Durante el fin de semana pasado, los ríos Pilcomayo y Bermejo, al Noroeste de nuestro país, experimentaron una crecida que ha traído como consecuencia importantes inundaciones en varias localidades de Salta. La cifra de evacuados/as osciló entre 7 y 12 mil personas, dependiendo de la fuente que se consulte. Se trata de familias rurales pobres que debieron abandonar sus casas y muchas de las cuales hoy, acarrean la incertidumbre sobre las condiciones en las que éstas quedarán luego que baje el río.

Inundarse no es natural

La noticia tardó en llegar a los grandes medios y ninguno menciona nada sobre las causas de fondo del fenómeno. Solo señalan la crecida del Pilcomayo como un “desastre natural”. Pero las inundaciones sobre localidades argentinas, lejos de ser crecidas excepcionales o extraordinarias, son un fenómeno cada vez más recurrente. Todos los veranos, con temporada de lluvias en casi todo el país, tenemos que lamentar crecidas de ríos que arrastran consigo desde pertenencias materiales hasta vidas. Y siempre de los/as más pobres. No se trata de un caso aislado: en 2016, también en Salta, cinco personas perdieron la vida por la crecida de los ríos Metán  y Pulares. Funcionarios públicos salen sorprendidos a atender la urgencia con el hecho consumado. ¿Podrían haberse evitado?

Néstor Ruiz de los Llanos, secretario de Protección Civil de Salta, señaló que se trata de una crecida extraordinaria del Pilcomayo. Pero en seguida agregó que la última crecida así había sido hace 10 años. Esto evidencia que no se trata de algo extraordinario, sino en todo caso de fenómenos que tienen una regularidad, aunque sea de mediano plazo. Por lo tanto, cabe preguntarse qué medidas para enfrentar al fenómeno están vigentes.

Las inundaciones afectan al pueblo pobre

Las miles de familias evacuadas en Salta son fundamentalmente campesinas y de pueblos originarios, la fracción quizás más postergada de nuestro país. Muchas veces estas familias están localizadas en áreas de riesgo hídrico, las tierras que les quedan en un país donde la condición económica define dónde vivir. A esto se suma el escandaloso avance de la explotación forestal en el Noroeste argentino, que modifica las condiciones naturales de absorción de los suelos y facilita las inundaciones.

Por eso, los negocios del desmonte y su reemplazo por el monocultivo sojero deben atenderse como una de las principales causas de las inundaciones en Salta. No parece que podamos contar con la clase política, ya que es sabido que las familias del gobernador Urtubey y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, son dueñas de empresas de desmonte y poseen miles de hectáreas por esta zona, por solo mencionar dos ejemplos.

 La causa es el gran capital, no la naturaleza

 Todos los veranos tenemos que lamentar pérdidas de todo tipo debido a las inundaciones en distintos lugares del país. Aunque las causas directas puedan variar, es importante reconocer un hilo conductor entre las inundaciones en la región pampeana por la modificación de los cursos de agua para las siembras de soja y la alteración de las alturas de los terrenos por la creación de barrios cerrados y el desmonte y sojización en el noreste y noroeste. Se trata de miles y miles de hectáreas donde los ambientes naturales son fuertemente alterados, persiguiendo la lógica de la ganancia, sin evaluar más riesgos que los económicos en el corto plazo, y con el vía libre de parte de la clase política (que es la misma que se beneficia de los negocios).

Frente a un modelo económico de saqueo ambiental y social, donde cada vez más familias pobres lamentan las pérdidas, a la misma vez que un puñado de empresarios nacionales y extranjeros se llenan los bolsillos, se trata de poner en pie un modelo de país sin explotación, donde la calidad de vida de las personas y no las ganancias, sea el centro del debate.

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