El problema de la crisis habitacional en los principales asentamientos urbanos y rurales de la norpatagonia, entre Neuquén y Rio Negro no es nueva, pero se ha ido profundizando con el pasar de los años. Los altísimos precios de los alquileres, los requisitos inaccesibles para acceder a lotes, la falta de trabajo han hecho de la toma de tierras y las recuperaciones ancestrales de los pueblos originarios, la única solución para el 35% de la población del país, que no puede acceder a la propiedad de la tierra para una vivienda digna. La situación no es distinta para la población que habita Rio Negro y Neuquén.
Con la pandemia, la crisis habitacional se aceleró, las medidas tomadas por los gobiernos fueron insuficientes para que numerosas familias pudieran protegerse de la amenaza de un virus que hasta el día de hoy atacó mayoritariamente a los sectores más desfavorecidos de nuestra América. “Quedate en casa” no fue una alternativa para un tercio de la población, que habita en lugares hacinados, sin comodidades ni servicios, o que fueron desalojadxs por dificultades para afrontar un alquiler.
Un recorrido por el accionar de los gobiernos y la justicia
En las últimas semanas, se han sucedido una serie de desalojos en distintas ciudades de las provincias de Rio Negro y Neuquén. Con el marco del desalojo realizado en Guernica por el gobierno de Kicillof, en la ciudad de Fiske Menuco – Gral. Roca se produjo el violento desalojo del barrio La Esperanza. El desproporcionado operativo de seguridad incluyo golpes, heridxs, detenidxs, la represión se extendió incluso a lxs trabajadorxs de prensa que se acercaron a cubrir el hecho. La misma gobernadora que impulsa el desalojo de las recuperaciones ancestrales del pueblo mapuche en la cordillera promueve desalojos en los conglomerados urbanos de su jurisdicción. El Bolsón, Viedma, Cipolletti y Bariloche son algunos de los centros urbanos de la región dónde se repite la criminalización y el desalojo de asentamientos precarios. En la ciudad de Bariloche, una de las ciudades más desiguales del país, imputaron a las familias que ocuparon un predio municipal ante la falta sistemática de soluciones habitacionales. Las provincias vecinas como Chubut y Neuquén no son la excepción a la regla. Hace algunos días el gobierno de Arcioni de Chubut, desalojo a las familias que se habían asentado 2 meses atrás en el barrio Sin Fronteras de Lago Puelo. En la capital neuquina, a principios de la pandemia, se sucedieron una serie de desalojos en la zona norte de la ciudad, que dejaron sin solución habitacional a más de 1200 familias durante el periodo de aislamiento obligatorio. En Villa La angostura más de 100 familias de la localidad se mantienen organizadxs acampando en un terreno, al igual que otras 30 familias de Centenario, resisten las amenazas de desalojo y el hostigamiento policial.
En la Norpatagonia la única respuesta es la represión
Hemos visto en casi todos los extremos de nuestra región tomas que van desde Viedma hasta el Bolsón, y desde el río Colorado hasta más allá del paralelo 42. El denominador común ha sido la complicidad de todos los aparatos institucionales para judicializar y reprimir a las familias que, decididas a protegerse del hambre, del frio y a la intemperie, comenzaron a construir sus casas. En este sentido no se observan diferencias a la hora de abordar el problema habitacional entre las variantes de la política burguesa Argentina, desde el Frente de Todos hasta Juntos somos Rio Negro, pasando por el MPN respondieron de la misma manera, con palos y causas, utilizando como elemento de distracción falsas rivalidades políticas entre partidos opositores, sin brindar solución. En su oportunismo un caso ejemplo de ello es la ciudad de Fiske Menuco – Gral. Roca, bastión de la familia Soria (PJ), un lugar apetecido por el gobierno provincial por su importancia en el Alto Valle. Ante el surgimiento de diversas tomas en distintos puntos de la ciudad y la presión del gobierno provincial, el gobierno municipal hizo caer el peso de la presión sobre las familias que se encontraban en las tomas, en muchos casos se trataba de trabajadorxs despedidxs del obrador municipal por decisión de la intendenta Maria Elena Soria.
La exclusión y la especulación inmobiliaria como telón de fondo
Somos conscientes que un puñado de lotes sociales está muy lejos de solucionar la problemática de fondo, y menos cuando dichos lotes se encuentran en lugares sin acceso al transporte, o al lado de las piletas de líquidos cloacales y otros factores de riesgo para la salud. La dignidad va mas allá de un lote, va en el acceso a los servicios, a las escuelas, a los trabajos, a la alimentación de calidad y en cantidad suficiente. La represión y persecución judicial solo busca estigmatizar las necesidades básicas que se reclaman y hacer un tratamiento mediático que oculte las históricas falencias detrás del mote de usurpaciones, convirtiendo una necesidad en un delito, en un hecho de inseguridad. La respuesta a las necesidades del pueblo no es represión, bajo esta concepción se esconde una lógica del mercado inmobiliario que pretende acaparar tierras y valorizarla por parte de los sectores más ricos de nuestro país. El sistema habitacional es cada día más excluyente, acceder a una vivienda en el mercado requiere de una suma de dinero que supera lo obtenido x muchxs trabajadores, en toda una vida económicamente activa. La preocupación por parte de los gobierno de la democracia no está a la altura de las necesidades del pueblo sino al servicio del lobby empresarial, para hacer un negocio al alcance de pocos. Cualquier solución popular a este flagelo vendrá de la organización del pueblo con independencia de los gobiernos de turno. Frente a la criminalización y el desalojo a quienes ejercen su derecho por vivienda, se hace necesaria la inmediata y contundente demostración de solidaridad de clase.
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