En su fase inicial, la política de “pacto social” entre capital y trabajo, sostenida por el gobierno del Frente de Todos, cuenta con el respaldo unánime de todas las variantes de conducción del movimiento obrero organizado en lo que a centrales sindicales respecta, lo que incluye a prácticamente todas las alas de la CGT y a ambas CTA, de los Trabajadores y Autónoma, respectivamente.
Un consenso extendido que sin duda tuvo su punto de partida en la coincidencia de todas las expresiones sindicales en el apoyo electoral a la fórmula Fernández-Fernández y que ahora se expresa en un alineamiento sin fisuras ante un conjunto de medidas que, más allá de sus contrastes y matices, no revierten la caída del salario frente a una inflación que no cede y golpea drásticamente los bolsillos populares.
La escenificación pública de ese apoyo de las centrales gremiales se plasmó el 27 de diciembre mediante la firma del documento “Compromiso argentino para el desarrollo y la solidaridad” suscripto en Casa Rosada por una amplia mesa multisectorial que incluyó al gobierno nacional, cámaras empresariales, CGT, CTA´s y movimiento sociales afines (CTEP, CCC, Barrios de Pie y FPDS-Pueblo en Marcha), en cuyo contenido, junto a declaraciones contra el flagelo del hambre y la pobreza, los firmantes manifestaron su respaldo a la renegociación de deuda externa que el gobierno emprenderá en los próximos meses.
Y aquí el punto fundamental es que el reconocimiento y pago de una deuda ilegítima, fraudulenta y odiosa se contrapone por completo con cualquier posibilidad de mejora real y sustantiva de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que supere las respuestas de emergencia social. Ejemplo contundente de la sangría que sigue sufriendo la economía argentina por este concepto, resulta el hecho que en unos pocos días el ministro Guzmán agotó el cupo de reservas de US$ 4.571 millones del Banco Central autorizados por la ley de emergencia para el pago de deuda externa, que fueron canjeados a la autoridad monetaria por Letras del Tesoro con un vencimiento a 10 años.
Un “incremento solidario” con gusto a muy poco
En contrapartida, durante los cuatro años de macrismo las y los trabajadores asalariados sufrimos una pérdida significativa del poder adquisitivo de nuestros salarios respecto a la inflación, con variaciones negativas que en los sectores más castigados rondó el 35% (textiles, prensa, estatales) y que en promedio osciló en el 20%, siempre referido a sectores formalizados, ya que la caída entre los trabajadores y trabajadoras no registrados siempre es superior, consecuencia inexorable de la misma precariedad del vínculo laboral.
En este marco, el promocionado “bono” para trabajadores privados y estatales generó una gran expectativa entre las y los laburantes de todos los sectores. El “incremento solidario” en el que devino finalmente este aumento por decreto, se ubicó por debajo de las necesidades y expectativas del grueso de la clase trabajadora, y es importante destacar que el mismo no alcanza a sectores sistemáticamente castigados y negados del acceso a derechos laborales básicos, como trabajadorxs rurales, personal doméstico y a quienes se encuentran bajo modalidades de precarización laboral (monotributistas, terciarizades, etc.). Está claro que $3000 a partir del salario de enero a los que se suman $1000 adicionales en los haberes de febrero (a cuentas de futuros aumentos de la paritaria 2020), no alcanzan para revertir el desplome de los salarios derruidos por una inflación anual que en 2019 fue del 55%.
Para el caso de las y los estatales del ámbito nacional, el incremento sería similar sólo que a partir de los meses de febrero y marzo y con un tope para su pago de $60.000 (factiblemente del bruto), lo que dejará afuera al sector estatal que actualmente percibe ingresos cercanos a un umbral de dignidad de acuerdo a las necesidades básicas de una familia tipo.
De mayor impacto relativo en los sectores de actividad más rezagados, este “incremento solidario” busca inyectar recursos en los niveles más bajos de la escala salarial, que se volcarán de inmediato al consumo con expectativas de reactivación económica que aún está por verse.
Quienes sí seguramente tendrán una reactivación del consumo familiar serán los trabajadores y trabajadoras del sector aceitero, que para fin de año conquistaron un bono de $52.000 mediante un acuerdo firmado por la Federación Aceitera y las cámaras del sector, sobre la base de una larga trayectoria de lucha y pelea consecuente por sus derechos y reivindicaciones. No por casualidad son los aceiteros uno de los pocos casos que en términos relativos lograron sostener los niveles salariales reales respecto a la inflación durante el macrismo.
Sin duda, la “paz social” garantizada no es el camino para la recuperación salarial y de las condiciones de vida. Esa conclusión, poco a poco, irá tomando fuerza entre las amplias bases del movimiento obrero y con ese fin hay que redoblar pacientemente los esfuerzos de organización y lucha, sin aislarnos respecto al estado de ánimo y expectativas en curso del grueso de los trabajadores y trabajadoras, pero al mismo tiempo sin resignarse ante la inercia paralizante de las conducciones burocráticas.
