Tras varios meses de exigir la apertura de paritarias para les trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN), el pasado 29 de septiembre se concretó la instancia de negociación. El Estado Empleador ofreció un 7% de aumento para los meses de octubre y noviembre más la promesa de reanudar la discusión en diciembre. Una paritaria que no recompone nada.
Luego de que los reclamos y presiones desde abajo se hicieran sentir con fuerza por la crisis económica, el Gobierno Nacional abrió la mesa de negociación paritaria de les trabajadores estatales. En una primera oferta, el gobierno de Alberto Fernández (AF) propuso una suba del 15% a pagar en 4 cuotas (4% octubre, 3% diciembre, 4% febrero y 4% abril). Esto fue rechazado de plano por ambos gremios por considerarse insuficiente y se pasó a un cuarto intermedio en la negociación.
Sin embargo, una semana después se cerró una propuesta aun más ajustada: 7% para los meses de octubre y noviembre con una promesa de revisión en diciembre. Este ofrecimiento fue aceptado por UPCN sin chistar (y sin sorprender), mientras que ATE la rechazó formalmente y convocó a un paro nacional… una semana después.
En el marco de una crisis económica que se profundiza cada vez más y con una escalada inflacionaria que no pareciera tener techo, la necesidad de una recomposición salarial para les trabajadores estatales es urgente. El sector que viene con años de retraso salarial y con una alta proporción de sus trabajadorxs bajo modalidades de contratación precaria fue de los más atacados durante el macrismo: despidos masivos en varios organismos, recortes presupuestarios, cierre de programas y pérdida del salario real del 60% durante ese período.
La situación no mejoró desde el cambio de gobierno. En lo que va del 2020 el deterioro salarial de les estatales ronda el 35% y aún queda por delante el último trimestre del año. Lejos de dar una respuesta satisfactoria a los reclamos, el incremento del 7% hasta diciembre ofrecido por AF no se traduce en un aumento real. Por el contrario, consagra la estrepitosa pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años y no llega a cubrir ni un tercio de la inflación de 2020, que se estima ya por encima del 30%.
Sube la comida, suben los servicios, bajan los salarios.
Como si fuera poco, AF tampoco accedió a eliminar el plus por presentismo para incorporarlo al salario básico. Este ítem que comenzó a implementarse durante el macrismo como un supuesto “premio estímulo” constituye un avance de hecho sobre el CCT del sector. Si antes este plus salarial se computaba de manera cuatrimestral, a partir de este acuerdo paritario se acordó que se perciba mensualmente y excluyendo algunas licencias, pero se sigue sosteniendo como un adicional a través del cual se intenta disciplinar a les trabajadores.
La situación salarial es crítica. De acuerdo a las estimaciones de les trabajadores del INDEC, una familia de 4 integrantes (2 adultes y 2 niñes) requiere de unos $70.000 para afrontar los gastos mínimos para vivir. Gran parte de les estatales se encuentra hoy percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza con salarios de bolsillos que promedian los $35.000.
Sumado a esto, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el trabajo a distancia se impuso de hecho entre les trabajadores de la APN, implementándose de manera totalmente improvisada y desorganizada. La mayoría de les trabajadores desarrolla sus tareas utilizando sus propias computadoras, notebooks y/o celulares, ya que el Estado Empleador no proveyó estas herramientas de trabajo.
Muches tuvieron que gastar en programas de actualización, mantenimiento y hasta de reparación o reposición de sus equipos. Y ni hablemos de la contratación de servicios de internet o paquetes de datos, las mejoras en el tipo de conectividad para poder trabajar, el incremento del consumo de internet, luz y demás servicios básicos en los hogares, todo corrió por cuenta de les trabajadores. Las facturas de los servicios durante este tiempo duplicaron y hasta triplicaron su costo mensual.
Así las cosas, el miserable acuerdo salarial no alcanza ni para cubrir los gastos laborales que les trabajadores tuvieron que costear de su propio bolsillo durante estos meses de cuarentena.
En la primera línea siempre…
El Estado empleador se desentiende de su obligación de proveer los elementos y recursos básicos para desarrollar las tareas laborales, agravando aún más las condiciones salariales y de vida del sector. También se desentiende del impacto mayor que tiene esta modalidad para las mujeres e identidades feminizadas, que destinan en promedio 3 horas diarias más que los varones a la realización de trabajos dentro del hogar.
La jornada laboral desregulada y flexible que propicia el trabajo “desde casa” se suma al incremento de la jornada de trabajo no remunerado dentro del hogar. Esta situación de profunda desigualdad se agudiza en un contexto de crisis social y económica, en donde las mujeres y disidencias siempre son les más perjudicades. El tiempo dedicado a las tareas de cuidado y al trabajo dentro del hogar crece a medida que avanza la crisis, precarizando mucho más sus condiciones materiales de vida.
El salario también es esencial
En el contexto de pandemia que estamos viviendo, gran parte de las tareas imprescindibles para el funcionamiento del conjunto de la sociedad son desarrolladas por les trabajadores de la salud y de distintos programas sociales. El trabajo estatal ha demostrado ser esencial en este contexto de emergencia sanitaria, social y económica. El Gobierno debe reconocer su importancia, no en el plano discursivo, sino fundamentalmente en las condiciones salariales y laborales que ofrece a sus trabajadores.
Salarios por debajo de la línea de la pobreza, falta de insumos y elementos de seguridad, condiciones precarias de contratación. Mientras se destinan millones pesos para el pago de una deuda fraudulenta y se aumentan las partidas presupuestarias para las fuerzas represivas y las mafias de La Bonaerense, les trabajadores estatales siguen siendo una variable de ajuste.
Se hace urgente una efectiva recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo de les trabajadores del sector y sea acorde al aumento del costo de vida. Al mismo tiempo, es necesario avanzar con la regularización de todes les trabajadores que se encuentran bajo distintas modalidades de contratación precaria. La estabilidad del empleo público es un derecho. No es posible desarrollar políticas públicas integrales y de calidad con trabajadores precarizadxs y con paritarias de hambre.
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