A la pandemia la enfrentamos con la solidaridad y organización de lxs trabajadorxs y el pueblo

La vertiginosa expansión a escala planetaria del Covid19 y la profundidad multidimensional de sus consecuencias, nos permiten avizorar algunos rasgos de su impacto en la vida cotidiana de los pueblos. También proliferan proyecciones e indicios de cómo ya se ve afectada la dinámica que hasta el momento predomina en el desarrollo “normal” de las relaciones sociales, en esta era de dominio y mundialización del sistema capitalista (entendido en su carácter de complejo entramado de múltiples opresiones).

A pesar de estudios que desde hace varios meses alertaban sobre la posibilidad de una pandemia con las características de la actual, cuya gravedad podría significar la muerte de cincuenta a ochenta millones de personas y una caída del 5% del PBI mundial, la aparición del llamado Corona virus parece haber sorprendido a los estados y gobiernos del mundo.

En un mundo, este mundo, en el que dominan las relaciones sociales capitalistas, de una barbarie cada vez más pronunciadas; en un momento del desarrollo de su etapa neoliberal en el que se profundiza una crisis económica, social, ambiental y civilizatoria, cuyo arrastre data desde –por lo menos- la irresuelta crisis mundial originada en 2008; los estados y gobiernos al servicio del capital más concentrado no hacen otra cosa más que –con variantes y matices- tratar de aminorar el impacto de la pandemia sin alterar las condiciones para que los costos sociales, sanitarios y económicos los paguen los pueblos, en particular la clase trabajadora– y en su interior las mujeres y disidencias.

 

El proyecto F

A pesar de los discursos que dicen que la pandemia la enfrentamos entre todes, no debemos olvidar que los decretos, medidas y anuncios son los de un estado y un gobierno que representan los intereses de la clase capitalista. El estado no somos todes, a pesar del mito extendido que las instituciones nos machacan desde que tenemos uso de razón. Por eso las medidas son insuficientes y jamás garantizan el cumplimiento pleno de nuestros derechos. La política estatal desplegada ante esa crisis no es la excepción.

En Argentina, como en la mayoría de los países afectados, se tomaron medidas que en principio recomendaban lo que dieron en llamar el “distanciamiento social” y que luego se tradujeron en el decreto 297/2020 de “aislamiento social preventivo y obligatorio”. En términos prácticos se propagó en velocidad un miedo colectivo rayano al pánico y a un tempo más acelerado que la propagación del mismísimo Covid19, la tendencia al aislamiento social, que vale aclarar no es lo mismo que el distanciamiento.

Altos niveles de miedo y pánico colectivos favorecen el aislamiento y el individualismo que nada tienen de solidaridad, sino que, por el contrario, tienden a ver en la conducta de les otres una creciente peligrosidad, que al calor del machaque mediático e institucional se canaliza en denuncias hacia vecinos y vecinas, y se traduce también en una creciente legitimación de la represión y la intervención estatal de carácter punitivo. Estamos ante la propagación a escala ampliada de un sentido común que legitima y avala la represión policial e institucional, de dimensiones y profundidad mayores que las que desde hace más de veinte años nos aterrorizan mediáticamente en torno a las llamadas olas de inseguridad y de proliferación del delito común.

Este clima social entronca con ideas y reclamos de mayores niveles de represión y presencia policial en las calles, imperantes en sectores de la sociedad de dimensiones nada despreciables y que no hacen más que agravar las consecuencias de su alcance. Ejemplo de esto son los aplausos y felicitaciones que se han visto ante detenciones a transeúntes –focalizadas en trabajadores y trabajadoras y jóvenes pobres- en las calles de las principales ciudades del país y en las barriadas populares. Por supuesto que también hay expresiones de resistencia colectiva ante las cada vez más numerosas muestras de violencia represiva que se multiplican desde la declaración de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional. Sobran los registros en videos y las denuncias que rápidamente se viralizan en las redes sociales.

