Foto de Indymedia Argentina

Por Javier Pineda, abogado y editor de Convergencia Medios*

Para la cosmovisión mapuche los eclipses se asocian con pandemias, catástrofes y tiempos difíciles. Y cuando aún no llega el eclipse que oscurecerá completamente al Wallmapu en diciembre de este año ya se registran momentos complicados.

Este martes se cumplen 100 días desde que el 4 de mayo el Machi Celestino Córdova en la Cárcel de Temuco y ocho presos políticos mapuche (PPM) en la Cárcel de Angol iniciaron una Huelga de Hambre, marcando el comienzo de una nueva etapa de la lucha y resistencia en Wallmapu. El 6 de julio se sumaron once PPM de la Cárcel de Lebu y el 19 de julio se sumaron siete PPM de la Cárcel de Temuco: 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre hasta el día de hoy.

En el caso de los PPM de Angol, radicalizaron esta medida pasando a Huelga de Hambre Seca desde el miércoles 5 de agosto, por lo cual todos han sido trasladados al Hospital de Angol por su grave estado de salud. En el caso del Machi también fue trasladado hace semanas al Hospital Intercultural de Nueva Imperial por su grave estado de salud y en la noche del lunes conocimos un audio donde anuncia que comenzará una nueva huelga de hambre seca y que está dispuesto al sacrificio y reconoce como un orgullo el dar la vida por su pueblo mapuche.

Las exigencias de los presos políticos mapuche, conforme a sus comunicados, se puede expresar en las siguientes: (i) la libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una medida alternativa distinta a la prisión, tal como lo establecen los artículo 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; (ii) la devolución del territorio ancestral, priorizando a los diferentes lof en resistencia; (iii) el abandono del Wallmapu por parte de las empresas forestales, centrales energéticas, empresas pesqueras, mineras e industrias extractivistas que depredan el territorio y; (iv) la desmilitarización de su territorio, que se ha visto agravada en este estado de emergencia por la pandemia, donde ya no sólo está la policía militarizada de Carabineros, sino también el Ejército.

Estas demandas tienen un carácter político, pues todo proceso de colonización y lucha por la autodeterminación es política. No obstante, la exigencia del cumplimiento del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo respecto al cumplimiento de penas con medidas distintas de la prisión, es una obligación adquirida por el Estado de Chile una vez que ratifica este Convenio en el año 2008. Su no aplicación por parte del Estado de Chile, representado por el Gobierno de Sebastián Piñera, y su negativa para reglamentar esta materia es una infracción al derecho internacional. Esta demanda no sólo es justa, sino que totalmente legal y legítima, tal como lo ha declarado el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En específico, el artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT establece que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Tal como lo han planteado en los últimos días reiteradas veces Rodrigo Curipán, vocero de los presos políticos mapuche de Ángol y las lamgenes Giovanna Tabilo y Cristina Romo, voceras del Machi Celestino, esta huelga de hambre podría llegar a su fin si el Gobierno acepta constituir una mesa de negociación de alto nivel, encabezada por el Ministro de Justicia, en la cual negocien la reglamentación del Convenio N° 169 de la OIT para que los presos políticos mapuche puedan cumplir sus penas en sus comunidades.

No obstante, el gobierno actúa como si este fuera un conflicto de orden público que se soluciona con las fuerzas policiales y militares. Víctor Pérez, Ministro del Interior y Seguridad Pública, siguiendo los dichos del Intendente de la Región de La Araucanía ha negado la existencia de los presos mapuche en huelga de hambre como presos políticos. Más aún, en su segundo día como Ministro viajó a la Araucanía para reunirse con los sectores más reaccionarios del latifundio de la región, para brindarles apoyo político en las acciones que adoptaran. Así es como su visita fue antesala de las acciones fascistas y racistas lideradas por la ultraderecha de la zona que terminó con una violenta agresión a los comuneros/as mapuche que se encontraban ocupando los Municipios de Curacautín y Victoria, como con la quema de Traiguén y Ercilla. Y este lunes, recibió a los representantes de los gremios de camioneros, quienes cortaron la ruta 5 sur y anunciaron que de existir alguna nueva quema de camiones levantarán un paro nacional. Esta posición es consistente con el llamado de la Multigremial Nacional, quienes afirmaron que de no solucionar las “acciones terroristas” quedaban en “libertad de acción”. Esta posición corre el cerco a la derecha y cambio, mediáticamente, el foco del conflicto desde la huelga de hambre a los camioneros agredidos por los “terroristas”. Así, con total impunidad, pasan de victimarios a víctimas.

