La llamada Cobertura Universal de Salud (CUS), es la fórmula del gobierno de Cambiemos para reformar el Sistema de Salud Argentino. Con ideas importadas del Banco Mundial, el macrismo intenta hacer andar una reforma que degradará la Salud Pública. A casi dos años de su anuncio hay poco de ese plan a la vista.
La CUS: el seguro de los que menos tienen
En Agosto de 2016 el presidente de la Nación salía a presentar frente a dirigentes sindicales y gobernadores el nuevo plan de Salud, creado mediante un DNU el mismo mes, en un discurso lleno de globitos amarillos. Meses después en Mendoza ya llegaban los primeros 1600 carnets para los/as nuevos/as asegurados/as por la CUS. El plan que le garantizaría cuantiosas ganancias al complejo médico industrial se estaba por poner en marcha, pero hasta el momento no es más que un sello en los carteles y cajitas de medicamentos.
Pero ¿de qué se trata esta reforma formulada en el seno del imperialismo? La CUS se trata de una cobertura de tipo seguro para aquellos/as que no tienen un seguro pactado previamente, es decir ni Obra Social ni Prepaga. Estas 17 millones de personas que actualmente pueden asistir exclusivamente al sistema de salud público podrán acceder a un conjunto de prestaciones delimitadas por una canasta básica definida por la AGNET (Agencia de Evaluación de Tecnologías) en determinadas instituciones públicas o privadas, todo bajo el mando de la “Unidad Ejecutora”.
La composición de estos dos nuevos entes reflejan los intereses de la CUS:
– La AGNET (que deberá ser aprobada dentro del paquete de la Reforma Laboral) estará compuesta por agremiaciones médicas, instituciones académicas, ONGs y los financiadores de salud del sector privado. Este organismo es el encargado de incorporar o excluir medicamentos y tecnologías para la canasta básica que se determine para la CUS y para el resto de las Obras Sociales, convirtiéndose en la palabra oficial que decidirá qué práctica es adecuada o no para cada persona, dependiendo costos y efectividad, a fin de aminorar gastos, y excluyendo a aquellos/as que asisten al sector público de determinadas prácticas que sí podrán realizar en el privado, concluyendo una transferencia de dinero indirecta del sector público al privado.
– La “Unidad Ejecutora” se encargará de direccionar el plan de la CUS, y estaría conformada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud y dos miembros de la CGT.
Es decir que en la reforma neoliberal en salud, todos los peces gordos están invitados a llevarse una tajada.
De fondo el objetivo es lograr una libre competencia entre los seguros (obras sociales, CUS y prepagas) y entre el “Hospital de Autogestión” (formulación desarrollada en los 90´ y profundizada durante el kirchnerismo en donde los hospitales deben generar los recursos para administrarse) y las clínicas privadas. Todo sumergido bajo una lógica de productividad, basado en el subsidio de la demanda, en donde aquel que más prácticas desarrolle más facturará; a esto se le suma que el sector privado con el tiempo suele desestimar las prácticas que no otorguen la tasa de ganancia que esperan, por lo que determinadas prestaciones se garantizarán únicamente en un sistema de salud progresivamente desfinanciado y pauperizado. Se dejará de lado la planificación de políticas de salud para fortalecer la “productividad en salud”.
En cuanto a la población se generarán 3 categorías de asegurados/as: los/as asegurados/ as ricos, medios y pobres. Esto niega el Derecho Humano a la Salud, aumentando la inequidad en el acceso, formalizando lo que sucede de hecho: aquellos/ as que menos tienen podrán acceder menos y de peor manera al sistema de salud.
Una reforma que también va contra los/as trabajadores de la Salud
Lxs trabajadorxs del sector también sufrirán los avatares de la reforma laboral a la cual se le suma los cambios en la reforma en salud. La lógica de productividad dentro del sistema de salud propuesta por la CUS suele devenir en “incentivos por productividad”, exigencia de “número de asistencias y prácticas”, que relegan a lxs trabajadorxs al espacio individual de asistencia y degenera al compañerismo en competencia a la interna de los equipos. Los incentivos por productividad, como en el caso del Plan Sumar, significan aportes económicos que lxs trabajadores deciden si se utiliza para mejorar las condiciones laborales o para engrosar sus salarios; es decir que de esta forma se responsabiliza a los/as propios/as trabajadores/as de las paupérrimas condiciones laborales o de sus magros salarios, instándolos a producir más para subsanarlo, y corriendo de lado la necesidad de organizarse sindicalmente para instar al Estado a que se haga cargo de lo que le corresponde.
