Los números rojos del déficit se ponen candentes y el macrismo busca cómo cerrarlos a costa del pueblo
Los datos del cierre del año 2017 y el desarrollo de este enero dejaron más en claro que nunca que el plan económico del macrismo no logra cerrar sus incongruencias, y que pese al ajuste realizado en estos dos años, hoy no se vislumbra una estabilización económica acorde a los mandatos que la burguesía local y el imperialismo depositaron en Macri a partir de su asunción.
En las últimas semanas vimos cómo se elevó la meta de inflación para el 2018, casi no se bajaron las elevadas tasas de interés que fomentan la bicicleta financiera y se disparó la cotización del dólar. Estos síntomas dan muestra de un cuadro general de mayor volatilidad, que sumada a la extrema dependencia de los mercados financieros extranjeros, ponen a la economía local merced a un crisis frente a cualquier vaivén externo, por ejemplo la anunciada suba de tasas de la FED norteamericana.
Déficits gemelos: el rojo Fiscal y Comercial
Ya hemos visto que la Argentina necesita muchísimos más dólares de los que genera: desde el gobierno, para el pago de los intereses de la deuda externa y desde el sector privado, para obtener el equipamiento y los bienes para su funcionamiento, aunque sin olvidar aquí los dólares utilizados para remitir utilidades al exterior que desde el levantamiento de la veda kirchnerista suman aproximadamente 6 mil millones de dólares. En 2017 la economía argentina vivió nuevamente de prestado, con un déficit fiscal en alza, donde por ejemplo a través del turismo se perdieron casi 11 mil millones de dólares (un 25% superior al año anterior), y por el lado fabril el principal sector deficitario fue el automotriz con un rojo de 8400 millones. Aquí pesa también la fuga de capitales, o sea los dólares que salieron del sistema vía bicicleta financiera entre otros, que alcanzó un récord con la friolera de 22 mil millones de dólares.
Por el lado comercial, el déficit de 2017 fue de 8471 millones de dólares, el más alto de la historia argentina en cuanto a valor nominal, y el peor desde 1998 en relación al PBI. Las importaciones del año subieron un 20% a partir de la apertura indiscriminada realizada por el gobierno, mientras que las exportaciones subieron solo un 1% ocasionado por el desempeño del sector primario y agropecuario, agravado por una baja de precios.
Deuda para cubrir los huecos
Desde el inicio de la gestión macrista, una parte clave de su estrategia fue acelerar la toma de deuda externa para cubrir sus necesidades financieras mientras aplicaban un ajuste social y esperaban el “segundo semestre” con inversiones mágicas que llegarían para terminar de equilibrar su balanza. Esta ilusión demostró rápidamente ser falsa. El gobierno intentó una y otra vez convencer al capital extranjero pero sin resultados. Es lo que volvió a ensayar fallidamente en su reciente gira europea al intentar dar forma al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras tanto, el endeudamiento tuvo que ir creciendo a pasos agigantados para ir ganando tiempo y buscar la táctica para salir del “gradualismo”, reforzar el ajuste fiscal y garantizar las reformas antiobreras que exigían los “inversores”.
Entre 2016 y 2017 la toma de deuda externa neta fue de 50 mil millones de dólares y el peso de los intereses de la deuda haya aumentaron un 70% en 2017 con respecto al año anterior. Los últimos días, hasta el mismísimo FMI alertó sobre el peligro del ritmo de endeudamiento de algunos países, donde Argentina se destacaba. Como siempre su consejo fue reducir el gasto público, en particular en las áreas donde se vio un aumento relativo durante los últimos años como pensiones, salarios y prestaciones sociales. Nada ajeno al plan del macrismo que tiene como objetivo descargar sobre el pueblo trabajador los ajustes estructurales.
Reformas regresivas que buscan cerrar el déficit a costa del pueblo
El rojo financiero del 2017 alcanzó el 6% del PBI: A partir del fuerte ajuste llevado a cabo, el macrismo logró achicar el saldo negativo primario de los rubros no financieros, pero esto fue largamente superado por el avance del déficit financiero empujado sobre todo por el pago de intereses de la deuda.
Estos números generaron alarma incluso entre el equipo económico porque consideran que la reducción del rojo fiscal es una meta clave. En ese camino avanzaron en volcar hacia los sectores populares el principal achique e impusieron las reformas previsional y tributaria y el pacto fiscal firmado con las provincias.
Vimos nuevamente al incombustible Carlos Melconian, encabezando el lobby para abandonar el “gradualismo” y aplicar una política de ajuste fiscal de manera más brutal. Claramente esto no es simplemente la opinión de un ex funcionario, sino que representa a una parte del gobierno que nuevamente evalúa cómo salir de este embrollo económico.
