Tras la victoria electoral, el oficialismo acelera las reformas neoliberales que ya tenía en carpeta. Avanza así en la modificación de aspectos centrales para la acumulación del capital: reforma laboral, impositiva, previsional, en salud y educativa. Un paquete antiobrero y antipopular acompañado de aumento de tarifas y un cambio en las competencias de las Fuerzas Armadas que le permita al Ejecutivo desplegar la represión necesaria para imponer el ajuste.
Rodeado de gobernadores, la dirigencia empresarial, sindical y religiosa, Mauricio Macri presentó el pasado 30 de octubre el paquete de reformas que enviará al Congreso una vez que se efectivice la nueva composición. Será un «amplio Acuerdo Nacional» que emula al nefasto Gran Acuerdo Nacional de Lanusse. Fiel a sus raíces, el macrismo plantea una reestructuración completa de las relaciones de producción, en función de las necesidades de grandes empresarios y organismos internacionales y voceros del imperialismo norteamericano como el FMI, Banco Mundial y OCDE.
Reforma Laboral
Uno de los objetivos centrales para “mejorar la competitividad” en la producción local e incrementar las ganancias patronales es producir una modificación significativa en la correlación de fuerzas entre el Capital y Trabajo en línea con la reforma aprobada en Brasil. Lejos de avanzar solo por sectores, el corazón de la reforma es un proyecto de 140 artículos (de los cuales 30 refieren a “Relaciones individuales de trabajo”) que modifica la Ley de Contratos de Trabajo y virtualmente suprime derechos que barren con conquistas históricas de la clase obrera.
Uno de los puntos centrales es la reducción de indemnización por despidos sin causa o trabajo no registrado, achicando además el monto para calcular el resarcimiento y excluyendo el aguinaldo, las horas extras, las comisiones, premios y bonificaciones. En el mismo sentido, se postula la creación de un “Fondo de cese laboral” integrado por aportes patronales, habilitando despidos sin causa y eliminando la lógica disuasiva de la indemnización. Lo mismo con la creación del llamado «banco de horas» que anularía las horas extra flexibilizando la jornada laboral.
Esta reforma también implica mayor precarización y tercerización laboral, incremento de los ritmos de explotación y omisión de las enfermedades laborales.
Por otra parte, el gobierno avanza en una reforma judicial con una virtual disolución del fuero laboral.
El macrismo cuenta con el apoyo del arco político patronal: gobernadores, buena parte del peronismo y también la burocracia sindical. El oficialismo no tiene mayoría propia en el Congreso por lo que se valdrá del aval de estos sectores.
La CGT dará su visto bueno para entregar mansamente los convenios colectivos de trabajo, aunque pida modificaciones «en la letra chica». Comprados por el dinero de las obras sociales y acobardados por los “carpetazos” judiciales del gobierno, no están dispuestos a llevar adelante un plan de lucha consecuente. Por otro lado, la imagen de De Vido y Boudou presos sin sentencia firme es un mensaje sin ambigüedades para aquellos sectores de la oposición burguesa que quieran impugnarlo.
Una reforma tributaria al servicio de la Bolsa
El gobierno también presentó una propuesta de reforma impositiva con la rebaja en Ingresos Brutos y Ganancias que sería compensada con un gravamen a la renta financiera, lo que en realidad resulta una falsedad. Se tributaría recién a partir del $1.400.000 pesos para tenedores de bonos pero los fondos de inversión seguirán sin ser gravados y, por el contrario, al igual que las trasnacionales tendrán mayor libertad en el giro de divisas a sus casas matrices. El plan anunciado por el oficialismo seguirá cubriendo el déficit fiscal con deuda, incluso para los intereses que genera esa deuda en un circuito de final ya conocido a la larga.
Sin embargo, la verdadera sorpresa de la reforma ha sido la oposición que provocó en un sector de gobernadores. Esta gravará productos de fabricación local mientras se liberan o disminuyen los impuestos a los productos importados provocando la protesta incluso de gobiernos provinciales aliados al macrismo: Cornejo en Mendoza, se opone al impuesto del 10 % sobre el vino, y Bertone en Tierra del Fuego, donde la liberación de derechos de importación a productos electrónicos repercutirá en una importante disminución de la actividad económica que genera el 30% del PBI provincial. Más allá de su alineamiento con Cambiemos, el incremento del desempleo generará sin dudas pobreza y mayores niveles de conflictividad social.