Estos llamados desde la ultraderecha empresarial y latifundista son respaldados por el Gobierno, quienes en este caso no tiene problemas en recibir a racistas y fascistas, demostrando que no defienden el “Estado de Derecho”, sino que son un grupo al servicio de sus intereses de clase que hoy se ven amenazados por el levantamiento del pueblo mapuche y la huelga de hambre de los presos políticos.

Esta situación política beneficia al gobierno. Mostrar una posición dura en contra de los PPM en Huelga de Hambre le permite aglutinar al sector reaccionario de la derecha que se mostraba profundamente crítico con el gobierno de Piñera antes del cambio de gabinete a finales de julio. Para desplegar esta táctica reaccionaria cuentan con los militares y fuerzas policiales, como también con un discurso hegemónico en los medios de comunicación que criminalizan al pueblo mapuche y, en especial, a los PPM en huelga de hambre y a las comunidades que les apoyan. Siguiendo la doctrina de seguridad nacional y la política anti-insurgente colombiana, las autoridades del Estado de Chile – incluyendo a la desplegada durante los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría – han desplegado una táctica de militarización y de guerra de baja intensidad, donde el objetivo es exterminar mediante la muerte y la prisión política a quienes encabecen el proyecto de liberación nacional mapuche y desplieguen acciones de recuperación territorial, priorizando la acción en contra de las autoridades ancestrales y vitales para las comunidades mapuche como lo son los lonkos, machis y werkenes.

Pero toda acción tiene su reacción. La violencia del gobierno y su legitimación de los actos fascistas y racistas ha implicado un refuerzo de la organización del Pueblo-Nación Mapuche que se ha reunido este fin de semana en Curacautín, en un gran Meli Füxaxawün, espacio de conversación y diálogo donde participaron más de 50 comunidades mapuche para adoptar un camino claro de apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, exigiendo su liberación y apostando por identificar al verdadero enemigo del pueblo mapuche: las grandes empresas transnacionales forestales, mineras y energéticas que depredan el territorio y el Estado de Chile que criminaliza a quienes luchan por su liberación.

El sector del pueblo mapuche que hoy protagoniza las acciones de resistencia y de recuperación territorial ha ido desarrollando una acción estratégica cuya centralidad está en el control territorial y la reconstrucción de sus lof ancestrales, recuperando y desarrollando su rakizuam (pensamiento), su espiritualidad y su düngun (lengua), e incluso su propio modo de producción social mapuche conforme al küme mongen (buen vivir sería una traducción que se aproxima a este concepto). Ese es el camino que están desarrollando para lograr su autonomía y su libre determinación como pueblo. Por ello, aun cuando se debe avanzar en Chile hacia un Estado Plurinacional y debe garantizarse la participación de los distintos pueblos originarios de nuestro país en el proceso constituyente en curso, no habrá una “solución” al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche mientras se mantenga una política de colonización y de despojo de sus territorios. Sólo el fin de la ocupación de su territorio y el abandono de los proyectos extractivistas en el Wallmapu abrirá la posibilidad de diálogo honesto entre pueblos, sobre todo, con los sectores del pueblo mapuche que se identifican con un proyecto de liberación nacional.

No obstante lo anterior, estos días serán claves para demostrar las alianzas entre pueblos. El llamado desde las comunidades mapuche en resistencia y desde los familiares de los PPM en huelga de hambre es a intensificar las acciones de apoyo, reconociendo todas las formas de lucha como legítimas en este contexto. Considerando la huelga de hambre seca por parte de ocho PPM, no existe mucho margen de tiempo y lo peor que puede pasar es que muera un PPM en huelga de hambre y nada pase.

Por ello es fundamental la solidaridad entre pueblos, partiendo por el pueblo mestizo chileno, llegando a los distintos pueblos del mundo que se sensibilizan por las luchas en contra de la opresión.

A 100 días de iniciada la Huelga de Hambre: ¡Libertad de todos los presos políticos mapuche!

* Artículo publicado en la edición chilena de Le Monde Diplomatique, del 11 de agosto de 2020

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