Este 24 de marzo se cumplen 45 años de la consumación del último golpe de estado cívico – militar – eclesiástico en la Argentina. Una vez más, estaremos en las calles en repudio al genocidio y a sus perpetradores, los de picana y los de traje o sotana. Una vez, reclamaremos por cárcel común y efectiva para los milicos y para los que multiplicaron sus fortunas, desapareciendo y asesinando a delegadxs, comisiones internas. Una vez más, defenderemos el derecho a la verdad sobre el destino de nuestrxs 30.000 y de la restitución de su identidad a lxs cerca de 400 hijes que siguen apropiadxs. Por supuesto, diremos a los cuatro vientos, que fueron 30.000.
Pero además de todo ello, habrá que insistir con terca persistencia, en que nuestrxs compañerxs detenidxs desaparecidxs luchaban por la revolución y el socialismo. El proceso de Verdad tiene enormes deudas pendiendentes. El de Memoria ayer como hoy lo asegura nuestro pueblo y nuestra clase. La llama de la memoria ha sido defendida contra los vientos del negacionismo y contra las mareas de la “vuelta de página”. Y ha sido protegida de la propia estatización de la memoria.
¿Y qué ocurre con la Justicia? A nivel institucional, desde la reanudación de los juicios tras la anulación de las leyes de impunidad, se dictaron alrededor de 240 sentencias. El 45% de las causas se encuentra en proceso de instrucción, es decir, el comienzo de la causa. Y esto ocurre a pesar de que una parte sustancial de las denuncias recupera información y testimonios que datan de la época de la CONADEP, es decir, de 1984. El caso de la “Quinta de los Comandantes” en Villa Gobernador Gálvez es un ejemplo entre muchos. Cerca de 600 acusados de delitos de lesa humanidad murieron antes de que terminara el proceso de juzgamiento; esto es, murieron impunes. De quienes están condenados y detenidos, las dos terceras partes está en prisión domiciliaria. El juzgamiento y las condenas efectivas contra el empresariado y los responsables económicos de los delitos de lesa humanidad se encuentra mucho más retrasado aún, a pesar de la evidencia, testimonios e investigaciones que demuestran concretamente la intervención de la clase capitalista en el terrorismo de estado.
Mientras seguimos reclamando por juicio y castigo, por cárcel común y efectiva para los genocidas, resulta importante no restringir en esos hechos la mirada. La sangrienta dictadura fue el modo en que la clase dominante argentina (en la que incluimos sin duda al capital imperialista) logró resolver la situación revolucionaria que se había abierto en la década de 1960. Munida de la doctrina contrarrevolucionaria elaborada por franceses y profundizada por los yanquis, avalada por una Iglesia que fiel a su historia en Nuestra América legitimó como institución no sólo el asesinato, sino la desaparición, la tortura y la violación, la clase dominante implementó a través del estado y de sus fuerzas armadas la aniquilación de la fuerza social revolucionaria que estaba disputando el carácter social (capitalista o socialista) de la Argentina. Esa fuerza social revolucionaria tenía como vanguardia a las organizaciones que habían asumido el carácter político militar de la confrontación, pero que lejos de ser un grupo aislado -“foquista” dicen muches “compañeres”- era expresión de la acumulación de aprendizajes de parte de la clase trabajadora y el pueblo. Metódicos, los genocidas categorizaban a les detenides, y entre les “irrecuperables” estaban les militantes y combatientes del PRT – ERP, la organización marxista más importante. No había negociación posible. No había conciliación. Porque los que se enfrentaban eran modelos opuestos, antagónicos.
En 1974, el 4% de los hogares del Gran Buenos Aires era pobre. Hoy la pobreza oscila en las cuentas oficiales (u oficiosas) entre el 38 y el 50%. La desocupación entre 1964 y 1987 rondó en torno al 4%, teniendo como pico el 6%. Hoy si se considera a lxs cientxs de miles que han pasado a engrosar las filas de quienes ya no “buscan activamente” un empleo, estamos arriba del 19%. Hasta mediados de los setenta, para les hijes del pueblo tener un empleo estable era sinónimo de poder empezar a salir de la pobreza. Hoy, aproximadamente la mitad de les trabajadores no llegan a cubrir con sus ingresos una canasta básica (que no incluye costos de alquiler).
El capitalismo, desde su propio origen, produce pobreza, produce en forma masiva personas expropiadas de sus condiciones existencia. El terrorismo de estado aniquiló a toda una generación, desestructuró diversas formas de organización del pueblo, y quebró el hilo generacional de la clase trabajadora y del movimiento revolucionario. Permitió imponer una correlación de fuerzas en que pudo desplegarse la reestructuración del capitalismo en la Argentina, acorde con los cambios que se daban a nivel mundial. Desde entonces, los niveles de pobreza, de desocupación, de precarización, en resumen, el deterioro de las condiciones de vida de quienes vivimos de nuestro trabajo ha sido cualitativo.
Hoy, 6 de cada 10 niñxs están condenadxs a la pobreza. La historia de Maia, viviendo en una carpa, sin pan y sin escuela, sin ser mirada salvo cuando “rinde” hacer una nota amarillista, es la norma, no la excepción. Maia es una de lxs millones de niñxs que el capital sacrifica sin reparo. La preocupación del estado, que no es un tercero, es cómo mantener las condiciones sociales y políticas que hacen posible que esta violencia cotidiana, que esta injusticia desgarradora, se perpetúe. Ni una AUH, ni tres o cuatro IFE, ni ningún Progresar pueden resolver ese problema de fondo. Porque es el estado el que al encarnar el interés colectivo de los expropiadores, expulsa a las familias de sus tierras, niega el trabajo, convierte la vivienda en lujo, el alimento en limosna, y al futuro en nada.
La deuda que como pueblo tenemos con nuestrxs 30.000, y con tantxs otrxs que siguen perseverando en la lucha por un mundo sin explotación y opresión, se sintetiza en nuestra deuda con millones de niñxs como Maia. Millones que durante hace 45 años merecieron un país y un mundo en el que sus vidas sean el centro de las preocupaciones colectivas de todxs. Un país y un mundo en el que esos millones de niñxs como Maia no sean reducidxs a un descarte del sistema. Nadie va poder convencernos de que este mundo y este país son el mundo y el país por el que dieron sus vidas lxs 30.000. Porque la justicia llegará, y lo hará cuando con la lucha logremos tirar al basurero de la historia a este capitalismo decadente, y podamos construir un país y un mundo en el que millones de Maias sean nuestro desvelo.
Por ese camino andamos. Convencides de que nacimos para vencer, y VENCEREMOS.
23-03-2021
