Diecisiete años de lucha por el castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki! ¡Presentes!
Sangre bajo el puente
El 26 de junio de 2002 el estado argentino asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; hirió a noventa manifestantes, treinta y tres de ellxs con heridas de bala de plomo (trece sufrieron impactos en zonas vitales) y detuvo a otrxs ciento sesenta en el marco de un operativo represivo que incluyó la acción conjunta de la policía de la provincia de Buenos Aires, policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, y la SIDE.
La represión dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Felipe Solá, obedeció a una decisión política que intentó incidir en varias dimensiones de la disputa que mantenía con el movimiento popular en general y con el movimiento piquetero en particular.
Por un lado, trató de frenar un plan de lucha de alcance nacional que habían lanzado las principales corrientes, agrupamientos y coordinaciones del movimiento piquetero, y que como medida inicial ponía en pie un reguero de cortes de ruta, puentes y accesos a las principales ciudades. Por otro lado, necesitaba disciplinar, neutralizar el conflicto social y recuperar el control de la calle.
Después del 19 y 20 de diciembre: que se vayan todos, que se vaya Duhalde.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 terminaron de derrumbar al gobierno de Fernando De La Rúa, con la rebelión popular disputando la Plaza de Mayo frente a las balas policiales. El último paso que dio el gobierno hacia su abismo político fue la declaración de estado de sitio anunciada por cadena nacional el día 19. A continuación, habló el pueblo.
En cuestión de horas, lo que comenzó con cacerolazos, siguió con protestas en las calles y plazas de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, luego de la renuncia del ministro de economía Cavallo, miles de personas marcharon hacia las plazas de Mayo y Congreso desde los barrios de la ciudad y puntos cercanos de conurbano. A pesar la represión a puro gases y balas de goma y plomo, las protestas y luchas callejeras continuaron durante la madrugada y todo el día siguiente. En la tarde del 20 de diciembre, De la Rúa firma su renuncia de puño y letra, sube al helicóptero y deja el gobierno y treinta y nueve muertxs por la represión en dos días de rebelión.
Duhalde asume la presidencia el 1 de enero de 2002. Después de la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá el 30 de diciembre, quien duró en el cargo apenas una semana. El gobierno de Duhalde era de transición y se había puesto como objetivos políticos reconstruir la gobernabilidad, neutralizar el conflicto social, y lograr una salida a la crisis económica y social para volver a pagar la deuda defaulteada. Un gobierno débil, sin legitimidad popular, en medio de una gravísima crisis, sostenido por un bloque de poder que reclamaba represión por todos los medios a su alcance.
Gobernadores, asociaciones representantes del capital más concentrado, medios de comunicación hegemónicos, punteros de las estructuras partidarias burguesas, y el propio gobierno nacional, coincidían –más allá de ciertos matices- en recrudecer la represión, que venía aumentando a medida en que crecía la rebelión popular al calor de la crisis.
Estaba en juego más que un plan de lucha. Para el gobierno, la jornada del 26 de junio sería también una ocasión para jugar fuerte, para dar señales claras hacia dentro y hacia fuera: un baño de autoridad para exhibir una fortaleza ilusoria hacia el imperialismo yanqui y el capital concentrado, y un golpe de efecto para disciplinar las luchas y reclamos de un pueblo sumergido en la pobreza. Querían recuperar el control de la calle que la resistencia del pueblo trabajador les había arrebatado en un proceso de lucha de casi diez años frente a las políticas neoliberales.
La presencia piquetera en las calles, expresada en marchas, cortes, acampes, tomas y ocupaciones de edificios, tenía otra de sus dimensiones en la disputa de los territorios. Una de las preocupaciones mayores de la estructura punteril clientelar del peronismo, que perdía terreno mientras crecía la presencia piquetera en las barriadas populares.
Ante esta situación, la decisión política del gobierno nacional fue reprimir, mediante un operativo planificado que incluyó la utilización de balas de plomo y carta blanca para matar.
Cacería planificada: un cronograma de hostilidades.
La represión debía ser provocada y la provocación montada.
La situación económica catastrófica se agravaba y sumergía en la pobreza a un 49% de la población y a un 17,8% en la indigencia, con una desocupación del 23%, y una creciente precarización del trabajo y de la vida. Las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs llevaban meses planteando reivindicaciones y reclamos sin respuesta favorable de parte de los gobiernos nacional y provinciales. Tras las promesas incumplidas, negociaciones interrumpidas y plazos vencidos, a las organizaciones piqueteras no les quedó más que salir a la calle.
El gobierno nacional se encargó ir preparando el terreno para ganar consenso para reprimir. Sus voceros y declarantes habituales lanzaron la amenaza y la provocación. Lxs editorialistas, jefxs de redacción, cronistxs y presentadorxs de noticias de los medios de prensa hegemónicos, ensalzaron la consigna oficial, la justificaron, mejoraron y difundieron. Miles de titulares en todos los formatos disponibles decían que el gobierno nacional no iba a permitir los cortes de rutas y puentes anunciados para el 26 de junio.
