Desde hace años Venezuela viene siendo sometida a un ataque permanente. La expropiación de CITGO (filial norteamericana de PDVSA) por parte de EEUU durante enero, es apenas una nueva batalla, en el marco de una guerra no declarada que tiene este año una fuerte ofensiva para derrocar al gobierno bolivariano. Sin embargo, las bombas económicas hace años vienen cayendo sobre el territorio venezolano.
En diciembre de 2014 se aprobó la “Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”. A esta le continúo en marzo de 2015 la Orden Nº 13692 que estableció a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Estas herramientas legales han permitido que EEUU se involucre directamente en la soberanía y los asuntos internos de Venezuela. En total, desde marzo de 2015 hasta la actualidad, han sido 6 decretos ejecutivos, que penaliza las actividades económicas, en los aspectos financieros, petroleros, y conformando un bloqueo en los hechos sobre la economía venezolana.
Esta política punitivista se emparenta con los esquemas injerencistas planteados contra Cuba desde 1962, Chile entre 1970-1973, Nicaragua en 1979, Irán e Irak a partir de los 80. También se pueden encontrar ejemplos en varios países de África con diferente extensión en el tiempo, o más recientemente las realizadas contra Siria, Libia y Corea del Norte.
En definitiva lo que se pretende es establecer un cerco económico que sea germen de un caos social que ponga en cuestión la legitimidad del gobierno. Para Venezuela, ha representado la negación de recursos económicos, el entorpecer actividades financieras, trabar la actividad comercial lo que incluye impedir el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes básicos. Todo este cuadro es el que construye la excusa de la necesidad de “ayuda humanitaria”, estableciendo una perspectiva que justifique una intervención extranjera.
Esta política de ahogamiento económico es mucho más onerosa que el envío de tropas y los abultados presupuestos militares que eso implica. Pero a la vez, implica el deterioro permanente de las condiciones de vida de millones de venezolanos y venezolanas. El padecimiento de un pueblo entero a través de una guerra no declarada.
Algunas de las diferentes medidas tomadas contra Venezuela son: prohibición de tratar asuntos de deuda soberana y de deudas de su principal empresa PDVSA, cierre de cuentas pertenecientes a organismos y empresas de Venezuela, acciones judiciales en tribunales extranjeros, bloqueo para realizar transacciones financieras desde o hacia Venezuela, retención de fondos (como el oro depositado en el Reino Unido), imposición de multas, negativa de empresas farmaceúticas de vender medicamentos a Venezuela, bloqueo y confiscación de cargamentos de alimentos, cierre de cuentas de misiones diplomáticas que complejizan el desempeño de los servicios en el exterior.
Estas medidas han provocado pérdidas millonarias a la industria petrolera, caída en la actividad económica interna y del comercio internacional, devaluación, desabastecimiento y escasez en sectores esenciales de la economía, fuga de capitales, y encarecimiento del crédito. Se calcula que desde agosto de 2017 a diciembre de 2018 las pérdidas han sido de u$s 23.000 millones. Los activos congelados en EEUU rondan los u$s 30.000 millones. En el área financiera se calculan otros u$s 1.100 millones de pérdidas, y u$s 1.200 millones retenidos por Euroclear, por ejemplificar algunos de los aspectos afectados.
Por supuesto, si no fuese por la ayuda de otros países, fundamentalmente China y Rusia, el cerco sobre Venezuela sería aún más terrible. Las relaciones con estas potencias que buscan disputar espacios a EEUU le ha permitido encontrar otras fuentes de abastecimiento y así resistir denodadamente. La contrapartida es clara, la economía venezolana queda entonces fuertemente ligada a los intereses de estas otras potencias.
Sin embargo, si bien el ataque económico de los EEUU es origen fundamental de la crisis económica, no todo es producto de la política exterior. La economía venezolana sigue siendo monoproductora, y se asienta en su principal fuente de divisas que es la exportación petrolera. Esta dependencia de un solo bien de carácter extractivo, es el talón de Aquiles del ahorcamiento de las exportaciones. A su vez, la industria venezolana no sólo que es poco diversificada, sino que además se caracteriza por ensamblar componentes en diferentes ramas, dependiendo a la vez de insumos provenientes de la importación. Pero el problema mayor al que debe enfrentarse es el de la soberanía alimentaria. Venezuela importa gran parte de los alimentos que su población consume. En los últimos años se han realizado diferentes impulsos por lograr una mayor capacidad de producción alimenticia. La distribución de tierras entre sectores campesinos ha sido fundamental para mejorar la producción de alimentos.
Experiencias como la desarrollada en la Comuna El Maizal, en el Estado Lara, en base a los Ejércitos Productivos Obreros, son ejemplos de intentos de políticas por revertir esta situación. Buscan enfrentar de forma colectiva una Guerra No Convencional. El intercambio de saberes entre trabajadorxs para poner en funcionamiento maquinaria ha logrado importantes avances como por ejemplo recuperar equipos que estaban en desuso por falta de reparación, refrigeradores, maquinaria para siembra, redes eléctricas, lámparas, combinando el conocimiento de los obreros de la metalurgia con los trabajadores rurales. De esta manera se potencia la siembra y la mejora de los cultivos. Si bien a pequeña escala, son experiencias como estas las que ponen de manifiesto que las respuestas van aflorando desde el mismo pueblo. Aún falta mucho, y esta batalla no se resolverá de inmediato, son necesarias medidas de fondo para que los esfuerzos populares se articulen con un cambio de rumbo en términos macroeconómicos y políticos.
