Luego del cimbronazo inicial producido por el anuncio del Poder Ejecutivo de su decisión de enviar al Congreso Nacional un proyecto de expropiación de la empresa santafesina Vicentín, las autoridades del gobierno nacional, de la provincia de Santa Fe y los ejecutivos de la firma abrieron un curso de diálogo y negociación que apunta a encontrar una salida “razonable” a la situación de quiebra en la que se encuentra la compañía (con una impagable deuda de US$ 1300 millones).
Vicentín es la sexta empresa agroexportadora del país, concentra entre el 10 y 14% de la exportación de granos y en 2019 encabezó la exportación de aceites y subproductos, es decir, se trata de una firma de primer nivel del sector; y su quiebra sólo se explica por una seguidilla de maniobras financieras fraudulentas, embolso descontrolado de préstamos de la banca pública, evasión y fuga de divisas, con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri, de quien fue su principal aportista para la campaña electoral de 2019.
A esta altura no está en discusión la intervención del Estado en la empresa -a cargo de Gabriel Delgado, ex ministro de Agricultura-, sino los términos en los que finalmente se encuadrará y desarrollará la medida oficial: si asume la forma de una expropiación efectiva, mediante la estatización de la empresa, avanzando bajo un criterio de utilidad pública con participación de las y los trabajadores/as y pequeños productores en la gestión; si se incursiona bajo un esquema mixto de co-propiedad con mayoría estatal accionaria para poner en pie una “empresa testigo” en este sector estratégico; o alguna variante clásica de rescate de empresa fundida, en la que el Estado se hace cargo de las deudas, co-administra transitoriamente y una vez saneada la deja completamente en manos de los privados.
Ante el anuncio, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron a marcar la cancha en defensa de la sacrosanta propiedad privada y el gobierno nacional recalculó sus pasos. Con las negociaciones aún abiertas con los ejecutivos de Vicentín, es más que probable que la resolución de Alberto Fernández se ubique en la variante intermedia –lo que empezará a clarificarse en los próximos días-, en una resolución similar a la actual composición accionaria de YPF, en la que el Estado Nacional posee el 51% de las acciones de una compañía de composición mixta (estatal-privada). Como se recordará, la adquisición de esa parte del paquete accionario supuso finalmente para el Estado la erogación de bonos de deuda pública por US$ 5.000 millones, que el entonces gobierno de Cristina Kirchner entregó a la española Repsol, emblema de saqueo y corrupción, a modo de resarcimiento económico por la estatización parcial.
En este escenario, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs consideramos adecuada la decisión de sostener los casi 5000 puestos de trabajo mediante la intervención directa del Estado (tal como lo valoró la Federación Aceitera en un comunicado público); y postulamos la necesidad de avanzar en una perspectiva de expropiación efectiva para la conformación de una empresa plenamente estatal. Para ello, no corresponde otorgar resarcimiento alguno a esta patronal estafadora, que con Sergio Nardelli a la cabeza, amigo personal de Mauricio Macri y ex pre-candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO, ejecutó un verdadero desfalco contra el Estado nacional, los trabajadores y trabajadoras de la empresa y los pequeños productores que entregaron sus producciones a la cerealera y aún siguen sin cobrar.
Asimismo, afirmamos que la intervención estatal en Vicentín no definirá por sí misma un viraje en materia de soberanía alimentaria, si no se la acompaña de medidas complementarias que apunten al control estatal del comercio exterior; actualmente hegemonizado por conglomerados multinacionales extranjeros que especulan con la acumulación de stocks, el retraso en la liquidación de divisas y presionan de manera permanente para la devaluación del peso y el incremento
de sus ganancias.
Para avanzar en una política pública de soberanía alimentaria debe cuestionarse el modelo de agro-negocio que primariza cada vez más la economía nacional, que arrasa con la tierra, contamina pueblos con agro-tóxicos y le da la espalda a las necesidades de alimentación de las familias trabajadoras del campo y la ciudad. En este sentido, la designación como interventor de Vicentín de Gabriel Delgado, activo promotor del uso de transgénicos en el agro, va completamente a contramano de la perspectiva señalada.
La soberanía alimentaria que nuestro pueblo reclama y merece se vincula inexorablemente con una perspectiva de desconcentración de la propiedad de la tierra (actualmente en pocas manos); de un modelo ecológico y sustentable de producción de alimentos y con una intervención estatal decisiva en la regulación del comercio exterior y en la captación de las divisas obtenidas por exportaciones.
Este programa constituye una plataforma de lucha para convocar a la más amplia movilización de las organizaciones obreras y populares, del campo y la ciudad, para exigir la expropiación y estatización de Vicentín, derrotando las presiones de los grandes empresarios y grupos económicos que en su enorme concentración de riquezas condenan a la pobreza a millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