Los cortes de calles, rutas y puentes y los bloqueos a los accesos a las ciudades que durante casi diez años hicieron lxs trabajadorxs desocupadxs, estaban forjando al movimiento piquetero: el movimiento se formaba a partir de las luchas y confrontaciones. Y en cada una de esas luchas y confrontaciones, la represión estatal, como amenaza o acto, estuvo siempre. Lo sabía el cuero curtido de la propia experiencia, ante hechos tan irrefutables como los nombres de lxs muertxs en represiones a piquetes y puebladas: Teresa Rodríguez en Neuquén en 1997, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes, 1999; Orlando Justiniano, Matías Gómez y Aníbal Verón, en Salta, 2000; Oscar Barrios y Carlos Santillán, en Salta, 2001.
Las organizaciones piqueteras conocían la trayectoria represora de Duhalde de cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. También la violencia de los ataques, hostigamientos y aprietes en los barrios, por parte de lxs punterxs y matones del peronismo bonaerense. Y ya conocían de primera mano, en el propio cuerpo, los balazos como respuesta a las medidas de lucha: Juan Arredondo, del MTD Lanús, fue baleado durante una protesta frente a la sede del municipio de Lanús. El 6 de febrero de 2002, fue asesinado Javier Barrionuevo mientras participaba de un corte de ruta realizado por el MTD Esteban Echeverría en El Jagüel.
Un helicóptero y milicos de todos los colores
Un helicóptero sobrevolaba la zona que rodeaba a la que por entonces era la estación Avellaneda, monitoreando la llegada de miles de manifestantes: trabajadorxs desocupadxs, asambleístas, militantes. Sobre el puente y alrededores, milicos de todos los colores. Así llegaron. Unos desde los despachos y cuarteles, otrxs en trenes y colectivos desde las barriadas del conurbano bonaerense. Las fuerzas del estado a reprimir. Lxs piqueterxs por sus reivindicaciones de supervivencia y por el derecho a protestar, el innegociable derecho de ocupar las calles para luchar.
A las 11.40hs. comenzó a avanzar por Avda. Yrigoyen la columna que conformaban la Coordinadora Aníbal Verón, Barrios de Pie y el MIJD. Unos minutos más tarde, y por la avenida Mitre la columna que integraban el Bloque Piquetero Nacional (Movimiento Teresa Rodríguez, Cordinadora de Unidad Barrial, Movimiento Territorial Liberación), y la Frente de Trabajadores Combativos. A las 12.00hs, apenas cinco minutos de llegar a la base del puente Pueyrredón, la represión estatal desataba su cacería planificada.
El desalojo de la zona del puente lo hicieron en pocos minutos, a tiro limpio y bajo una lluvia de piedras. Después se dedicaron a perseguir a lxs manifestantes, balearlxs y detenerlxs. La ocupación policial de la ciudad de Avellaneda duró hasta bien entrada la noche.
Durante todo el día el gobierno intentó instalar la versión de que lxs piqueterxs se habían enfrentado entre ellxs, que eso explicaba los muertos y heridxs, que habían usado armas de fuego y que se proponían atentar contra la seguridad del estado al cometer delitos que se violaban la Ley de Defensa de la Democracia. Buscaba legitimar una ofensiva represiva cuyo próximo paso sería la criminalización de las organizaciones y sus militantes. Con el objetivo de liquidar las luchas en curso.
El registro fotográfico aportado por trabajadores de prensa ayudó a las organizaciones a reconstruir la secuencia de hechos y -a pesar de la demorada publicación- fue decisivo para desbaratar una operación con la que intentaban blindarse de impunidad.
Como dijo Guevara
La respuesta popular a la masacre y la lucha por el castigo a sus responsables políticos y materiales comenzó el mismo 26 de julio en calles y plazas de varias ciudades del país. Continuó con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo al día siguiente, y tuvo una expresión multitudinaria el 3 de julio, cuando bajo una lluvia eterna unas veinte mil personas cruzaron el Puente Pueyrredón en marcha hacia Plaza de Mayo. Esa tarde, el repudio popular creció bajo la tormenta, se multiplicó en millones y cantó con dolor y rabia que la sangre de los caídos es rebelión y está viniendo.
La evidencia de los hechos y la masividad del repudio fueron demasiado para la endeble gobernabilidad de Duhalde. Obligado a una salida de emergencia, adelantó las elecciones presidenciales y llenó el conurbano de planes sociales con el objetivo de neutralizar, fragmentar y cooptar a sectores del movimiento piquetero.
Desde entonces, familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, amigxs, los MTD´s donde militaron, la casi totalidad del movimiento piquetero y gran parte del campo popular dieron vida a una pelea que siguió creciendo hasta lograr las condenas de varios de los responsables materiales: prisión perpetua para el ex comisario Fanchiotti y el ex cabo Acosta; y condenas menores para otros siete policías.
La solidaridad consecuente de Darío y Maxi está presente en nuestras luchas, banderas, consignas y canciones, y van a seguir viviendo en la medida de que nosotrxs no aflojemos en la lucha.
Para conquistar las condenas a Fanchiotti, Acosta y los demás policías hizo falta una lucha sin claudicaciones. Para lograr el castigo a los responsables políticos y autores intelectuales habrá que multiplicar esfuerzos y hacer crecer la lucha todo lo que haga falta.
Y no confundirse, saber siempre que con ellos no; que Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi, Jorge Matzkin, Juan José Álvarez, Oscar Rodríguez, Luis Genoud y Carlos Ruckauf, tienen una candidatura de la que no pueden bajarse: su candidatura a la cárcel.
