Las tratativas entre gobierno y FMI muestran un estancamiento. En cualquiera de los escenarios planteados por el oficialismo o el organismo financiero, el común denominador es el ajuste sobre nuestro pueblo. Con una pobreza que no baja sustancialmente pese al crecimiento de la actividad económica, y afecta a 4 de cada 10 personas, las recetas del FMI son más achicamiento fiscal y reformas que quiten derechos a laburantes y jubiladxs. Lxs trabajadorxs y el pueblo necesitamos movilizarnos por otra salida: la histórica consigna del No Pago de la deuda externa tiene más actualidad que nunca.
Etapa crítica
El ministro de Economía Guzmán ha reconocido públicamente lo que de ninguna manera es un secreto: las negociaciones con el FMI están empantanadas. Ante el diario francés Le Figaro señaló con un eufemismo para referirse a la magnitud y el ritmo del ajuste que el Fondo exige que “la diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos”. Para caracterizar el actual estado de situación, dijo, ya sin ambigüedades, que las negociaciones atraviesan una “etapa crítica” (ver La Nación; 21-01-22).
No solo los desacuerdos sobre la dimensión y la factibilidad del ajuste condicionan el pacto. La falta de reservas en el Banco Central para poder hacer frente a los próximos vencimientos con el FMI implica una limitación objetiva. Los tiempos se aceleran y los márgenes de negociación se estrechan. Hay, incluso, voces desde el propio oficialismo que señalan que “la negociación con el FMI fracasó”, como es el caso de Claudio Lozano, de Unidad Popular que integra el frente de gobierno y es funcionario a cargo del Banco Nación. Lozano viene señalando que la negociación debería haberse encarado sin continuar realizando pagos. Lo ratificó recientemente en entrevista con BAE Negocios, al decir que “deberían suspenderse todos los pagos al organismo” y apelar ante los tribunales internacionales “para denunciar como nulo el crédito stand by” contraído por el macrismo (ver BAE; 21-01-22). Más allá de las operaciones y tironeos internos, el dato de los vencimientos en puerta con el FMI (U$S 715 millones de capital el 28 de enero, y U$S 380 millones más de intereses en los primeros días de febrero) es categórico. La suma de ambos pagos, que ronda los U$S 1.100 millones de dólares, dejaría prácticamente sin liquidez al Banco Central. Si se tiene en cuenta que en marzo se proyecta un nuevo vencimiento con el FMI, en este caso, por U$S 2.900 millones, el escenario es explosivo. En palabras de Lozano: “llegamos a una situación donde el FMI mantiene su oferta de siempre y que no ha garantizado ni más plazo, ni mejor tasa, ni eliminado los sobrecargos. Tampoco se hizo cargo de su corresponsabilidad (en el préstamo a Macri en 2018) y sigue apretando en materia fiscal (…) Vamos a una coyuntura donde la negociación debería encararse sobre dos bases: hay que dejar de pagarle al Fondo para no rifar las reservas que quedan. Y, en segundo lugar, avanzar con los planteos en el campo regional e internacional para mejorar los términos de la discusión”. En este sentido, el de jugar a dos puntas geopolíticamente con otras potencias capitalistas, deben leerse las visitas que Alberto Fernández realizará a Rusia y China, respectivamente. Esto se da en momentos clave de la negociación, y luego del regreso del canciller Santiago Cafiero de una misión a EE.UU con resultados poco satisfactorios.
En cuanto a la oposición patronal, más allá de los culebrones de invitaciones rechazadas o aceptadas del elenco de Juntos por el Cambio, este frente se muestra resuelto a boicotear abiertamente un posible acuerdo por las consecuencias de inestabilidad económica e institucional que dicho escenario acarrearía.
Lo crítico de las negociaciones es solo un reflejo tenue de lo verdaderamente preocupante: un acuerdo con el FMI que reconozca esta deuda fraudulenta e impagable implica más ajuste, menos educación y salud públicas, menos vivienda popular, más pobreza y miseria.