Menos de 500 pé por persona
La CUS será financiada a través del Fondo Solidario de Redistribución, que proviene del porcentaje de los aportes de los afiliados de las Obras Sociales para el financiamiento de diferentes programas de Seguridad Social, con el pretexto de que han sido utilizados de manera incorrecta e inoportunamente aplicados. El FSR ronda alrededor de los $30.000 millones, pero solo $8.000 millones serán destinados a la CUS, los cuales serán administrados de una sola vez, sin inversiones estimadas para el futuro. A fines prácticos y numéricos esto quiere decir que si se redistribuye en los 17 millones de argentinos/as que no poseen “cobertura”, se destinará a cada persona $470. Además la CUS contaría con financiamiento de otros 9.000 millones aproximadamente provenientes de la fundación OSDE, ONG perteneciente a la empresa de medicina pre-paga privada del mismo nombre. El magro financiamiento es otro indicador del desprecio del gobierno de los CEOs hacía la salud de los que menos tienen.
Roma no se construyó en un día
La historia del Campo de la Salud es vasta y está ligado sobre todo al desarrollo del capitalismo en Argentina. Es así que tomando los últimos 40 años encontramos que durante los ´70 la dictadura militar inicia un ciclo de descentralización desfinanciada, pasando responsabilidades de Nación a Provincia y Municipio. La fragmentación se acentúa con el crecimiento del sector privado de salud. Para los ´90 se acentúan estos fenómenos y se combinan con la Ley de Hospital de Autogestión, por el cual los hospitales deben generar sus propios ingresos mediante el cobro a otros subsistemas y “fomentar una gestión eficiente y racional de la salud”, generando sistemas de incentivo entre los trabajadores (este cobra un nuevo impulso en el 2009 con la creación de la Ley de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada). En el ámbito de la seguridad social se permite la libre elección de las Obras Sociales, que genera la concentración en las más poderosas. Además se desregula al sistema privado lo que le permite competir en mejores condiciones con el resto de los sectores.
La lógica de seguro en el sistema de salud no es algo novedoso. Más allá de las Obras Sociales o las Prepagas que son seguros privados o paraestatales, el Estado ha impulsado seguros a lo largo de estas últimas décadas: OS de organismos estatales (ministerio de Economía, por ej.), la OS de jubilados y pensionados (PAMI), las ART, PROFE. Todos seguros impulsados por el Estado, pero a diferencia de la CUS, direccionados a una población específica.
Tampoco es novedosa la implementación de subsidios a la demanda: el Plan Nacer (actualmente Plan Sumar) promovido por el Banco Mundial y financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, como las múltiples políticas de salud focalizadas bajadas de paquetes de la Organización Mundial de Salud.
Por último la transferencia indirecta de público a privado se manifestó a lo largo de la historia mediante múltiples formas. Las más clarificadora es el Programa Remediar, mediante el cual el Estado paga jugosas sumas a los laboratorios privados para comprar medicación que se entrega gratuitamente en el Sistema Público. Tal es así que el gasto en medicamentos es el principal gasto en salud, representando U$S 18.400 millones al año, mientras que la inversión en la producción pública de medicamentos es de U$S 89,8 millones al año.
Lo novedoso de esta reforma es que integra todas las políticas neoliberales de Salud y profundiza la lógica de mercado en el mismo.
Salud para el pueblo
La CUS crea las condiciones para avanzar en una privatización en regla del sistema de Salud público argentino haciendo prevalecer una mirada mercantilisita y asistencialista de la salud con la excusa de su situación de estancamiento y crisis. Por estos motivos, nos oponemos a los conceptos de “cobertura” y de “universal” ya que plantean la salud como un contrato y no como un derecho. Si bien nuestro sistema de salud actualmente está constituido legalmente en la universalidad y en la gratuidad de su acceso, no desconocemos que los sectores más empobrecidos acceden menos y de peor manera. A la espera de la puesta en marcha de la CUS, en la Provincia de Buenos Aires se viene desarrollando una nueva propuesta para el primer nivel de atención del sistema público, la Red AMBA, que cuenta con inversiones millonarias en infraestructura y promete cuantiosa precarización laboral, a desarrollar en una futura entrega.
Por todo ello reclamamos la derogación del CUS, y luchamos porque haya una reforma integral en Salud, con mayor presupuesto en salud pública para hospitales y centros de salud, con participación popular en la planificación, estatización de la producción de recursos materiales sanitarios y aparatología, incentivar la producción pública de medicamentos y crear un Sistema Único de Salud, donde el mercado no se ponga por sobre nuestras vidas.
