El cambio en el escenario político a partir de la lucha contra la reforma previsional abrió una nueva etapa. El gobierno busca profundizar las políticas neoliberales y establecer un nuevo paradigma represivo en pos de garantizar el saqueo y una colosal transferencia de riquezas desde las mayorías populares hacia los sectores más concentrados del poder económico. Las fisuras del gobierno y las tareas para el campo popular.

El escenario político ya no será como antes. La ejemplar reacción popular de las últimas semanas frente a la embestida gubernamental, nos marcan con total claridad que la clase trabajadora está viva y dispuesta a dar pelea. La somnolencia, el aturdimiento frente a los golpes ejecutados desde primera hora por el establishment y “la paz social” en acuerdo con la CGT y los gobernadores del PJ demostraron ser ineficaces para contener el conflicto social y fueron respondidas con sucesivas jornadas de luchas en la calles protagonizadas por amplios sectores de trabajadores/as.

La alteración en la correlación de fuerzas, que hasta el momento se mostraba sin mayores turbulencias, una vez más fue producto de la lucha de clases como lo ha demostrado desde siempre la clase trabajadora argentina a lo largo de su historia.

Tras dos años de gestión, a sólo dos meses de haber ganado las elecciones en las provincias más importantes del territorio nacional, el macrismo enfrenta su primera crisis política acompañada de una pírrica aprobación en Diputados de la Reforma Previsional; atada a su vez a las leyes de Responsabilidad Fiscal (donde las provincias se comprometen a reducir el gasto público), la Reforma Tributaria que otorga beneficios impositivos a las grandes empresas y el Presupuesto 2018.

Un paso en falso y algunas lecciones para Cambiemos

Por imposición de la coyuntura o simple error de cálculo, la debilidad de la planificación política de Cambiemos fue iniciar su “reformismo permanente” con la modificación del régimen previsional, transformación que en todos los países que se llevó adelante no logró contar con consenso social.

No alcanzó con la campaña de austeridad “para sacar adelante el país” (que sólo pagamos las y los de abajo), ni Durán Barba, ni el apoyo indiscutible de las corporaciones mediáticas, para lograr la convalidación social frente al saqueo de $ 100.000 millones a las y los jubilados y beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo. Mucho menos la presencia de los gobernadores en el recinto para controlar que no hubiese desacato en el voto antipopular de algún que otro servil diputado.

Con varias encerronas, Macri descartó la opción de implementar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante las tensiones en su propia coalición, pero fundamentalmente porque con el clima social enardecido hubiese significado “tirar más nafta al fuego”. La opción fue mostrar autoridad a como dé lugar. Las fricciones alcanzaron las filas gubernamentales pero también al Partido Justicialista dispuesto a garantizar el orden institucional. En medio de la tensión política y las luchas en las calles, Macri salió al cruce y señaló que “la gobernabilidad ya no está más en discusión” tratando llevar calma a los acreedores internacionales y la burguesía local, mientras la macroeconomía y el endeudamiento siguen poniendo en evidencia la fragilidad del escenario econó- mico del país.

A pesar de haber conseguido aprobar la agónica reforma previsional con un quórum ajustado y en el marco de una feroz represión puertas afuera del Congreso nacional, el oficialismo sufrió una derrota en el plano político que pone en alerta al conjunto del empresariado respecto a si Macri podrá o no administrar el ajuste. Mientras tanto, el plan elegido es cerrar filas de forma incondicional con el oficialismo, quien ha mostrado ser el más fiel custodio de sus cuentas bancarias.

La otra lección para el poder que arrojan las jornadas de lucha, es que no alcanza con mantener las riendas en la superestructura política si no se controla la oposición por abajo. El gobierno encaró este conflicto con la misma táctica de disciplinamiento social desde que inició su gestión, dispuesto a hacer “tierra arrasada” de los derechos adquiridos de la clase, pero se encontró con el despertar de la resistencia popular y la experiencia acumulada de una clase que no ingresa a este nuevo período político derrotada.

