Luego del parate general impuesto por el desarrollo de la pandemia generada por el COVID-19, en las últimas semanas los distintos sectores que componen la industria automotriz (producción de autopartes y terminales, mantenimiento, verificación técnica, ventas) comenzaron paulatinamente la vuelta a la actividad, con distintos esquemas y turnos rotativos pero con un mismo común denominador: el ataque al salario y a las condiciones laborales de las y los trabajadores mecánicos.

Durante el mes de abril el Secretario General del SMATA, Ricardo Pignanelli, se encargó de ir cerrando acuerdos a la baja con las distintas cámaras empresarias presentes en la actividad, los cuales suponen incluso peores condiciones que el vergonzoso acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, avalado por el Gobierno Nacional a partir de su homologación por parte del  Ministerio de Trabajo el 29/4 a través de la resolución 397/20, el cual dispuso tomando como marco el Art. 223 bis de la LCT que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por la suspensión de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiera correspondido al trabajador de haber laborado”. El mismo fue prorrogado por 60 días más el pasado viernes 5.

El acuerdo de recorte por suspensiones con AFAC (Autopartistas) fue del 65%, con ADEFA (Terminales automotrices) del 70% del salario bruto, con CCS (Concesionarias del ACA) 70% del haber bruto conformado, con CAVEA (Verificadoras Técnicas) durante abril y mayo el 65% del salario bruto conformado, con ACARA (Concesionarias de venta) una suma equivalente al 25 % del salario neto de abril “complementaria a la ayuda que otorgue el Estado como prestación complementaria en base al art. 8 del DNU 376/2020, y sus normas complementarias, que abone el ANSES”, el cual se renovó para mayo y junio al 75%, pudiéndo ser convocados con 24 de aviso previo.

En todos estos acuerdos se incluye también la rebaja a aquellas trabajadoras y trabajadores que en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y según la Resolución 207/20 del 17/3 se encuentran exceptuados de concurrencia a los lugares de trabajo por integrar los grupos de riesgo según enfermedad, embarazo o edad, debiendo percibir íntegramente su remuneración, así como también a aquellas personas que por tener bajo el cuidado a niños, niñas o adolecentes en edad escolar se encuentren dispensadas, considerándose su ausencia debidamente justificada, vulnerando de esta manera las disposiciones laborales vigentes que lo impiden.

Salvando al capital

La discusión sobre quienes deben pagar los costos de la crisis sanitaria y económica en curso quedó de esta manera saldada.  Además de los recortes salariales,  las empresas que operan en el sector, muchas de ellas multinacionales que han acumulado millones durante años y con espaldas para afrontar contextos adversos, fueron beneficiadas durante mayo con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado a través de la Anses se hizo cargo de una parte del salario, pudiendo cubrir hasta el 50% del neto, con un tope de dos salarios mínimos ($33.750), es decir pagarán de sus bolsillos aún menos salario que el acordado. En el sector de producción, automotrices como Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota. Los grupos económicos concesionarios del negocio de las VTV en AMBA como SGS, AAPLUS, OPUS GROUP lograron además en el caso de CABA y a contramano de las medidas de restricción de circulación aplicadas en la ciudad en las últimas semanas, la reapertura de los talleres de verificación, lo cual solo se explica a partir de la necesidad recaudatoria del gobierno de Larreta.

Una conducción burocrática y adaptada a las necesidades empresariales

La política sindical desarrollada por la conducción del SMATA en el marco de la pandemia se asienta sobre la base de años de construcción de una lógica que tiene dos pilares fundamentales: Por un lado, una fuerte burocratización donde los acuerdos no son discutidos en la base del gremio, donde las decisiones se toman desde la cúpula y llegan ya cocinadas incluso hacia las y los delegados que en muchos casos se enteran antes a través de los medios de comunicación. La falta de democracia sindical se expresa además en la persecución y ataque a todo tipo de accionar sindical o agrupamiento opositor. Por otra parte, una política de conciliación y no confrontación con las patronales. En pos de mantener la “paz social” y el empleo en el sector, se cierran acuerdos a medida de los planes de negocio de las empresas en perjuicio de las y los trabajadores, a partir de acuerdos salariales a la baja, ataques al convenio colectivo como se expresa en la firma de esquemas de suspensiones con recortes en el caso de las automotrices, la tercerización y contratación de trabajadores/as temporarios.  Frente al avance de las empresas y la profundización de la crisis a nivel mundial, más que nunca resulta necesaria la organización desde las bases y en los lugares de trabajo para la construcción de otro tipo de sindicalismo, democrático, participativo, de lucha y con perspectiva feminista.

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