La receta conocida del ajuste y la tijera
En 2021, el déficit fiscal cayó 3,5 puntos (fue de 3% del PBI). Esto se logró con un fuerte ajuste fiscal, reconocido públicamente por la vicepresidenta luego de la derrota electoral de las PASO y en víspera de las legislativas. El nivel de recorte fiscal que exige el FMI es aún mayor, y choca con la factibilidad que Guzmán y su equipo -pero también el resto del elenco político oficialista- ven como practicable sin que se desate una nueva crisis económica y también social-política. Un acuerdo con el FMI es consolidar la dependencia, convalidar la estafa de la fuga de capitales, incrementar el ajuste. Pero, además, aplicarlo en los términos que el organismo promueve es por demás inviable: se trata de reducir anualmente un punto el déficit fiscal, asumir un monitoreo permanente (trimestral) del organismo y la posibilidad de cancelar el acuerdo ante incumplimientos que dicho monitoreo detecte (ver Cronista; 19/01/22. También BAE, 20/01/22). Las negociaciones se retomarán en estos últimos días de enero, con el fantasma del default sobrevolando. En este plano, el pedido de un período de gracia de 4 años sin desembolsos será reiterado por el gobierno. La exigencia del organismo sobre un nuevo ajuste y reforma estructural en las jubilaciones, la quita de subsidios al sector energético y una nueva tanda de ataques de derechos mediante una nueva reforma laboral también sigue siendo parte del escenario.
Una deuda que se denuncia verbalmente, pero se convalida materialmente
El martes 18, la vicepresidenta Cristina Fernández publicó una nueva carta abierta en sus redes sociales. Allí reconoce que la “pandemia macrista” de la deuda externa con el FMI contraída en 2018 es un lastre. Lo denuncia, expone que ese dinero se fugó (“no se sabe dónde están esos dólares. ¿Alguien los vio?”). Pero señala que debe seguir pagándose, pese a exponer que no sólo ese préstamo fue una estafa, sino que además la señala como una deuda eterna: “lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina nunca se va a acabar”. A su vez, reconoce que lo pagado en concepto de deuda durante 2021, en plena negociación con el FMI, fue un 1,1% del PBI (U$S 5.160 millones) lo que representa un 20% más que lo destinado a la pandemia de covid, un 0,9% del PBI ($ 420.000 millones). El propio Alberto Fernández señaló en declaraciones este lunes 24 aquello de que no se va a aplicar ajuste y que “nuestro país tiene derecho a crecer (…) no podemos repetir la historia en materia económica”.
En momentos como el actual, donde la tercera ola de coronavirus deja decenas de miles de contagios diarios y las muertes e internaciones muestran un preocupante ascenso sostenido, la verborragia vacía de los mandatarios no resuelve la situación. Mientras la vicepresidenta expone estos datos en tono de “denuncia” o el presidente insiste en que no se va a ajustar, desde su gobierno siguen los recortes presupuestarios y no se adoptan medidas de cuidado, se flexibilizan protocolos a pedido de las patronales y se piensa, básicamente, en cómo reducir el ausentismo laboral sin atender al aumento de los contagios, de los casos graves y fatales.
Una salida de lucha: romper con el FMI, no pagar la deuda
La perspectiva ante esta encrucijada no puede ser la resignación que profesa el oficialismo, ni siquiera el sector supuestamente “crítico”, que grita contra el FMI y el macrismo pero se apresta a pagar con más ajuste. La salida es la más amplia movilización popular con un programa: que se desconozca la estafa de la deuda, se nacionalice el comercio exterior y la banca. Medidas que solo pueden ser tomadas por la clase trabajadora y con el pueblo en las calles. El 11 de diciembre, una enorme manifestación, que tuvo el impulso inicial del FIT-U y contó con un arco mucho más amplio de convocantes, señaló la necesidad de expresar masivamente y en unidad un camino alternativo al sometimiento al FMI, a la convalidación de más ajuste sobre nuestro pueblo, a una mayor subordinación al imperialismo. Es necesario retomar ese camino y coordinar nuevas iniciativas que den continuidad a ese planteo, superando la falsa dicotomía entre gobierno y oposición derechista, quienes junto a todo el establishment vienen expresando su coincidencia en pagar esta deuda odiosa e ilegítima.
