En 2023, confluirán la aceleración de la crisis económica y las disputas electorales por la sucesión presidencial. Los tarifazos y el recorte del gasto público que enmarcan el inicio del año exponen la subordinación al FMI, que es el verdadero gestor de las principales políticas. Mientras la inflación no da respiro, las disputas de los aparatos patronales se actualizan entre sentencias judiciales y chats que dejan expuestos a jueces y funcionarios “ensobrados”. Un año donde las principales coaliciones juegan el campeonato del ajuste y en el que el pueblo deberá profundizar la lucha.
Dónde hay un mango
En un escenario de estancamiento mundial de la economía que puede derivar en una recesión abierta, los nubarrones para nuestro país no se despejan con el cambio de año calendario. En una economía marcada por la escasez de divisas y los altos niveles de endeudamiento e inflación, el tutelaje del FMI prescribe más ajuste. Mientras el gobierno nacional celebra como un gol sobre la hora que la inflación oficial no alcance (por poco) los tres dígitos y trata de enfriar la economía, se avecina un nuevo tarifazo. El transporte en el área metropolitana aumentó un 40% al iniciarse el año y la nafta se incrementará en el mes de enero al menos un 4%, con el impacto que esto genera en la cadena de valor. Además y en ese mismo sentido, se proyectan incrementos en los servicios como agua, gas y electricidad, ligados a la quita de subsidios que exige el FMI y que nunca se ve absorbida por las ganancias que registran las privatizadas. Se trata de un sector caracterizado por la falta de obras y de inversión, que traslada inmediatamente esa quita de subsidios a las tarifas a los consumidores. La contrapartida del golpe al bolsillo popular que se verá en las facturas de servicios básicos es la millonaria condonación de deudas promovida por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía mediante la cual la distribuidora de electricidad Cammesa renuncia a cobrarles a Edesur y Edenor nada menos que 140.000 millones de pesos. De una deuda de $220.000 millones que estas privatizadas mantienen con la distribuidora (que posee acciones del Estado Nacional), se realiza una quita del 63%, y los 80.000 millones que sí pagarán, serán financiados a lo largo de 96 cuotas. Así, empresarios como Vila y Manzano (entre otros), que veranean en Punta del Este, ven subvencionadas sus ganancias millonarias por el estado. Un estado que no duda en aplicar aumentos descomunales para un bolsillo popular sumamente golpeado.
El empresariado que gana millones con la explotación de lxs laburantes, además recibe enormes favores. Cuando pregunten, como el tango, “¿dónde hay un mango?”, podemos saber quién se llevó la plata que falta en los hogares de la clase trabajadora.
Los que alzaron la copa festejando en 2022
Con el cambio de año se imponen los balances. La línea de continuidad del ajuste desdibuja esas fronteras, pero en términos numéricos hay datos que no pueden ser soslayados. Por ejemplo, 2022 se cerró como otro año de caída del salario real y de mega ganancias para el gran empresariado. Pero esto, lejos de ser una particularidad de 2022, es una tendencia: durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández (desde diciembre de 2019), el salario real lleva una caída acumulada de casi 4% promedio. Si tomamos el gobierno de Macri, donde desde abril de 2018 al cierre de su mandato esa caída fue de 17% promedio, ese derrumbe del salario real supera un acumulado del 20%: un verdadero tobogán, que hace que en términos de ingresos, siempre en promedio, por cada 5 días de trabajo las patronales se ahorren pagarnos 1… una cifra que golpea más a estatales e informales. En este último caso, la pérdida que en promedio es de 4% desde 2019, es de un 14% para el trabajo no registrado.
Mientras cae el “costo laboral” que no es otra cosa que lo que se paga por la fuerza de trabajo, origen de los valores que se crean socialmente, la facturación y ganancias del gran empresariado crece. El CEPA estudia, siguiendo los balances públicos de las grandes empresas, que Ledesma, Aluar, Arcor y Molinos Río de la Plata habían facturado u$s 5.400 millones en todo 2021 y solo en el primer semestre de 2022, ya habían logrado alcanzar u$s 4.150 millones. La rentabilidad de estas empresas pasó de 9,1% en 2021 a 12,5% en 2022 y el costo laboral cayó de 17,8% a 16,7%, siempre según sus propios balances.
Nuestra economía, centrada en las exportaciones de materias primas y derivados, y una industria reducida al ensamblaje de partes importadas, tuvo durante el primer cuarto del siglo XXI varios años con superávit comercial. No obstante, la fuga de divisas de banqueros, monopolios y grandes empresarios, como el mencionado Grupo Arcor (entre otros) son protagonistas del escenario actual de escasez de dólares. Quienes ganan con la explotación, las exenciones impositivas o los subsidios, también lo hacen con la fuga…
Si bien el festejo del campeonato del mundo en fútbol alentó la necesaria alegría popular, hay quienes tuvieron más motivos que otrxs para festejar al alzar sus copas a fines de 2022.
