Por María del Carmen Verdú
En el marco de una campaña electoral en la que el oficialismo viene apostando a la demagogia punitivista y el manodurismo extremo como principales ejes hacia su núcleo duro de votantes, el gobierno nacional anunció la creación del “servicio cívico voluntario en valores”, un programa a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina, destinado a «educar y capacitar en oficios a jóvenes entre 16 y 20 años». Patricia Bullrich, vocera favorita de Juntos por el Cambio en la materia, se encargó de explicar el objetivo central, que no es otro que inculcar «disciplina, orden y buenos hábitos a jóvenes no estudian ni trabajan», lo que transparenta el objetivo de adoctrinamiento, muy alejado de los «valores democráticos y republicanos» enunciados en la resolución 598/2019 del ministerio de Seguridad.
El gobierno pretende, con este programa, resolver la situación de miles de jóvenes pobres que sufren la expulsión del sistema educativo, lo que ocurre porque el sistema educativo está en la peor crisis de décadas: Infraestructura insuficiente, cuando no criminalmente peligrosa, como ocurrió en la escuela-bomba de Moreno; sin suficientes vacantes; con recortes presupuestarios hasta en la comida, que llega poca, mala y hasta podrida, y, por supuesto, dificultosamente sostenido por docentes con salarios miserables, que mientras cuentan los pesos para viajar de una escuela a otra, se esfuerzan por contener a esxs pibes y pibas.
Es exclusiva responsabilidad del gobierno que esa escuela híper ajustada no pueda retener buena parte de la juventud empobrecida, obligada prematuramente a salir al mercado laboral, como lo es, también, la desocupación creciente y la precarización extrema, que suben sus índices notablemente a medida que se baja en la pirámide etaria.
O sea, generan el problema, y luego nos traen la «solución»: entregar nuestrxs pibxs a los gendarmes para que los capaciten y «transmitan valores». Una solución dirigida a desclasar,a disciplinar y a producir una juventud que aprenda a obedecer y a respetar la autoridad impuesta. En pocas palabras, una juventud dócil y sometida.
Un poco de historia
Como en tantas otras medidas represivas, el mérito principal de Cambiemos es llevar a extremos inimaginables lo que ya existía. En el caso de Gendarmería, la institución que, para la ministra, «es más valorada que la educación pública», vale recordar que un par de décadas atrás sólo veíamos a sus integrantes en las fronteras, lugar específico de sus funciones, del mismo modo que a los prefectos los encontrábamos sólo en vías de agua navegables. El desplazamiento de esas fuerzas, primero para la represión de la protesta, y luego para lanzarlas al patrullaje urbano, comenzó con Carlos Menem. Poco después del atentado contra la AMIA, gendarmes y prefectos fueron convocados para la custodia de objetivos fijos en la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de no distraer efectivos policiales en esa tarea. Con el surgimiento de los primeros piquetes en rutas nacionales, Gendarmería fue la fuerza elegida para reprimirlos, como en Cutral-Co en 1996, por lo que no sorprendió que tres años más tarde, a una semana de asumir la presidencia, De la Rúa y su ministro Federico Storani les encargaran, con apoyo de Prefectura, el desalojo a sangre y fuego del Puente General Belgrano en Corrientes. Mauro Ojeda (16) y Francisco Escobar (19), cayeron fusilados esa madrugada. En el período 1999/2002 es interminable la lista de represiones protagonizadas por gendarmes, y en menor medida (pero siempre con contundencia), prefectos.
El 21 de mayo de 2002, durante el interregno duhaldiano -y casi en las vísperas del 26 de junio- el diario La Nación anunció que gendarmes y prefectos “realizan operativos de control conjuntos con las distintas jefaturas departamentales de policía con jurisdicción en el primer cordón del Gran Buenos Aires”, y en los mismos días irrumpieron en el control de los puentes y accesos entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y empezaron a aparecer patrullando zonas urbanas, sin dejar por ello de reprimir conflictos sociales, como lo sufrió el pueblo de Las Heras en febrero de 2006, cuando la huelga de petroleros, o las recordadas acciones de los Albatros, el grupo de élite de la Prefectura Naval, contra lxs trabajadores de tierra del puerto de Mar del Plata en 2007 y lxs del Casino Flotante en 2008, hechos estos tres ya bajo la gestión kirchnerista.
Pero fue desde 2010 que la presencia de los «verdes» y los «té con leche» se hizo cotidiana en las calles, especialmente en las zonas más populares de las grandes ciudades, a partir de la implementación del «plan nacional de seguridad», que creó el Operativo Centinela con más de 7.000 efectivos de Gendarmería en el conurbano bonaerense, con especial énfasis en «las zonas más peligrosas», es decir, asentamientos, villas y barrios obreros.
Enseguida se hizo evidente la primera y más brutal consecuencia de esas políticas de saturación: en muy poco tiempo, la presencia de gendarmes y prefectos en tareas de «prevención» multiplicaron los casos de gatillo fácil que los involucraban. Como lo hace Patricia Bullrich ahora, el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad, fue el encargado de fustigar al mensajero de esas noticias, acusando a CORREPI de mentir en su informe anual.
Al Operativo Centinela le siguieron, en cascada, los «Escudos» y «Cinturones», norte y sur, replicados en otras provincias, como Santa Fe, Córdoba y las patagónicas, mientras se hizo costumbre ver a los gendarmes cargando contra trabajadorxs de fábricas en conflicto en la Panamericana, lo que, de rebote, a partir del error de un gendarme citado a prestar declaración testimonial en una de esas causas, permitió descubrir la tercera faceta de la fuerza, el espionaje y la infiltración, con el Proyecto X.
Finalmente, durante el gobierno macrista, Gendarmería se consolidó como la fuerza favorita para toda ocasión, desde disparar contra niñxs de seis o siete años que ensayaban con una murga hasta desaparecer a Santiago y reprimir manifestantes, como el 14 de diciembre de 2017. Unificado el mando con las demás fuerzas federales en el «comando único», y en coordinación creciente con los uniformes locales, nos provee de los mejores ejemplos de la intensidad que ha cobrado el despliegue represivo del gobierno de Cambiemos, que pone en evidencia su emblemática decisión política: gobernar para los amigos del mercado, para los terratenientes y los grupos financieros afines, lo que requiere de un diseño represivo ilimitado.
No son educadores, son represores.
Aunque muchos otros hechos quedan fuera de muy prieta historia, para muestra basta un botón.
Defendamos a nuestrxs jóvenes de este intento disciplinador, celebremos y ayudemos a desarrollar su espíritu crítico, su inconformismo y su rebeldía. Lxs queremos con viseras, no con gorras, en el camino de la lucha organizada del pueblo trabajador, para que sean protagonistas de su futuro.