El objetivo planteado por el macrismo para el 2018 es disminuir el déficit fiscal al 3,2% del PBI. Con la reforma previsional ya aprobada se estima que el monto (que en lugar de ir a los jubilados quedará en manos del ministro Dujovne) será de más de 70 mil millones de pesos.
La otra reforma aprobada en estos días es la impositiva. Con el objetivo explícito de “bajarle impuestos a la clase empresaria y propietaria” a fin de “maximizar la atracción de capitales” hacia el país, algunos puntos sobresalientes de esta medida regresiva son la baja de los aportes patronales y la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias para las empresas que reinviertan parte de las mismas.
Por el lado de los aportes patronales, con la fachada de fomentar el blanqueo de trabajadores y trabajadoras en negro, se fijó un mínimo no imponible que irá creciendo hasta el 2021 y sobre el cual las empresas no deberán hacer los aportes patronales correspondientes. Recordemos que entre estos aportes se encuentran los jubilatorios, con lo cual el mismo gobierno que modificó a la baja la fórmula de actualización de jubilaciones con la excusa de que iba a generar un rojo en la ANSES, ahora fomenta su desfinanciación. Ya en los ’90, el ministro Cavallo bajó fuertemente los aportes patronales lo cual no generó ni una lluvia de inversiones ni la creación de empleo sino todo lo contrario, millones de trabajadores y trabajadoras desempleados y precarizados.
La baja propuesta sobre el impuesto a las ganancias resulta más insultante aún, ya que luego de aprobada la ley, las y los trabajadores continuarán viendo confiscados sus salarios con una tasa máxima del 35%, mientras sus patrones tributarán un máximo de 25% si logran demostrar una reinversión de sus ganancias, algo que sabemos será sencillo para los ejércitos de contadores formados para evadir impuestos.
La reforma impositiva incluye el gravamen de la renta financiera, una consigna largamente reclamada por el campo popular, aunque es solo una pantalla marketinera ya que impusieron tasas no solo bajas sino con un mínimo no imponible que redundará en que la recaudación por esta vía sea mucho menor a la posible.
La foto general muestra la incongruencia que mientras se busca cerrar el déficit fiscal a expensas de las y los jubilados y las y los trabajadores, se le bajan los impuestos a las empresas. El gobierno sabe largamente que eso no ocasionará un desarrollo de inversiones que compense la pérdida de recaudación, sino que serán fondos destinados a recomponer la tasa de ganancia de la burguesía.
El peso del ajuste sobre la clase trabajadora
En este contexto, la clase trabajadora sigue siendo ajustada a través de la creciente inflación y los techos paritarios. La inflación del 26% que tuvo el 2017 obviamente representa una baja con respecto al récord del 42% del primer año macrista, pero sigue demostrando que no será sencillo poner en caja su avance. Ya el año pasado las metas pautadas por el gobierno fueron imposibles de cumplir, y que los últimos días se haya elevado la pauta inflacionaria para este año a un número (más que conservador) de 15%, deja en claro la aceptación gubernamental de que no vislumbran un éxito sencillo al respecto.
Frente a este contexto inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se vio agravada y si el objetivo del gobierno de poner un techo del 15% para las paritarias 2018 se cumple, el primer trienio macrista cerraría con un deterioro aproximado del 8%.
Por otra parte, dentro de las reformas planeadas por el macrismo, es central la reforma laboral, orientada a llevar la flexibilización y pauperización del trabajo a los niveles de los países más “competitivos” del planeta. Éste sería el requisito de los capitalistas locales
y extranjeros para avanzar en algún tipo de inversión productiva, que ya pasó de la “lluvia de dólares” que iba a caer en el segundo semestre macrista, a una leve llovizna que podría lograrse con 3 años de demora y solo si el gobierno demuestra éxito en su intento de disciplinar a la clase trabajadora. Las jornadas del último diciembre ya dejaron en claro que una cosa es firmar pactos con la CGT o los gobernadores a puertas cerradas, pero muy diferente será avanzar sobre la clase obrera movilizada en la defensa de sus conquistas.
La intención de Cambiemos de descargar el grueso del peso del ajuste sobre la clase trabajadora deberá encontrarnos en la calle, encabezando una amplia resistencia para lograr que el gobierno de los ricos no cumpla con su cometido de pagar sus desmanejos a nuestra costa. Reforzar nuestras construcciones y articulaciones para esta lucha será una tarea prioritaria para este periodo.
