En Retiro, centro neurálgico de ingreso y egreso de la Ciudad, a metros del microcentro, del puerto, los bancos, las embajadas, los hoteles, Puerto Madero… del centro político, económico y turístico del país. Allí se ubica, desde hace casi 100 años, una de las barriadas populares más emblemáticas y que más ha crecido en el país, hoy conocida como Barrio Padre Carlos Mugica.

Su superficie –similar a la del microcentro porteño y valuada en mil millones de dólares- y su ubicación, representan para las élites gobernantes, una verdadera mina de oro. Pero… la gran mayoría de sus habitantes no quiere irse de allí. Tras varios intentos históricos de desalojos masivos con topadoras y fuerza policial y militar, que demostraron no ser un camino viable para lograr el objetivo de lucrar con estos terrenos, la clase dominante de Buenos Aires tiene otro plan en desarrollo.

Mediante la ley de urbanización (aprobada en la Legislatura en el último diciembre) y aquellas que le complementan, como la pronta a aprobarse ley de enajenación de tierras, el Gobierno de la Ciudad, con Larreta a la cabeza, va avanzando en la inserción de los terrenos al mercado inmobiliario. La excusa: venderlos para “financiar deuda”. Para esto, se encuentra en ejecución un plan macabro de desalojo económico a cuentagotas.

Una medida es la construcción de 1.200 nuevas viviendas, ubicadas al fondo del Barrio. Con estas –pequeñas, con paredes de durlock, sin conexión de gas, entre otras falencias-, buscan seducir a aquellas familias que habitan sectores estratégicos para la “integración” de la villa a su entorno. El problema es que la gente vive en casas de material de buena calidad, construidas por ellas mismas y habitadas hace décadas por varias generaciones. Además, el acuerdo que se les propone a las familias en negociación no aclara cuánto pagarán por la nueva vivienda, inédito en la historia de los acuerdos habitacionales. De hecho, aquellas que ya se mudaron al fondo, aseguran que les aumentan las cuotas indiscriminadamente y se encuentran buscando volver a alquilar en otro lado, varias dentro del mismo barrio. De esta manera, las nuevas viviendas entran al mercado inmobiliario.

Al mismo tiempo, el Gobierno necesita avanzar en la titulación legal de las tierras, a fin de que sus dueños puedan vender los terrenos al mejor postor, que a la larga no será otro que quienes vienen invirtiendo y financiando todo el plan. Para esto se hizo un censo que no terminó siendo más que un relevamiento, ya que lxs inquilinxs no pudieron quedar registradxs por negación de lxs dueñxs de las viviendas y se hizo en horarios laborales, por lo que mucha gente no se encontraba en su casa. Si se le suman los requisitos discriminatorios contra personas en condición de ilegalidad -asi sea temporal- y aquellas que posea su familia al menos una parcela en algún rincón de Argentina o de su país de origen, los títulos van a ser otorgados a muy pocxs.

En clara señal de apoyo por parte de los grandes capitales privados, se anuncian las aperturas de bancos, un mc donalds, mercados, etc. Que junto con la avanzada construcción de edificios de oficinas de primer nivel detrás de la villa y la reciente inauguración del Paseo del Bajo, se alimenta el imaginario de una villa integrada a su entorno y a la modernidad que este necesita aparentar.

La verdad es que las obras dentro del barrio (financiadas por el Banco Internacional de Desarrollo -BID- en dólares, a cambio de un más que interesante espacio que podrá utilizar gratuitamente por 100 años) son una pantomima. Rompen calles durante meses para refacciones que luego se vuelven a dañar. Pintan casas que se vienen abajo o se prenden fuego por las precarias instalaciones eléctricas. Decoran plazas y alfombran canchitas que se inundan bajo luminarias que despiden chispas con la lluvia. Y si, el barrio se sigue inundando ante cada tormenta, con todos los daños materiales que esto implica para las familias.

Resulta que todo ese financiamiento es una gran caja que le sirve al Gobierno de la Ciudad para hacer negocios con sus constructoras amigas, sostener a sus patotas, vender las tierras “para financiar deuda”, mejorar su imagen frente a los sectores populares y ganar elecciones. No tarda en aparecer dentro de algún spot de campaña una panorámica a vuelo de dron de los vistosos nuevos edificios de viviendas.

Víctimas de todo esto son las decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que viven y trabajan en condiciones precarias, y están siendo manipuladas para ‘dejar ser’ el plan del Gobierno, que utiliza como principal herramienta, la campaña del miedo. Por un lado, instalando rumores de desalojos inminentes, generando zozobra y haciendo que la gente acepte cualquier oferta del gobierno o de un privado con tal de hacer unos mangos antes de irse por las malas. Por otro, rompiendo el tejido social, culpando de diferentes problemas a una u otra nacionalidad, instalando el rumor de que quienes alquilan van a pasar a ser dueñxs del espacio alquilado, provocando así conflictos entre dueñxs e inquilinxs, resultando muchas veces en la expulsión de lxs ultimxs. Y como no puede ser de otra manera, apretando por medio de sus patotas pagas (punteros con cierto poder dentro del barrio) a aquellxs que deciden luchar, organizarse, resistir.

Ni hablar de la construcción del sentido común en el resto de los habitantes de la Ciudad, instalando la necesidad de eliminar a la 31 del mapa y del paisaje, llena de extranjeros ilegales, choriplaneros y delincuentes.

El barrio Padre Carlos Mugica, tanto por su historia, su lucha y su importancia geográfica, es un símbolo de la resistencia popular frente a los atropellos del neoliberalismo. Su complejidad, su situación, sus conflictos, nos interpelan como ciudadanxs para pensar en qué tipo de ciudad queremos vivir, bajo qué principios, valores éticos y morales. Lo que padecen día a día las y los vecinos de la 31, es la síntesis de lo que este sistema perverso quiere con lxs de abajo, someternos física y mentalmente a sus intereses, dividirnos entre nosotrxs, excluirnos y eliminarnos. Ante esto, la única respuesta popular posible es la organización y la lucha.

¡Por una urbanización real y participativa!

¡La tierra y la vivienda son un derecho, no un negocio!

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