La cantidad de detenciones (más de 33 mil), demoras y causas abiertas es alarmante y hablan de una política punitiva que tiene sus manifestaciones represivas más graves en las golpizas, detenciones masivas, disparos con balas de goma, represiones a reclamos por mejores condiciones sanitarias en cárceles y centros detención y casos de gatillo fácil que lejos de detenerse parecen pasar desapercibidos.

No tenemos que dejarnos engañar por el foco puesto en los casos más grotescos y criticables de esos chetos –como el surfer o el preparador físico- que encarnan el individualismo extremo de los sectores acomodados. La difusión escandalosa de esos casos y situaciones tiene la intención de instalar que a toda costa hay que reprimir a quienes transiten por las calles. Aun a quienes no les queda otra alternativa, sea por obligación laboral, porque van a comprar artículos considerados esenciales, retirar dinero de un cajero automático, cuidar a un familiar enfermo o están paseando al perro en la cuadra de su casa.

Es necesario denunciar, rechazar y enfrentar colectivamente la represión en las calles de las ciudades y nuestros barrios. Y al hacerlo, dejar bien claro, en todo momento, que la responsabilidad de la represión y las personas heridas y asesinadas es del estado y sus fuerzas de seguridad.

 

Quedate en tu cuartel: fuera milicos de nuestros barrios

En ocasión de esta crisis pandémica la ocupación policial de los territorios se ha profundizado y cuenta con un importante aparato institucional y mediático de legitimación que, como ya señalamos, apunta a reforzar las políticas de represivas y de control social; uno de los pilares de las medidas del gobierno de Fernández.

La decisión de extender la duración de la cuarentena obligatoria tendrá que enfrentar un crecimiento previsible de la conflictividad social, sobre todo en las barriadas empobrecidas y castigadas por décadas de políticas que -lejos de afectar los intereses del capital más concentrados- los han garantizado. Millones de trabajadores y trabajadoras sumidas en la pobreza tendrán que enfrentar una cuarentena –que seguramente se extenderá por más tiempo que el anunciado- en condiciones sanitarias, habitacionales y económicas que se verán agravadas al extremo y pondrán en riesgo miles de vidas.

Con la excusa de una política asistencial miserable nos quieren imponer mayores niveles de militarización sacando las fuerzas armadas a la calle. Un despliegue militar en las calles que no se agota en el objetivo de garantizar la alimentación de los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo. Estamos ante una ocupación militar en ciernes que tiene como finalidad prevenir, neutralizar y reprimir cualquier intento de protesta o reclamo popular ante una cuarentena que amenaza extenderse por varios meses y que traerá dolorosas e injustas consecuencias en las ya graves condiciones de vida del pueblo pobre y trabajador.

 

No damos vuelta la página, ya conocemos esa historia repetida

Lo novedoso en esta situación es el carácter excepcional de la crisis de la pandemia del Covid19. Así como sus consecuencias, cuya profundidad ya están alterando rasgos que hacen a la dinámica conocida de las relaciones sociales capitalistas. Si bien las potencias imperialistas, los países dependientes, y los sectores concentrados del capital financiero que dominan a unas y a otros, buscan la resolución de esta crisis sin salirse de su propia lógica, esto es, descargando el peso de la crisis con más padecimientos en la clase trabajadora y los pueblos; su gravedad y extensión es tal que es posible que se vean forzados a asumir medidas de carácter excepcional y que en el corto plazo afecten sus intereses inmediatos y sus ganancias. Ligado a esto, otro aspecto a considerar es la duración de la crisis y sus consecuencias y coletazos, algunos de los cuales pueden ser de largo plazo.

Uno de los fenómenos observables en las formas que los gobiernos impusieron la cuarentena en los distintos países es el papel que le dieron a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Como en Argentina, con el pretexto de poder garantizar las medidas sanitarias. Con el correr de los meses y ante el empeoramiento de las condiciones de vida y la aparición de conflictos y reclamos, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas juegan un claro rol de control social y represión.