Tocando Fondo
El gobierno en manos del FMI es un hecho. Las revisiones trimestrales exponen con transparencia que los trazos gruesos de política económica se definen en este organismo, capitaneado por los EE.UU. La mencionada quita de subsidios a la energía y el tarifazo así lo exhiben. Pero la tijera del ajuste pasará más por la reducción del llamado “gasto social” que por este otro rubro. El recorte en 2023 hará que este ítem baje del 3,8% al 2,9% del PBI. Los recortes afectan a jubilaciones y planes sociales, entre otros. Desde el oficialismo se habla de “focalización”, pero lo que se practica es el recorte. Ya han sido dados de baja 20.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo… Mientras se pone la lupa sobre la indigencia, el empresariado, muchas veces subvencionado por el Estado, sigue ganando como nunca. El ajuste, además, recaerá sobre áreas sensibles como educación, salud e ingreso de los trabajadores estatales, que verán congelado su pase a planta.
Según lo pactado, el déficit primario (que marca la diferencia entre gastos corrientes y la recaudación de impuestos, excluyendo pagos de intereses de deuda pública) debe pasar del 2,5% del PBI de 2022 a un 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024. A las variables generales mencionadas, se suman reducciones en las exportaciones por la sequía y lo que se proyecta como una cosecha mucho menor a la de 2022. En este escenario volátil, marcado por un castigo sistemático a los sectores populares, que hace que la pobreza se ubique cerca del 40%, las recetas del FMI son más de lo mismo. Los regímenes especiales de jubilaciones (entre ellos de docentes) están en la mira. El aumento de la edad jubilatoria generalizada también es un punto que el Fondo nunca deja de evaluar.
¿Por qué el FMI aprueba lo actuado por el gobierno, pese a que los cumplimientos de metas son parciales, como por ejemplo en el rubro acumulación de reservas? El ritmo del ajuste se encuentra tensionado por el escenario social en el cual se asienta, elemento que el FMI conoce a la perfección. Cabe preguntarse, entonces, hasta qué punto está dispuesto a tolerar el pueblo semejante nivel de expoliación, de sometimiento y de pobreza, empujada para que el gran empresariado, los monopolios y el imperialismo sigan saqueando al pueblo, precarizando las vidas de millones. El FMI sabe que hay y que habrá luchas y resistencias. Nuestro pueblo, también.
Tierra arrasada
Junto con el empobrecimiento y pérdida de derechos de las mayorías, el consenso fondomonetarista tiene otra cara: la de tierra arrasada. Todos los planes de la macroeconomía, de comercio y de transporte están en función de priorizar la venta al exterior de materias primas y alimentos, que generan escasas fuentes de trabajo -y de baja calidad- para obtener divisas y poder cumplir con los compromisos externos sin preocuparse en absoluto por el mercado interno y el consumo de lxs argentinxs. El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo el biodiesel y sus derivados, representó el 48 % del total de las exportaciones. Esto, no solo refuerza un modelo donde las “commodities” con escaso valor agregado son el eje: además, sigue encareciendo el precio de combustibles, alimentos, harinas y aceites en el mercado local.
En medio de la crisis y de la guerra en curso, todas las variantes de las clases dominantes locales reafirman el extractivismo como la llave de su inserción subordinada y dependiente al mercado mundial. Al igual que lo hacen con la idea de que “no hay alternativa” al FMI y sus dictados, burgueses de todo pelaje machacan una y otra vez con la idea de que de “no hay alternativa frente al extractivismo”. En este caso, los discursos son hasta más cínicos, quizás porque como pueblo tenemos una larga historia de resistencia al FMI y sus políticas hambreadoras, pero no tanta a nivel nacional (sí en regiones y localidades) en la lucha contra el ecocidio. Todavía hay quienes consideran que las políticas que envenenan las tierras y los cuerpos, son parte del “progreso”, que el “desarrollo” sólo puede venir de la mano del reforzamiento de este rasgo de origen del capitalismo dependiente argentino y latinoamericano. Todavía hay quienes conceden el término de “ciencia” a los mercenarios a sueldo de las grandes empresas mineras, agrotóxicas, petroleras, de fracking.
Durante 2022, este capitalismo sin grieta incendió más cantidad de hectáreas que en el nefasto 2021. El loteo y venta al mejor postor de los recursos del subsuelo, el avance a pesar de la reiterada expresión popular de rechazo a proyectos como la explotación de oro en Esquel, de petróleo offshore en el Atlántico, de los desmontes en todo el territorio, la expulsión de comunidades y la condena al hambre y a la enfermedad provocada a las infancias no son errores, sino rasgos estructurales de este sistema capitalista mundial que depara este rol para países como el nuestro.
