La renovación del modelo agroexportador en nuestro país pretende convertirse en “la salvación” ante deficiencias estructurales del capitalismo dependiente, empalmando con las políticas económico – sociales del FMI. En los últimos meses vienen creciendo los discursos que sobrecargan las expectativas sobre la reprimarización de la economía argentina a partir del desarrollo del petróleo y gas, la minería – principalmente litio – y el agronegocio frente al cumplimiento de las metas fiscales con el FMI. A la par, Argentina pelea los primeros puestos a nivel mundial entre los países con mayor tasa de deforestación (6to lugar a nivel planetario; Brasil, encabeza el ranking; ver Página 12, 28-11-22) y con mayor cantidad de herbicidas (principalmente glifosato) por hectárea cultivada. Solo en 2022, se esparcieron más de 230 millones de litros de herbicidas en nuestro territorio.
Una persona ingenua o un portavoz de la burguesía argentina podría volver a creer en esas promesas de “progreso” basadas en una actualización del modelo de exportación de materias primas. Si repasamos las políticas económicas a través de la historia podremos trazar una relación directa entre dicho papel y la dependencia económica que hambrea a nuestro pueblo con grandes padecimientos sociales y ambientales.
La relación ente una economía reprimarizada y agroexportadora con las principales extensiones de tierra en pocas manos conforma una matriz de una economía dependiente basada en la exportación de bienes para el mercado mundial, que tiene grandes consecuencias ambientales para nuestro pueblo. Los escenarios que genera la actualidad del sistema capitalista a nivel mundial tienen expresiones particulares en América Latina y en nuestro país que es necesario repasar. Una de las primeras características es la continuidad histórica de dicha matriz económica. La última dictadura militar (1976-1983) afirmó esa dirección. Todo el período “Constitucional” posterior lo confirmó. No se puede pensar dicho recorrido sin la política de endeudamiento permanente para sostener la rentabilidad decreciente de los burgueses nacionales e internacionales.
Las salidas económicas ejecutadas por el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales, así como todo el “elenco” de los partidos afines y opositores (PRO; radicales, Milei, ARI-CC, Partido Socialista) dicen lo mismo: el agronegocio, la explotación minera y las petroleras son nuestras fuentes básicas de recursos y divisas.
En el repertorio internacional, los diferentes actores recrudecen sus políticas de expoliación de nuestros bienes comunes, en medio de una crisis mundial y ambiental y un planeta atravesado por la guerra. El signo más claro lo estableció la jefa del Comando Sur del Ejército estadounidense, Laura Richardson, quien lo expresó con claridad: para el imperialismo yanki el agua, el litio y los bienes comunes en general son recursos estratégicos que pueden administrar a su antojo. Esta declaración que expresa la política imperialista sobre América latina por parte de EE.UU. se entrelaza con la política de China y sus aliados sobre nuestros bienes comunes, aumentando la presión por la apropiación interimperialista sobre nuestro territorio.
Negar la realidad es un crimen imperdonable
Investigaciones recientes dan cuenta del destino envenenado al que pretenden someternos los que manejan el poder en nuestro país; “Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de contraer cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas.”(Agencia Tierra Viva; 13-02-23)
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) realizó una investigación que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe. «Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte», afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.
Dicha investigación fue realizada en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio de cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. «Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer», alertan los investigadores (ver Página 12; 20-02-23).
Rafael Lajmanovich es uno de los autores de los estudios realizados por investigadores de la UNL, el CONICET, la UNSAM y el INTA a partir de los cuales tomamos conocimiento que el río Salado es una nueva víctima que se ha cobrado el modelo agroproductivo de nuestro país: sus aguas, sedimentos y peces contienen altísimas concentraciones de más de 30 plaguicidas distintos. La fauna ictícola como por ejemplo los sábalos que se pescan en sus aguas para consumo humano registran un triste récord mundial en niveles de glifosato, el herbicida más usado en Argentina.
Como señala el investigador y activista Guillermo Folguera, es necesario repasar algunas preguntas que ponen en jaque las políticas de modelo extractivista frente una propaganda que pretende mostrarla como una actividad con cuidado por el ambiente. El investigador se pregunta; ¿Se revisa la aprobación de muchos de los agroquímicos utilizados en argentina muchos de los cuales tienen prohibiciones en el mundo? No. ¿Se controla a las empresas de biotecnología? No. ¿Se fomentan otras prácticas agrícolas? No. ¿Se está revisando la historia clínica ambiental en nuestro territorio y su población? No. Y por último: ¿Se está investigando a la justicia y las denuncias en torno a la aplicación de agrotóxicos? No.
Todo estos no demuestran el verdadero rostro del capitalismo argentino y el futuro que tiene preparado para nuestra clase. Las zonas de sacrificio aumentan cada año exponiendo al ambiente y las personas niveles de contaminación intolerables.
La política minera no es la excepción
Las comunidades catamarqueñas de Andalgalá y Choya en la actualidad siguen resistiendo las embestidas provocadas por las empresas mineras en complicidad con los distintos niveles de gobiernos: saqueo, contaminación, persecución, criminalización y hasta el aislamiento son las consecuencias de la «exploración avanzada y sustentable» en nuestras montañas. Pobladorxs de la Asamblea Catamarqueña Pucará denuncian a la megaminera estadounidense de litio Livent, que opera en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra), por el desastre ambiental que está generando la empresa: manejo de residuos químicos en el aire libre, que caen directamente sobre la tierra, uso depredatorio de los cursos de agua, con el impacto que esto trae sobre las comunidades y campesinxs de la zona.
La empresa minera multinacional china Liex, que también extrae litio en Tres Quebradas, Catamarca, recibió una clausura en noviembre de 2022 por derrames que generaron intoxicaciones en la población y trabajadorxs. Entre otros motivos, se constató que la planta, que opera sobre un humedal, exhibía irregularidades en el manejo de residuos químicos y en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. Para graficar el nivel de precariedad laboral, la planta no poseía siquiera una enfermería equipada.
Como es sabido, la llamada “Ruta de la Seda” que China promueve, tiene en el litio y la extracción de minerales un negocio tan rentable para sus empresas como nocivo para el territorio.
La necesidad de preservar bienes comunes, territorios y comunidades; la defensa del agua potable, no pueden entenderse por fuera de las luchas contra el capitalismo y su política depredatoria. El rol que los monopolios le tienen asignado a nuestros territorios es, como en toda política imperialista, el de terrenos para arrasar y extraer la mayor ganancia posible sin medir los costos en destrucción de ecosistemas, desplazamiento de comunidades, propagación de enfermedades, envenenamiento de ríos… Mientras el elenco político patronal disputa para ver quién administrará el Estado, en algo tienen acuerdo: en pagar una deuda usuraria a organismos internacionales, y en que nuestro territorio sea zona de sacrificio para que el flujo de divisas permita seguir haciendo girar la rueda del endeudamiento y el saqueo capitalista.
La lucha por la defensa de los territorios y contra este sistema de muerte posee numerosos puntos de contacto. Es necesario darla de conjunto.