En nuestro país, esto es parte de una historia tristemente conocida: la de la intervención de las fuerzas armadas más allá de defensa ante posibles ataques externos. Que a lo largo de la historia y –una vez constituido el estado nacional- fundamentalmente a partir del siglo XX jugaron un rol en resolución militar de conflictos interburgueses, de modo principal en los diferentes golpes de estado y la instalación de gobiernos de facto. Este tipo de confrontaciones, y al calor de su papel en las políticas contrainsurgentes, fueron forjando su lugar de “partido militar” asumiendo una pretendida “reserva moral de la nación” cuyo objetivo principal fue aniquilar a las fuerzas y procesos insurgentes y garantizar la recomposición del orden burgués. El caso emblemático que marcó a sangre y fuego nuestra historia fue la última dictadura cívico militar y eclesial que derrotó –genocidio mediante- el intento revolucionario de la década del 70. Culminado el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional su desprestigio –acrecentado a raíz de su desempeño en la guerra de Malvinas- le valió un lugar subordinado en la estructura institucional de dominación capitalista que le impide –por ley- asumir tareas de seguridad interior.

Sin embargo, continuaron funcionando sus aparatos de inteligencia con objetivos contrainsurgentes y su entrelazamiento con las estructuras de inteligencia del estado. Muestra de ello es el llamado Proyecto X, una base de datos de inteligencia sobre organizaciones sociales, llevada adelante por Gendarmería a partir de 2002 mediante la infiltración en organizaciones y manifestaciones, y que se diera a conocer en 2012. También es de conocimiento público el papel que Gendarmería tuvo en las represiones a las puebladas y piquetes desde la década del 90, y en menor medida Prefectura, tanto en la Masacre de Avellaneda de 2002 como en la represión de diversos conflictos gremiales durante los gobiernos kirchneristas. O el menos conocido papel del Ejército –junto a fuerzas de seguridad- en el desalojo de terrenos pertenecientes a la Armada en Río Gallegos en octubre de 2013.

En este contexto de crisis excepcional la intervención de las fuerzas armadas busca ser justificada en tareas y funciones de asistencia que han asumido en situaciones de catástrofes naturales.

Bajo el pretexto de la crisis abierta por la pandemia, el gobierno nacional convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires pidieron a las empresas de seguridad privada su colaboración en barrios privados, clubes y lugares de uso comunitario para evitar la circulación y el agrupamiento de personas.

Si bien el gobierno nacional descartó hasta el momento decretar el estado de sitio, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires existe una especie de toque de queda que limita el horario de circulación, y en otros distritos los intendentes decidieron bloquear los accesos. Todo esto sin olvidar la utilización de las redes de videovigilancia para el control de la circulación en las calles, con captura de imágenes que podrán ser puestas a disposición de los fiscales, tal como sucede en la provincia de Córdoba.

En este contexto, los discursos militaristas no se agotan en bravuconadas fascistoides como las de Sergio Berni. Así como tampoco son inocentes las declaraciones presidenciales que buscan reconciliar al pueblo con unas fuerzas armadas que históricamente asumieron el papel de verdugos.

En el marco de la cuarentena estamos ante un aceleramiento del proceso de militarización de la sociedad que expresa un rasgo propio de una sociedad capitalista dependiente como la Argentina que –en el mejor de los casos- no puede ofrecer más que paliativos insuficientes frente al creciente empobrecimiento y precarización del trabajo y de la vida.

La expansión del Covid19 y el temor que desató en la población es la carta jugada por el estado para que de ahora en más –y por mucho tiempo- el control social avance hacia la militarización de la sociedad y la represión a los reclamos de las barriadas populares y de una clase trabajadora que va a luchar para defender sus derechos.

A esta pandemia la tenemos que enfrentar con la solidaridad y la fuerza que sólo pueden desplegar las organizaciones populares y de la clase trabajadora.

No nos cuidan las fuerzas de represión

Fuera las fuerzas armadas de nuestros barrios y ciudades

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