El nombramiento del Antonio Aracre, ex – CEO de Syngenta como jefe de asesores de la presidencia, lobista de la Ley de Semillas y promotor del dólar soja, muestra que en el 2023 la clase dominante no está dispuesta a someter a elecciones este entramado de negocios. La superexplotación de lxs trabajadores es parte central de la política de tierra arrasada. Los monopolios mediáticos festejan en estos días que el hombre de Syngenta, repudiado por miles de personas, promueve la flexibilización de la legislación laboral.
Sobres, chats, condenas… la decadencia de un régimen televisada
La crisis económica que escala confluye con un año de elecciones presidenciales. Las internas y disputas entre bloques se actualizan en consonancia. La guerra judicial, con la condena a CFK, y la difusión de chats del Ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro, muestran lo encarnizado de la disputa. Que ambos bloques políticos y sus facciones internas coincidan en un programa de ajuste y de tutela con el FMI no implica que en su carrera por el control del aparato estatal no haya enfrentamientos virulentos. Mientras el gobierno nacional se muestra replegado en lo político y sin una estrategia clara hacia el año electoral, la figura de Massa se presenta como posible recambio, por derecha. El Superministro viene llevando adelante sin titubeos el plan del FMI y cuenta con el aval del establishment. El escenario parece encaminarse a un ascenso de la oposición reaccionaria de JxC, a la cual, pese a la divulgación de los impresentables chats mencionados, las medidas económicas del peronismo parecen estar pavimentándole el camino a la Rosada. Mientras la disputa superestructural mantiene paralizada la vida de sus propias instituciones, los problemas para la subsistencia cotidiana de millones se acrecientan. El macrismo promete una senda de privatizaciones y shock de ajuste; el peronismo, abandona hasta su retórica popular, y mientras el valor de los salarios y jubilaciones se pulveriza, las organizaciones de desocupadxs pasan a ser blanco de sus críticas.
A la primera tanda de filtraciones de mensajes y audios del ministro de Larreta, donde se veía la promiscuidad delictual para encubrir un viaje entre empresarios, agentes de inteligencia y funcionarios a la estancia del magnate Joe Lewis, le sucedió una segunda entrega donde se ve además cómo el ministro forma parte de un gobierno de coimeros… los sobres con “60 lucas verdes”, el tráfico de influencias en causas judiciales y los pedidos del empresario de grúas y estacionamientos Marcelo Violante muestran la podredumbre de gobierno, jueces y capitalistas con nombre y apellido… y montos. Si bien no deja de ser escandaloso leerlo, es importante señalar que esto no es excepcional: por el contrario, lo excepcional es que se estos diálogos se publiquen. Roto cierto pacto de caballeros, o cierta Omertá mafiosa, la disputa entre bandos hace que salgan a la luz las inmundicias que son frecuentes, pero no públicas.
Ante la exhibición impúdica de los negociados, es imperioso señalar que son las instituciones del sistema las que no van más, y no solo determinados jueces o ministros; determinados empresarios de la obra pública o sus enlaces en el estado: no se trata solo de José López y sus bolsos, de Lázaro Báez, de Calcaterra o de Violante… El conjunto del régimen político es el que no tiene autoridad moral alguna, gobierne una u otra fracción del empresariado, se paren de una o de otra vereda de la grieta. ¿O acaso no hay un núcleo de empresarios y terratenientes que ganan siempre, pese a los cambios de gestión? ¿O acaso la casta judicial, que pasa de un bando a otro sin sonrojarse, podría ser independiente? ¿O los sobres con retornos, pero sobre todo las políticas de beneficio al gran empresariado, no son una constante? ¿Nuestras aspiraciones como pueblo deben ser “lo menos malo” y que nos participen de las migajas, cada tanto? Entre carpetazos y filtraciones, hay un punto sobre el cual no hay confrontación: el FMI es el que determina las políticas estructurales, gobierne quien gobierne. Los monopolios ganan. Los territorios son sacrificados en el altar de las ganancias. Y el pueblo paga la fiesta ajena.
A este régimen descompuesto, de conjunto, es que debemos oponernos; a estas instituciones, acaparadas por el empresariado y sus variados representantes; a su subordinación ante el imperialismo. En definitiva, la disputa debe ser contra este sistema que a nivel mundial sólo ofrece muerte y guerra, y que en nuestros países dependientes muestra su rostro más descarnado. La agudización de la crisis deberá encontrarnos en las calles, reclamando no solo que se vayan quienes gestionan nuestra miseria, sino luchando por una verdadera transformación social. Todo ese vacío social y político que no ofrece ninguna alternativa para las amplias masas populares debe ser llenado por una alternativa revolucionaria. Sin una perspectiva revolucionaria, los padecimientos del pueblo no van a terminar. Ningún cambio de calendario ni de gestión escapará de este marco. El signo del descontento está en disputa, y el desafío debe ser dotarlo de una impronta socialista.