Unidad de acción y alternativa anticapitalista

El rechazo generalizado contra la reforma previsional se expresó en una movilización unificada por distintos sectores opositores, con la activa participación de los movimientos sociales, organizaciones sindicales y laburantes no organizados que presionaron a las direcciones burocráticas a pesar del vergonzoso paro que no fue; junto con la importante presencia de la izquierda anticapitalista y sectores de base del kirchnerismo, que de conjunto enfrentaron el escenario represivo.

La amplia unidad de acción en la calle logró la fuerza en la resistencia con masivas movilizaciones que se iniciaron el 13 de diciembre; continuaron al día siguiente y lograron un triunfo político parcial con la suspensión el 14 de la sesión en la Cámara de Diputados y finalizaron el día 18 con miles y miles de trabajadores/as dispuestos a no abandonar la Plaza Congreso a pesar de los gases lacrimógenos y las balas de goma. La pelea continuó hasta la madrugada y se entendió a numerosas ciudades del país con significativos “cacerolazos” de sectores medios que comienzan a ser golpeados por la política económica, quienes se plegaron al repudio contra la represión y el paquete de medidas antipopulares votadas a espaldas del pueblo.

Otro elemento característico de las jornadas, que tuvo su punto más alto en la manifestación del lunes 18, fue el salto en la acción directa de miles y miles de compañeros/as haciendo frente a la represión de Gendarmería y fuerzas policiales. Más allá de la campaña de estigmatización de las usinas mediáticas de la derecha y de cierto “progresismo bienpensante”, lo cierto es que numerosos sectores entre las y los manifestantes recurrieron al método de la acción directa, con amplia legitimidad, intervención que en ese marco jugó un rol político claro y comprensible: por un lado, de defensa frente a la represión policial; por el otro, como expresión del claro descontento popular, intensificando por la vía de la lucha de calles la presión del pueblo organizado y movilizado hacia el interior del recinto legislativo en el que se debatía el saqueo a nuestros viejos/as y pibes/as.

Desde ya, la implementación del ajuste trae consigo un salto en la escalada represiva, que tuvo como antesala la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en el marco de la protesta mapuche. La dura represión y posterior detención masiva de los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy, en vísperas de Navidad, se inscriben en esta grave tendencia en crecimiento.

El avasallamiento sobre las libertades democráticas, sobre el derecho a la protesta, las detenciones masivas, el peso de las causas penales contra las y los manifestantes, junto con el apoyo incondicional e irrestricto del gobierno nacional a la labor de los aparatos represivos del Estado, están colocando a nuestro país a las puertas de un estado de excepción. Está en curso un nuevo paradigma represivo que busca judicializar y quebrar la protesta del pueblo para garantizar el saqueo y una colosal transferencia de riquezas desde las mayorías populares hacia los sectores más concentrados del poder económico.

Si bien es cierto que estamos en momentos de resistencia y de acumulación de fuerzas y que Macri no es De la Rúa, el campo popular por estos días dio muestras de lo que no está dispuesto a soportar y nos ubica en una mejor posición para las luchas que están por venir. La certeza de que este gobierno, lo hace sólo para los ricos, comienza a cristalizarse como un elemento en la conciencia colectiva de amplios sectores del pueblo. Los empresarios y los CEO´s en el la gestión del Estado no tienen un cheque en blanco para definir el futuro de millones de trabajadores y trabajadoras.

Es sobre este nuevo escenario, donde los sectores combativos, el activismo militante y la izquierda anticapitalista debemos tener la inteligencia y ductilidad política para consolidar la táctica de unidad de acción en las calles en oposición a las políticas antipopulares del macrismo. A la vez, debemos ser capaces de mostrar que una opción programática alternativa y las políticas necesarias en ese camino deben asumirse y llevarse adelante desde los intereses de los trabajadores y trabajadoras para reorientar los destinos del país, sin olvidar nunca que esa alternativa será anticapitalista o no será.

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