y la amenaza de estado de sitio por parte de la ministra de seguridad de la Nación Sabina Frederic.

El resultado, hasta el sábado 21 de marzo, es la detención –con predominio en las principales ciudades del país- de más de 3300 personas detenidas, y al cierre de esta nota la cifra se multiplica llegando a varios miles más.

A pesar de que el gobierno nacional dice reconocer la grave situación de quienes padecen el desempleo y formas precarias de trabajo y subsistencia y que se ven obligades a transitar las calles para procurarse unos pocos pesos que les permitan sobrevivir –situación que debería exceptuarles de la prohibición de circular- proliferan las detenciones, apremios y golpizas. Sin embargo, no sabemos de patrones detenidos o sancionado por obligar a trabajar a sus empleades o recortarles los ya magros salarios.

De parte del estado burgués asustado, insuficientes paliativos por tres meses, militarización de los territorios y amenaza de estado de sitio: palos para hoy y precarización de la vida todos los días. Sólo el pueblo trabajador, a través de la práctica activa de la solidaridad y la organización popular, puede hacer frente a esta situación, sin descuidar la pelea por nuestros derechos y el cumplimiento de las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia.

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