Sin posibilidades de dar ninguna buena noticia económica en la recta final hacia las PASO, el Gobierno anunció un paquete de medidas electorales y, con el financiamiento orquestado por el FMI y Estados Unidos, concentró todos sus esfuerzos en posponer para después de los comicios una nueva devaluación que, de adelantarse, podría afectar aún más su imagen y sus chances de reelección. La apuesta, de resultado todavía incierto, se limita a generar una sensación de alivio en los sectores populares con la renovada promesa de que “lo peor ya pasó”.
La reciente salida de Christine Lagarde de la conducción del Fondo Monetario y su paso al Banco Central Europeo como trampolín hacia la política francesa no mellaron el apoyo al macrismo. En pocos días, su reemplazante interino, el estadounidense David Lipton, ya le hizo nuevo guiño a Mauricio Macri, una de las principales espadas de los intereses del imperialismo en la región. En su cruzada para mantener el tipo de cambio a raya en la previa de las elecciones, el organismo habilitó una ampliación en la capacidad de intervención del Banco Central (BCRA), que ahora podrá vender hasta US$3.600 millones en contratos de dólar futuro (su tope anterior era de US$1.000 millones). Esta herramienta se suma al aval a la venta de reservas para frenar el dólar, algo que prohíbe expresamente el estatuto del FMI. Con ambos instrumentos, el BCRA seguirá financiando la inédita fuga de capitales, que en tres años y medio ya se llevó US$72.234 millones.
Después de dos meses y medio de “paz cambiaria”, la cercanía de las elecciones y la guerra comercial entre EE.UU. y China reavivaron las presiones sobre la cotización local de la divisa. En un mercado totalmente liberalizado por decisión del actual gobierno, muchos capitales especulativos que habían ingresado al país en los días de estabilidad para hacer carry trade (la famosa bicicleta financiera) volvieron a fugarse, es decir, apostaron a inversiones financieras en pesos con altísimos intereses durante un corto plazo y se pasaron nuevamente a dólares para embolsar suculentas ganancias en moneda extranjera. La dolarización preelectoral impulsó un, de momento, leve aumento del tipo de cambio. Un incremento que habría sido mayor sin las ventas del Central en el mercado de futuros y una nueva suba de la tasa de enriquecimiento de los bancos (la tasa de las Leliq), que ahoga a la economía real, por encima del 60%.
De cualquier manera, las armas concedidas por el Fondo no le garantizan a la autoridad monetaria evitar una nueva corrida de magnitud. Es que, a pesar de contar con US$67.555 millones en las reservas, la mayor parte de ellas están “comprometidas” en el pago de la deuda externa, que el Gobierno se encargó de acrecentar en un monto y un tiempo récord. De hecho, esa hipoteca del país, que dejará vencimientos por más de US$150.000 millones para los próximos cuatro años, fue la principal causa de la megadevaluación del año pasado y es hoy la principal fuente de fragilidad financiera para la economía argentina, evidenciada en un riesgo país que volvió a superar los 800 puntos. En ese marco, la prenda de cambio que ofrecen el FMI y los grandes capitales para refinanciar la deuda es el paquete de reformas estructurales (laboral, previsional y tributaria) que Macri no pudo implementar en estos cuatro años gracias a la firme resistencia de les trabajadores, con las que la burguesía pretende relanzar su ciclo de acumulación y dar un salto a su favor en la correlación de fuerzas entre las clases.
Con todo, la estabilidad cambiaria conseguida en los últimos meses, sumada al alejamiento de los tarifazos de los meses de campaña, le permitió al Ejecutivo desacelerar levemente la inflación desde el nivel más alto en 27 años. Aunque se mantiene en guarismos muy elevados (en julio habría sido del 2,4/2,5% según las mediciones privadas), aflojó algunos puntos desde el 4,7% que había marcado en marzo.
En la misma línea, el Gobierno lanzó un paquete de medidas en clave electoral (Precios Esenciales, Ahora 12, créditos Anses, Junio0KM, etcétera) con la intención de producir una sensación de alivio en lxs trabajadorxs y lxs jubiladxs, que perdieron entre 10% y 15% de su poder adquisitivo (según el sector al que pertenezcan) tras la disparada inflacionaria, la reforma previsional y las paritarias a la baja que firmó la burocracia sindical. Pese a ser de bajo alcance y tener un impacto moderado ante la magnitud del ajuste en curso, los anuncios y el dólar calmo le posibilitaron a Cambiemos ganar algo de aire a través de una pequeña recuperación del consumo.
Pero el rebote es tan marginal que, en el marco de la mayor crisis desde 2001/2002, no tiene un impacto económico ni social significativo. Pese al viento a favor que implica la mayor cosecha de soja, maíz y trigo de la historia que hizo saltar la producción agropecuaria 49,5% interanual en mayo (comparada contra la sequía del año pasado), la economía sigue en el fondo del pozo. La actividad comercial cayó a su menor nivel en una década y la industria cerrará el mandato de Macri con un derrumbe superior al 11%. Los dos sectores con mayor peso en el PBI se achican, afectados por las políticas de ajuste salarial y fiscal y el congelamiento del crédito a raíz de las siderales tasas.
Como siempre, el peso de la crisis se descarga sobre las espaldas de lxs laburantes. En mayo (último dato del Indec disponible), el salario real cayó 12% interanual. Según cálculos del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), impulsado por la UMET y un conjunto de sindicatos de la CGT y las CTA, el poder adquisitivo de lxs asalariadxs acumula 19 meses consecutivos de retroceso y desde la asunción de Macri se hundió 16,4%. Mientras tanto, al compás de los despidos, se profundiza la destrucción de puestos de trabajo registrados, el desempleo y la precarización: sólo en el último año, 217.000 trabajadores formales quedaron en la calle y, para peor, el 80% de los empleos perdidos eran asalariados privados (la categoría habitualmente asociada al empleo de mayor calidad en términos de remuneraciones y condiciones laborales). Así, proliferan los conflictos obreros a lo largo y ancho del país.
Las dos consecuencias más palpables de las políticas neoliberales, ahora manejadas desde las oficinas del FMI, se plasman en el aumento de la pobreza y la desigualdad. De acuerdo a estimaciones del IET y de la Universidad Di Tella, el primer semestre cerró con más del 34% de les argentines sin poder satisfacer sus necesidades básicas, lo que implica que en un año se amplió en más de 3 millones la cantidad de pobres (el dato oficial se conocerá en septiembre). Además, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el decil de menores recursos se agrandó de 20 a 21 veces.
Para inclinar la cancha aún más a su favor, los cañones del empresariado en el período poselectoral se enfocarán en la reforma laboral que la clase trabajadora logró resistir en diciembre de 2017 con grandes jornadas de lucha. Por eso, será una batalla clave a librar con todas nuestras fuerzas gobierne quien gobierne
