La contundente derrota del oficialismo en las PASO precipitó el recrudecimiento de la crisis económica de forma anticipada. Una masiva huida de capitales especulativos que habían apostado a la reelección derrumbó el valor de las acciones y títulos de deuda argentina, impulsó una nueva megadevaluación, que corre riesgo de espiralizarse hacia una hiperinflación, y aceleró la sangría de reservas internacionales. Acorralado por el fracaso de su modelo económico y sin capital político, el Gobierno anunció el “reperfilamiento” obligatorio de las Letras en pesos y en dólares emitidas por el Tesoro, es decir, un default selectivo para los acreedores institucionales (organismos públicos, bancos y otras empresas). Un paso más en la debacle financiera y una salida que adelanta un nuevo ajuste en las condiciones de vida para la clase trabajadores y los sectores populares financien la fuga.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, fue el encargado de reconocer que los dólares disponibles en las arcas del Estado no alcanzan para pagar los vencimientos de la deuda por cerca de US$190.000 millones que tomó el Gobierno de Mauricio Macri, devolver la parte de los depósitos bancarios en dólares tiene el Banco Central (el 50% de los mismos) a quienes deciden retirarlos y vender divisas para contener la suba del tipo de cambio. Ante esto, que llamó “problema de liquidez”, informó que se postergará el 85% del pago de Letes, Lecap, Lecer y Lelink en manos de personas jurídicas que vencen este año a tres y seis meses. Así, busca liberar al Central para utilice las reservas prioritariamente para enfrentar la corrida cambiaria, o sea, para financiar la fuga de capitales. Además, adelantó que se intentará renegociar los pagos de bonos emitidos bajo leyes locales, en el extranjero y con el Fondo Monetario Internacional, con una extensión de plazos pero sin quita de capital ni intereses.
Pero, sin medidas de control de capitales que frenen el drenaje de divisas del país, el resultado fue una caída récord de las reservas de más de US$12.000 millones durante agosto, que no alcanzó para evitar que el dólar saltara 38% en el mes y cerrara arriba de los $62. Una devaluación convalidada por el Gobierno, pero también por Alberto Fernández y su equipo económico, que acompañó inicialmente al oficialismo en el llamado “consenso dólar a $60”, bajo la pretendida idea de una mejora en la competitividad de la economía argentina.
En la práctica, las decisiones anunciadas por Lacunza confirman, por un lado, la virtual ruptura de lo que quedaba del acuerdo con el FMI, cuyo préstamo tenía como finalidad garantizar el pago de deuda y no enfrentar una corrida cambiaria, abasteciendo la fuga de capitales. Así, la misión del organismo se fue del país sin dar su apoyo a las medidas ni garantizar el próximo desembolso de US$5.400 millones previsto para fines de septiembre, que de no llegar agravaría aún más la tensión financiera.
Por otro lado, ante la evidente debilidad política, reconocida por los propios funcionarios del FMI que no tienen hoy con quién renegociar su caído acuerdo, implica el comienzo de una transición con el futuro Gobierno. Si bien Macri buscará patear hacia delante las negociaciones con los bonistas y hacer co-responsable (a través de la discusión en el Congreso) al peronismo, también le evitará a Fernández el costo de anunciar la reestructuración y la revisión del acuerdo con el Fondo para extender los vencimiento de deuda (sin quita, es decir, “honrando” cada dólar prestado, como adelantaba el propio Frente de Todos) que durante el próximo mandato implicarían US$180.000 millones, un monto imposible para el país.
Es por eso mismo que el FMI ya busca negociar con el próximo Gobierno un nuevo programa, que alargue los plazos de pago pero a costa de imponer el programa del imperialismo, que incluye las reformas neoliberales para flexibilizar el trabajo y rematar el sistema jubilatorio, entre otras, con las que la burguesía busca dar un salto en la correlación de fuerza entre las clases. Las reformas que Macri no pudo aplicar por la resistencia popular. Claro está que el Fondo no se juega una parada más en Argentina ya que, en apoyo al proyecto derechista para la región encarnado por el macrismo, depositó el mayor crédito de su historia (US$57.000 millones), que representa alrededor del 60% de su capacidad prestable.
El costo de la crisis
Lejos de calmar las aguas, las nuevas medidas aceleraron la corrida. Las calificadoras de riesgo S&P y Fitch, que orientan los flujos internacionales de los capitales especulativos, ratificaron el default. Y en una economía totalmente abierta y con un mercado de cambio absolutamente liberalizado, la estampida de grandes fondos de inversión extranjeros y otros más pequeños locales volvió a imponerse con mayores saltos del dólar, pese a las ventas de reservas del Central y el aumento de la tasa de interés arriba del 80%, y una suba del riesgo país cerca de 2.500 puntos.
La crisis llegó a tal punto que, al cierre de esta edición, obligó al Gobierno a arriar una de sus principales banderas. Impuso una restricción light al giro de ganancias al exterior para los bancos. Una tímida primera medida de control de capitales, a la que podrían sumarse otras en las siguientes horas, como un tope mensual a la compra de dólares, aunque sin llegar al punto del llamado “cepo cambiario”.
Entretanto las consecuencias del estallido del modelo económico recrudecen las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares, que hasta julio ya habíamos sufrido el derrumbe del 18% del salario real en tres años y medio (según cálculos del Instituto Estadístico de lxs Trabajadores de la UMET) y el ingreso de alrededor de 4 millones de personas a la pobreza. Sobre esa base, se monta el nuevo ajuste. Los grandes formadores de precios trasladan el costo de la devaluación a los alimentos y otros productos esenciales, y las proyecciones de inflación de las consultoras privadas que siempre se quedan cortas ya rondan el 60% para 2019.
Los paliativos oficiales no son más que una burla: dos cuotas de $2.000 para trabajadores privados y una $5.000 para estatales; una quita del IVA para 24 alimentos, que sólo servirá para que los empresarios ensanchen sus márgenes de ganancia; y un irrisorio aumento del salario mínimo, vital y móvil a $16.800, que apenas llegará cubrir la mitad de una canasta familiar.
Además, la actividad económica, que arrastra ya 15 meses consecutivos de recesión, tendrá una nueva caída. El golpe a los ingresos laborales impactará de lleno en el consumo, que en Argentina explica alrededor del 75% del PBI. Como siempre, la burguesía responderá con cierres y despidos.
Por eso, desde Venceremos-Partido de Trabajadorxs en la corriente de izquierda Poder Popular llamamos a fortalecer todas las iniciativas de movilización y lucha para exigir un plan de medidas de emergencia reales. Para que la crisis no recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora y que paguen los grandes ganadores de la timba financiera y la devaluación. El default es con pueblo. Además, nos preparamos para enfrentar, en unidad con todos los sectores dispuestos a luchar, el paquete de reformas neoliberales que ya está puesto sobre la mesa de negociaciones del default.