Y sigue nomás…
El paquete neoliberal incluye también una rebaja en jubilaciones y pensiones al pasar su actualización por índice inflacionario y no de la recaudación. La modificación de las escalas de la movilidad, que en la actual ley se realiza dos veces por año se haría de manera trimestral. Del mismo modo, se busca hacer converger todas las edades de jubilación (ignorando las tareas de riesgo o insalubres) y abrir la puerta a su extensión «en forma optativa».
Dentro de este plan, el gobierno espera implementar una reforma del sistema de salud, cuya prueba piloto tiene lugar en Mendoza, con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) que implicaría garantizar una serie de prestaciones básicas que luego deberían complementarse en forma arancelada. Esto cambiaría la propia lógica del sistema de salud nacional que, aún con su abandono y vaciamiento, contempla la contención de toda la población en sus hospitales públicos y centros de salud.
Bajo la misma lógica y tal como lo ha hecho desde el comienzo de su gestión, el gobierno avanzará contra el sector público. Desde el ministerio de Modernización se anticipa una nueva ola de despidos que, además, el Ejecutivo reclama tenga su correlato en las provincias.
Las reformas laboral, previsional y en salud requieren de su complemento en el plano educativo para forjar la mano de obra precarizada para ese mercado laboral. Tanto con el Plan Maestro como con la Secundaria del Futuro ponen la educación pública al servicio de las necesidades del mercado, con una lógica completamente neoliberal. Así, se aprestan a completar también en términos ideológicos esta profunda regresión social.
Fuerzas Armadas
Las reformas del macrismo se extienden también a las fuerzas armadas. Desde el comienzo de la gestión se avanzó y pretendió cuestionar la política de DDHH en nuestro país en una reivindicación más o menos abierta del terrorismo de estado. Sin embargo, dichos intentos, como la aplicación del 2 x 1 en delitos de lesa humanidad, debieron enfrentar el masivo repudio popular y al menos por el momento, no han logrado concretarse del todo. Incluso, la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior aparición sin vida por clara responsabilidad de la Gendarmería bajo órdenes del Ministerio de Seguridad provocaron grandes movilizaciones populares que han sido la principal garantía para que no se imponga el operativo de encubrimiento promovido desde el gobierno.
Para blindarse para la nueva etapa, el oficialismo impulsa un proyecto de modificación del decreto reglamentario que limita el accionar militar solo ante la agresión externa, habilitando la disposición de las FFAA ante “agentes de naturaleza no militar”, denominados comúnmente como «nuevas amenazas» . De esta forma, autorizaría la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos eventuales ataques «terroristas» (¿que podrían ser del RAM contra las tierras de Benetton por ejemplo?). En el plano de la llamada “Ciberdefensa” se plantea una mayor “integración” de la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad con las FFAA.
Otro de los puntos fundamentales de la reforma permitiría a las Fuerzas Armadas ocupar «objetivos de interés estratégico» en el territorio nacional, que hoy permanecen a cargo de las fuerzas como Gendarmería y Prefectura. El objetivo, es liberar efectivos destinados a tareas de vigilancia en centrales eléctricas o nucleares, reparticiones estatales u otros establecimientos, para que intervengan en operaciones amparadas por la ley de Seguridad Interior (en coincidencia justamente con el anuncio de privatización de seis de estas centrales). De esa manera, el Gobierno podría continuar como hasta ahora operando en bases irregulares como en la estancia de Benetton en Chubut. Todo ello acompañado de la compra de armamento –sólo para la fuerza aérea se gastarían 160 millones de dólares-, nuevos ejercicios de adiestramiento y maniobras con otros países. Asimismo, la reforma en la Ley de Defensa habilitaría el ingreso y ejercicios en territorio nacional de tropas extranjeras.
La resistencia y la esperanza en tiempos difíciles
Necesitamos salir a las calles a enfrentar este paquete de reformas y este proyecto de sociedad que quieren imponernos. No podemos renunciar como pueblo a derechos que hemos ganado con la sangre de tantos y tantas. No podemos resignarnos a este futuro de miseria y explotación.
PORQUE ESTAMOS DISPUESTOS y DISPUESTAS A LUCHAR, ¡VENCEREMOS!
