El acuerdo recargado del gobierno nacional con el FMI, mediante el cual contrajo más deuda externa para pagar intereses de deuda externa, se expresa en un Presupuesto de hambre que prepara un ajustazo sobre nuestro pueblo, en materia de salud, educación, ciencia y tecnología y que busca asestar un golpe demoledor sobre los sectores productivos del Estado, como por ejemplo YCRT (mina de Río Turbio) y Fabricaciones Militares, en un avanzado proceso de vaciamiento.
En este cuadro, las y los estatales son una variable de ajuste fundamental para arribar al objetivo de “déficit cero” que el gobierno nacional se impuso en el marco de su vínculo neocolonial con el FMI y que para la memoria popular no admite dudas respecto a sus implicancias, a la luz del colapso económico-social aliancista del año 2001.
En esta línea, en los primeros días de septiembre -dentro de las medidas anunciadas en el momento más crítico de la “tormenta” que sacudió de lo lindo a la Casa Rosada-, se publicó el Decreto 801/18 que redujo a 10 la estructura de Ministerios, un paso más en el desguace del Estado nacional, lo que adelanta un escenario de miles de despidos en toda la Administración Pública en los próximos meses (y que ya tiene algunas muestras en los más de 550 despidos en Agroindustria, las cesantías permanentes en el Hospital Posadas, etc.).
Pese a lo improvisado de algunas formas de implementación, los objetivos estratégicos de esta medida son claros y coherentes desde el punto de vista ideológico y de los intereses que defiende el gobierno macrista. La reducción a Secretarías de los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología, por ejemplo, es claramente un indicativo de los propósitos del desguace: no sólo achicar y despedir laburantes sino también avanzar aún más sobre los derechos laborales del conjunto de la clase trabajadora; relegar a niveles mínimos el acceso a la salud de los sectores más castigados de nuestro pueblo y desarticular la perspectiva de un desarrollo nacional soberano mediante la ciencia e investigación con respaldo estatal. Un combo neoliberal inmejorable para una gestión del Estado en manos de los propios capitalistas que administran así sus negocios, sin necesidad de mediaciones de otros actores políticos.
Bolsillos agujereados
El ajuste no pasa solamente por la eliminación de puestos de trabajo en el Estado, sino que la recesiva receta antiinflacionaria elegida por el gobierno (con una política monetaria restrictiva) apunta a desplomar el consumo popular para controlar el alza de precios. En este cuadro general, el deterioro imparable del poder adquisitivo de los salarios estatales es especialmente agudo y no por casualidad el último acuerdo paritario suscripto por el gobierno y UPCN se constituye como el “subsuelo” del conjunto de las negociaciones sectoriales del movimiento obrero.
Sin duda, entre los acuerdos por debajo de la inflación, el de las y los estatales nacionales es el emblema de la entrega del salario y las condiciones laborales a cambio de nada, ya que ni siquiera es una concesión que asegure los niveles de empleo. Junto con el sostenimiento de cláusulas flexibilizadoras, para las y los estatales nacionales el “aumento” suscripto en junio fue del 15% en tres cuotas; y semanas atrás se agregaron dos sumas fijas por única vez de $2000 y $4000 para noviembre y diciembre en bolsillo, respectivamente, que anualizado se ubica en promedio por debajo del 18%. La contracara es una inflación anual proyectada por arriba del 40% -según admitió el propio Dujovne en las discusiones con el FMI- lo que da lugar a un recorte brutal del poder adquisitivo de los salarios de más de 20 puntos.
Resulta fundamental señalar que el cuadro general de los salarios estatales empeora notablemente entre los provinciales y municipales, en una curva salarial descendente en los niveles inferiores de las respectivas jurisdicciones estatales, donde a su vez se dan los mayores niveles de precarización en las condiciones laborales.
Descorporativizar y masificar las luchas
Para los trabajadores y trabajadoras estatales la coyuntura es sumamente crítica y compleja. Con una campaña de estigmatización pública sostenida de manera sistemática durante años, sectores importantes de la opinión pública ven con buenos ojos la reducción de estructuras y funciones estatales, mediante el despido de miles de trabajadores/as estatales estigmatizados con el rótulo de “ñoquis” o “vagos”.
Si esta mirada quedara reducida a los sectores acomodados y oligárquicos que despotrican contra el Estado pero que siempre se benefician con los negocios y ventajas obtenidas a su costa, no sería ningún problema. La dificultad se presenta cuando ese discurso es tomado como propio por diversas franjas populares influenciadas por las permanentes campañas anti-estatales de los medios masivos de comunicación, sin percibir que lo que está en juego con el desguace del Estado no son sólo puestos de trabajo, sino en muchísimos casos la posibilidad misma de concreción de elementales derechos populares. Ni que hablar cuando las iniciativas estatales son el corazón económico-social de ciudades y regiones enteras como ocurre en Río Turbio con la mina; en Ensenada con el histórico y combativo Astillero Río Santiago o en Azul con Fabricaciones Militares.
Por esto mismo, una tarea clave es ampliar los marcos de solidaridad popular para las luchas estatales. Pelear en defensa de los puestos de trabajo articulando de todas las maneras posibles las solidaridades y alianzas sociales necesarias para defender junto con las fuentes de empleo a los derechos populares vinculados a esas funciones.
El otro aspecto fundamental en este escenario es desarrollar la más amplia unidad de acción para la lucha en las calles, aquí y ahora, contra las medidas neoliberales de Cambiemos. Desde la militancia estatal de Venceremos – Partido de Trabajadorxs bregamos por esa orientación al interior de ATE (donde desarrollamos nuestra participación), lo que resulta cada vez más cuesta arriba dada la persistencia de una división irresponsable de todas las instancias orgánicas y de acción entre los sectores verde-blanco kirchneristas y la Verde ANUSATE. Y junto a esto, apuntando a traccionar desde las bases a los sindicatos ultra-burocráticos como UPCN -en el caso del Estado nacional- que a raíz de la presión de sus propios trabajadores/as afiliados/as debió salir a la lucha en organismos importantes como Salud o Justicia y Derechos Humanos.
Necesitamos una amplia unidad de acción para pelear aquí y ahora. Orientar la bronca y expectativas de las y los estatales hacia el recambio presidencial de 2019 es contribuir al triunfo del ajuste macrista en los próximos meses.
Las y los trabajadores estatales tienen cada vez más claro que si se consolida este plan de ajuste del gobierno nacional y el FMI, las consecuencias serán devastadoras en todos los planos. No podemos permitirlo y podemos derrotarlos, hay fuerzas para lograrlo.
